Palacio Nacional | 21 de octubre de 2024 | Conferencia Matutina
La presidenta abrió la conferencia manifestando su pesar por el reciente asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, ocurrido en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Aseguró que su gobierno está coordinando esfuerzos con las autoridades locales y eclesiásticas para garantizar que el crimen no quede impune. Con esta declaración, reafirmó su compromiso de justicia para las víctimas de violencia en el país.
Avances en los Programas de Bienestar
Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, informó sobre los avances del Programa de Pensión Mujeres Bienestar, que otorga una pensión a mujeres de 63 y 64 años. Según Montiel, hasta el 20 de octubre, se habían registrado casi 705 mil mujeres, lo que representa el 65 % de la meta proyectada. Montiel destacó que se espera alcanzar el objetivo antes del tiempo previsto, gracias a los más de 2,600 módulos de registro habilitados en todo el país.
Además, Montiel presentó los avances del programa Salud Casa por Casa, que busca atender a adultos mayores y personas con discapacidad mediante visitas domiciliarias. A la fecha, se han visitado 569 mil viviendas y se ha iniciado el proceso de contratación de personal médico y de enfermería que realizará estas visitas de forma regular a partir de 2025. Este programa, enfocado en brindar atención personalizada, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables a través de un seguimiento continuo de su estado de salud.
Eliminación de productos chatarra en escuelas
Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, tomó la palabra para hablar sobre una de las iniciativas más esperadas por el público: la estrategia para eliminar los productos chatarra en las escuelas. Delgado explicó que a partir del 29 de marzo de 2025 entrará en vigor el acuerdo que establece la prohibición de la venta de alimentos ultraprocesados en los planteles educativos, desde nivel básico hasta superior. Este acuerdo, firmado el pasado 30 de septiembre en conjunto con la Secretaría de Salud, busca combatir la obesidad infantil y fomentar hábitos de alimentación saludable en los estudiantes.
El secretario subrayó que el problema de obesidad y sobrepeso en México es alarmante. Citó cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que revelan que más de 10 millones de estudiantes entre 5 y 19 años padecen obesidad o sobrepeso, una situación agravada por el alto consumo de alimentos ricos en azúcares y grasas, como los refrescos y los productos procesados. Además, indicó que siete de cada diez escolares son inactivos físicamente, lo que contribuye aún más a los problemas de salud.
El acuerdo establece que ningún producto que contenga los sellos de advertencia de la Norma 051, que indican alto contenido de azúcares, grasas o sodio, podrá ser vendido dentro de las escuelas. Delgado enfatizó que el objetivo es que los niños no tengan acceso a este tipo de alimentos en su entorno escolar y que, en su lugar, se les ofrezca agua potable y opciones de alimentos saludables. La estrategia también incluye la capacitación de los responsables de las cooperativas escolares para que puedan ofrecer productos más nutritivos, así como campañas de concienciación dirigidas a maestros, padres de familia y estudiantes.
Becas y programas educativos
Otro de los puntos tratados por Mario Delgado fue el avance en la implementación de la beca “Rita Cetina”, destinada a estudiantes de secundaria. Hasta la fecha, se han realizado asambleas en 7 mil escuelas secundarias de las 35 mil que forman parte del sistema educativo nacional. La beca, que ofrece un apoyo de 1,900 pesos por familia más 700 pesos adicionales por cada niño en edad escolar, abrirá su registro en línea el 11 de noviembre y se espera que los apoyos comiencen a distribuirse a partir de 2025.
Asimismo, el secretario destacó que la promoción de estilos de vida saludables va más allá de la alimentación, y mencionó que se está trabajando en una ampliación del horario escolar para fomentar la práctica deportiva y las actividades artísticas. Esto, según Delgado, forma parte de una visión integral que busca mejorar la salud física y emocional de los estudiantes.
Reforma al Poder Judicial
En el último segmento de la conferencia, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, retomó el tema de la reciente reforma constitucional al Poder Judicial. La funcionaria recalcó que esta reforma tiene como objetivo acabar con la corrupción y garantizar un sistema judicial más transparente y accesible para todos los mexicanos. La secretaria señaló que, aunque ha habido resistencia por parte de algunos sectores del Poder Judicial, el gobierno está comprometido a seguir adelante con los cambios necesarios para mejorar el sistema de justicia en el país. Y denunció los excesos cometidos por el Poder Judicial de la Federación y su impacto negativo en la implementación de leyes y políticas diseñadas para beneficiar a la sociedad mexicana. Con su discurso, Rodríguez puso de manifiesto una serie de preocupaciones sobre el sistema judicial que han sido motivo de debate a lo largo de los últimos años, destacando que algunos jueces y magistrados han frenado, mediante resoluciones y amparos, proyectos de gran relevancia para el país.
