POR PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN*
El presidente electo Donald Trump confirmó el lunes 18 de noviembre que tiene la intención de declarar una emergencia nacional y utilizar al ejército estadounidense de alguna manera para ayudar en sus planes de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Con este anuncio continúa su tono amenazante que caracterizó su campaña.
Uno de los principales temas de la propaganda de la campaña utilizados no solo por Donald Trump sino también por Kamala Harris, de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, fueron las amenazas contra los refugiados y las personas que, en búsqueda de trabajo, ingresan por la frontera sur de Estados Unidos con México. El Estado alimenta el temor con campañas de odio, acusa a los extranjeros de quitar el trabajo, los criminaliza y siembra toda clase de divisiones racistas. Durante años ha procurado un clima que le permita profundizar su intervencionismo y hasta una posible invasión de México con el pretexto de luchar contra criminales, que se empeña en calificar de “terroristas”.
El momento es peligroso dado que nuestro vecino sufre de tales contradicciones que enfrenta una brutal división interna entre los intereses de las grandes facciones que se disputan el poder, solo buscan favorecer los intereses privados de las grandes corporaciones y es tal la pugna entre ellos, que se puede vislumbrar una guerra civil soterrada. El periódico Los Angeles Times menciona que una encuesta de la firma Marist reveló en mayo, que el 47% de los estadounidenses cree que habrá una guerra civil en Estados Unidos durante su vida. Históricamente, ante una situación así, la forma evadir disputas internas y de lograr la unión entre las fuerzas armadas y sus altos mandos, ha sido desatar una guerra contra otro país, además, con campañas de difamación, informan a la población de lo necesario y urgente de esa medida agresiva. Fue la forma que utilizaron en 1846-1848 para prevenir una guerra civil, desatando la invasión contra México para arrancarle más de la mitad de su territorio. Así lograron superar temporalmente su inminente ruptura interna que estalló de todas formas durante la guerra civil de 1861 a 1865.
Quieren justificar las políticas racistas y xenófobas culpando a otros pueblos del problema de la migración y de la drogadicción, cuando ellos lo han generado. Las políticas neocoloniales de Estados Unidos, que han impuesto sobre los países de América Latina y el Caribe, el permanente saqueo de sus riquezas además de la explotación de las y los trabajadores y de la madre naturaleza son las que provocan migración. La violencia que propician desde Estados Unidos, armando y enfrentando grupos criminales en otros países y promoviendo adicciones en la juventud, ha generado una ola de millones de migrantes que quieren escapar de su situación. Los ataques, represiones y la violencia interna que desatan en contra de los pueblos que buscan su soberanía, como sucedió en Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina, Nicaragua en los setentas, en Guatemala y Honduras, en El Salvador en los años ochenta, el bloqueo de más de 60 años más la inclusión de Cuba en los países que supuestamente “respaldan al terrorismo”, las injustas sanciones contra Cuba y Venezuela también han generado enorme migración. Y una de las vías de acceso al territorio de nuestro vecino del norte es desde la frontera mexicana. Las políticas neoliberales que promovió el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de la mano con las oligarquías proyanquis y sus gobiernos aliados a Washington, han fortalecido la ola migratoria.
Al sistema económico imperialista y neocolonialista de EU, le conviene contar con decenas de millones de trabajadores sin papeles laborando en su país, porque eso los convierte en esclavos modernos, sin derechos y con salarios muy bajos. Eso les ayuda a deprimir los salarios de la clase obrera estadounidense. De hecho, su sistema económico actual se sostiene gracias el trabajo de estas decenas de millones de trabajadores con o sin papeles.
Toda la violencia está patrocinada por Washington, pues su industria bélica y el tráfico de droga son sus actividades más lucrativas. En un discurso televisado del 17 de enero de 1961, el general y presidente de Estados Unidos, Eisenhower, advirtió ante los estadounidenses del enorme peligro que significaba el “complejo militar-industrial” conformado por las Fuerzas Armadas y los fabricantes de armamentos y alertó sobre su creciente injerencia en el manejo de las políticas públicas del país. Su enorme aparato militar no se sostendría sin sus incesantes guerras y sin los ejércitos paramilitares que mantienen en todas partes alimentando conflictos.
En Estados Unidos, tanto los gobiernos demócratas como los republicanos buscan el dominio mundial por métodos violentos, promoviendo guerra y destrucción. Fue el gobierno del demócrata Truman quien lanzó dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagazaki que causaron más de 200 mil muertos inocentes en Japón. El demócrata Johnson escaló la guerra de Vietnam que causó de dos a tres millones de muertos y donde usó todo tipo de armas incluyendo el napalm. De entre los republicanos, Nixon continuó la guerra de invasión contra Vietnam, Bush padre y Bush hijo iniciaron nuevas guerras e invasiones como la de Irak y Afganistán o continuaron las que ya habían desatado gobiernos previos. Obama gobernó 8 años de guerra: Afganistán, Irak, Siria y atacó Libia, Pakistán, Somalia y Yemen. Biden provocó, apoyó y financió la guerra Ucrania-Rusia y el genocidio de los sionistas en el Medio Oriente.
Tanto en Estados Unidos como en México, algunos presentaron a Kamala Harris como “progresista” y menos peligrosa que Donald Trump, quien por cierto no inició una nueva guerra en su período 2017-2021, aunque redobló el bloqueo contra Cuba, la interferencia en Venezuela y las amenazas contra México. Esas ilusiones en gobiernos demócratas no tienen base alguna, y nadie se ilusiona tampoco con los gobiernos republicanos.