Uno de los aspectos más alarmantes que destacó fue el retraso en la emisión de sentencias, lo que ha afectado gravemente a miles de personas, particularmente a quienes se encuentran privadas de su libertad sin haber recibido una resolución judicial. De acuerdo con Rodríguez, existen 21 mil personas en los centros federales, de las cuales más del 28 por ciento, es decir, aproximadamente seis mil individuos, no han recibido una sentencia. Este problema es especialmente agudo en el Centro Femenil de Morelos, donde más de 400 mujeres han esperado entre uno y 17 años para obtener una resolución judicial, lo que refleja un sistema judicial profundamente ineficiente.
A lo largo de su intervención, la Secretaria de Gobernación no sólo abordó la crisis en la administración de justicia, sino que también denunció cómo el Poder Judicial ha obstaculizado la implementación de leyes y reformas clave mediante el uso de amparos. Estos amparos, argumentó, han frenado el avance de proyectos que beneficiarían a amplios sectores de la población, como la Ley de la Industria Eléctrica y la Guardia Nacional. A modo de ejemplo, señaló que la Ley de la Industria Eléctrica ha sido objeto de 161 suspensiones de amparo, mientras que la extinción de fideicomisos del Poder Judicial ha generado 717 suspensiones. Estos actos, según Rodríguez Velázquez, han sido utilizados para proteger intereses particulares a expensas del bienestar público, invadiendo la competencia de poderes y generando un estado de parálisis que afecta el progreso de políticas fundamentales para el desarrollo nacional.
Uno de los temas más controvertidos abordados por la Secretaria fue la presunta injerencia del Poder Judicial en asuntos electorales. Según sus declaraciones, este poder ha buscado intervenir en la política electoral de manera indebida, mencionando un episodio en diciembre de 2023 cuando la ministra Norma Piña, en una cena privada con actores políticos, habría facilitado la intervención judicial en cuestiones de carácter electoral. Además, Rodríguez denunció procesos irregulares en la selección de jueces y magistrados, señalando que estos han sido frecuentemente viciados por la corrupción, la venta de exámenes y el nepotismo. De acuerdo con la información proporcionada, el 49 por ciento del personal del Poder Judicial tiene al menos un familiar trabajando en esta institución, una situación que, según la Secretaria, debilita la credibilidad de esta rama del gobierno.
El tema de los salarios y prestaciones de los miembros del Poder Judicial también fue objeto de crítica. Rodríguez Velázquez hizo hincapié en que algunos de los sueldos y beneficios que reciben los ministros de la Suprema Corte están muy por encima de lo permitido por la Constitución, la cual establece que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República. Sin embargo, los ministros perciben salarios de hasta 792 mil 256 pesos mensuales, que incluyen sueldos base, compensaciones, seguros de vida y gastos médicos mayores, entre otros privilegios. Este hecho ha generado una creciente inconformidad entre diversos sectores de la sociedad, que ven en estos beneficios un símbolo de la desconexión del Poder Judicial con las necesidades del pueblo mexicano.
El paro judicial, que tuvo lugar entre agosto y septiembre de 2024, también fue un punto de discusión relevante. Durante este periodo, se cancelaron más de 12 mil audiencias, afectando de manera crítica el acceso a la justicia. A pesar de estar en paro, los trabajadores del Poder Judicial continuaron recibiendo su salario, lo que, según la Secretaria, pone en evidencia una falta de responsabilidad y compromiso con la impartición de justicia. Además, Rodríguez mencionó varios casos de jueces que han liberado a criminales peligrosos en circunstancias sospechosas, como fines de semana o mediante amparos dudosos, lo que refuerza la percepción de que el sistema judicial está profundamente corrompido.
Finalmente, la Secretaria de Gobernación destacó la importancia de las recientes reformas constitucionales al Poder Judicial, aprobadas en septiembre de 2024, las cuales buscan, entre otras cosas, que los jueces y magistrados sean elegidos por el pueblo de México. Estas reformas, resultado de un proceso democrático amplio y participativo, representan un esfuerzo por restaurar la confianza en el sistema judicial y garantizar que este poder esté verdaderamente al servicio de la nación. Rodríguez Velázquez cerró su intervención reafirmando que estas reformas cumplen con todos los requisitos legales y constitucionales, y que la resistencia del Poder Judicial, mediante amparos y suspensiones, es un acto que va en contra de la soberanía popular.
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| Redacción
Voces del Periodista Club de Periodistas de México A.C. | Por la Libertad de Expresión desde 1952 |
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