Joe Biden, en sus primeros tres años, deportó alrededor de 231 mil personas, mientras que repatrió, en el año fiscal 2024, a más de 700 000 migrantes, la cifra más alta registrada desde 2010, con lo que la administración del presidente Biden se apunta un récord en la expulsión de extranjeros, mayor a la registrada por el gobierno de Donald Trump.
La construcción del muro en la frontera sur, con México, se inició en 1994, en el gobierno de Bill Clinton, bajo el programa de lucha contra la inmigración ilegal conocido como Operación Guardián, a cargo de la fiscal general Janet Reno. Por cierto, Obama, siendo senador, votó por la construcción del muro y durante su gobierno hubo más deportaciones que en el gobierno de Trump.
La administración de Barack Obama (2009 – 2017), expulsó de su país a dos millones 858 mil 980 personas. Así, Obama fue conocido como el “Deportador en Jefe” debido a las altas tasas de deportaciones en sus primeros años de gobierno. Por su parte, las políticas de la administración de Donald Trump (2017 – 2021) incluyeron la separación de familias y la implementación de restricciones en asilos, la ampliación de la Patrulla Fronteriza y la reducción de las exenciones para algunos grupos vulnerables. Aproximadamente 2.4 millones de personas fueron deportadas en este periodo.
La política de Washington frente a México ha sido consistente durante las últimas décadas, en una primera fase promovieron el endeudamiento con los gobiernos de López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo, disparándose la deuda externa de México de 1,725 millones de dólares en 1964 a 85,000 millones de dólares en 1982. Entonces, sometidos al dictado del Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, los gobiernos priistas de México comenzaron a aplicar toda medida que le interesara a Estados Unidos, para someternos se abrió paso al neoliberalismo que impulsó el neocolonialismo.
Comenzó la apertura comercial que culminaría con la firma del Tratado de Libre Comercio llevándonos a la integración económica y a la pérdida de nuestra soberanía alimentaria, energética e industrial. Cada gobierno de EU, fuese republicano o demócrata impulsó este proceso. Esa integración subordinada incluye el muro de la muerte (muro fronterizo) que no es más que una forma de apartheid de facto que, por un lado, impide el libre tránsito de personas, y por el otro, establece la infraestructura para el saqueo y los “corredores de transporte intermodales”, usando nuestro territorio como su vía de paso para que circulen rápidamente nuestras riquezas hacia Estados Unidos y las mercancías estadunidenses hacia Europa y Asia, planeado también como un traspatio de maniobras militares para sus guerras por la hegemonía mundial . Y de hecho, en los últimos 15 años, ya han practicado maniobras navales y terrestres en nuestro propio territorio mexicano. Esto es muy peligroso de cara a los enfrentamientos que tiene EU con Rusia y China, en los que nos quieren involucrar.
El siguiente paso en el año 2000, fue la implantación del sistema bipartidista en México con la alternancia PRI-PAN, a semejanza del sistema estadounidense; luego vino el paso más peligroso para nuestra soberanía con el inicio de la integración militar, a partir de que Vicente Fox firmó en 2005 la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, ASPAN, y nos integró al Comando Norte de EU.
Después, Calderón firmó la Iniciativa Mérida o Plan México en 2008 y aprobó la injerencia en nuestro territorio de fuerzas armadas y agencias de Estados Unidos, además de proyectos para la integración territorial a través de puertos y ferrocarriles. El proceso que iniciaron los gobiernos del PRI y del PAN fue el del sometimiento total de nuestra soberanía. Con los gobiernos de la actual oposición, los neocolonialistas yanquis tenían puertas y ventanas para su injerencia en México. Los gobiernos de Morena han frenado relativamente ese proceso que ya estaba en curso y forma parte de los planes estratégicos de Estados Unidos para el total dominio de México. Ahora hace falta revertir total y contundentemente ese proceso antinacional.
La única y mejor manera de enfrentar al gobierno de Donald Trump y a cualquier otro gobierno de Washington, es el fortalecimiento, sin concesiones, de nuestra soberanía nacional y popular. Es fundamental desarrollar plenamente la soberanía, lo que incluye la soberanía política, económica, cultural y militar de México. Soberanía alimentaria, energética y en salud, sin dependencia del extranjero que provoca adicciones, violencia y guerra. Tenemos que negarnos a la integración de México a los Estados Unidos de las corporaciones norteamericanas y oponernos al genocidio que apoya Washington, a los planes de guerra de EU y la OTAN. A nivel internacional hay que defender la soberanía de los pueblos que enfrentan a las potencias y al neocolonialismo. Solo la soberanía popular garantizará la soberanía nacional.
Para fortalecer la soberanía económica es necesario: suspender pagos de la deuda pública, auditarla y renegociarla para reducir la carga financiera sobre nuestras espaldas; aumentar impuestos a las corporaciones que son las que más ganan y gravar a las grandes fortunas, así se contará con dinero y con fondos destinados al empleo, mujeres, jóvenes, salud, producción de vacunas, medicina tradicional, alimentos, litio y su industria, para el sector estatal y para fomentar la producción nacional y de pequeños productores e invertir en cada comunidad para que la gente no tenga que recurrir a la migración. Además, con dichos recursos se puede combatir a la base que sostiene a los grupos criminales y financiar planes de seguridad y defensa de México.
¡Frente a las políticas de Donald Trump … luchemos por la soberanía!
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| Autor:
PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN *Politólogo, Doctor en Estudios Urbanos y catedrático |
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