Conferencia de Prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 10 de Octubre de 2024

La sesión se centró en dos incidentes recientes: un accidente en la refinería Deer Park, en Texas, y la situación ambiental en Calica, Playa del Carmen, además de otras políticas gubernamentales.

Y en el tema del momento, la reforma judicial en México, que representa uno de los cambios más significativos en la estructura del sistema de justicia del país en décadas. Mientras que los críticos, encabezados por la Asociación de Magistrados y Jueces, ven en esta reforma una amenaza a la independencia judicial, Sheinbaum y sus aliados argumentan que es una medida necesaria para combatir la corrupción y democratizar el acceso a la justicia.

Este debate pone de relieve las tensiones entre quienes defienden el statu quo del Poder Judicial y aquellos que buscan transformar su funcionamiento desde sus cimientos. Aunque la reforma cuenta con un sólido respaldo constitucional, el camino hacia su implementación no será fácil, ya que enfrenta la resistencia de poderosos actores dentro del sistema judicial. Sin embargo, como ha afirmado la presidenta, la reforma judicial avanza con el apoyo del pueblo, y será el tiempo el que determine si estos cambios logran mejorar la administración de justicia en México.

Para entender el contexto, es importante señalar que el debate gira en torno a la reforma judicial en México. Esta reforma ha sido objeto de controversia, sobre todo tras la decisión del Consejo de la Judicatura Federal de entregar la lista de vacantes al Senado para la próxima convocatoria a la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Esta medida ha provocado un fuerte rechazo por parte de la Asociación de Magistrados y Jueces, quienes la consideran una amenaza a la división de poderes y un factor que podría desencadenar una crisis constitucional. A continuación, abordaremos los puntos claves de la respuesta de la presidenta y las implicaciones de esta reforma en el contexto político y judicial mexicano.

Accidente en la refinería Deer Park

El primero de los temas expuestos fue el accidente en la refinería de Deer Park, una instalación propiedad de Pemex en colaboración con Shell, ubicada en Texas. Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue el encargado de brindar detalles sobre el incidente. Según su reporte, el accidente fue causado por una fuga de gas sulfhídrico (H₂S), altamente tóxico. A consecuencia de este evento, se reportaron 35 personas afectadas, de las cuales 13 fueron trasladadas al hospital, aunque su estado de salud se encontraba estable. Lamentablemente, dos trabajadores perdieron la vida debido a la exposición directa al gas, cuyos cuerpos fueron recuperados durante la madrugada.

Rodríguez Padilla explicó que el personal afectado no pertenecía a Pemex, sino a empresas contratistas externas, y subrayó que Pemex estaba proporcionando apoyo a las familias de las víctimas. Además, aclaró que la planta había reducido su operación tras el accidente, mientras se llevaban a cabo investigaciones para determinar las causas del siniestro. Se espera que las actividades normales de la refinería se reanuden en breve, ya que el accidente no comprometió gravemente las operaciones de la instalación.

Política ambiental y la situación en Calica

Otro tema central fue la situación de Calizas Industriales del Carmen (Calica), una empresa filial de la compañía estadounidense Vulcan Materials, que ha sido acusada de causar un grave daño ambiental en la región de Playa del Carmen, Quintana Roo. Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, explicó que la empresa ha extraído ilegalmente roca caliza en más de 1,200 hectáreas, afectando de manera irreversible el ecosistema local. Bárcena destacó que la explotación de esta roca había alcanzado niveles alarmantes, incluso perforando debajo del manto freático y causando la destrucción de varios cenotes, ecosistemas vitales en la región.

La presidenta Sheinbaum y su equipo recalcaron que el gobierno mexicano había tomado medidas enérgicas para detener las actividades de extracción de la empresa. Esto incluyó la creación de un área natural protegida en la zona, que abarca 50,000 hectáreas y que tiene como objetivo la restauración del ecosistema. Bárcena añadió que, aunque el gobierno no ha expropiado los terrenos de la empresa, sí ha prohibido la extracción de más piedra caliza, enfatizando que Calica deberá ahora centrarse en la restauración ambiental de las áreas que ha degradado.

Bárcena también explicó que esta decisión está alineada con el compromiso de México de cumplir con el objetivo “30-30-30”, que implica proteger el 30% del territorio terrestre y el 30% del territorio marino para 2030. Durante la conferencia, Bárcena presentó un mapa que detallaba las áreas naturales protegidas del país, resaltando que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se habían protegido 50 nuevas áreas, sumando un total de 99 millones de hectáreas conservadas.

12 de octubre y la disculpa a los pueblos originarios

Durante la conferencia, la presidenta Sheinbaum también hizo un llamado al gobierno de España para que inicie un proceso de disculpa pública hacia los pueblos originarios de México por los agravios históricos cometidos durante la conquista. Para conmemorar el 12 de octubre, Día de la Hispanidad en España, la presidenta anunció que se exhibiría un video con ejemplos de disculpas públicas ofrecidas por líderes de otros países, como una manera de fomentar el diálogo sobre la justicia histórica.

Sheinbaum argumentó que el término “Día de la Raza”, como se solía denominar en muchos países latinoamericanos, era incorrecto, pues no existen razas entre los seres humanos desde una perspectiva científica. En cambio, abogó por reconocer la importancia de la reconciliación y el respeto hacia los pueblos originarios. Esta postura forma parte de la agenda de derechos humanos y justicia social que ha caracterizado a su administración.

Ofrecer disculpas: un paso esencial hacia la reconciliación histórica

En el panorama internacional, cada vez más gobiernos han reconocido la importancia de disculparse por crímenes cometidos en el pasado. Estas disculpas, aunque simbólicas, buscan ofrecer un paso hacia la reconciliación entre naciones y pueblos, sanando heridas históricas profundas. Los crímenes de lesa humanidad, que representan violaciones graves a los derechos humanos, han dejado cicatrices que requieren no solo de justicia y reparación, sino también de un reconocimiento público del daño causado. Este acto de admitir errores permite a las naciones avanzar hacia un futuro más justo y solidario.

El concepto de disculpas públicas por crímenes históricos se ha convertido en una herramienta de diplomacia y reconciliación. Estas acciones no solo validan el sufrimiento de las víctimas, sino que también subrayan el compromiso de los Estados por aprender del pasado y evitar la repetición de estos horrores. Reconocer el daño y el dolor que se infligió a otras naciones o grupos sociales enriquece la memoria colectiva y fortalece los lazos internacionales, uniendo a las sociedades en un esfuerzo común por superar los capítulos más oscuros de la historia.

Ejemplos internacionales de disculpas históricas

A lo largo de las últimas décadas, varias naciones han emitido disculpas públicas por atrocidades cometidas en diferentes momentos históricos. Uno de los primeros ejemplos de esta tendencia se remonta a la década de 1990, cuando Japón ofreció disculpas a Corea y China por los abusos perpetrados durante la Segunda Guerra Mundial. Estos gestos fueron recibidos con respuestas mixtas; sin embargo, simbolizan un reconocimiento importante de las acciones pasadas y representan un esfuerzo por sanar las relaciones bilaterales.

Alemania, por su parte, se ha enfrentado a uno de los legados más oscuros de la historia moderna: el Holocausto. En el año 2000, el entonces presidente alemán Johannes Rau pidió perdón ante el Parlamento de Israel por los crímenes cometidos por el régimen nazi. Esta disculpa, aunque tardía, fue vista como un paso esencial en la relación entre Alemania e Israel y una muestra de arrepentimiento por uno de los peores genocidios de la humanidad.

En 2008, Italia se disculpó ante Libia por los crímenes cometidos durante su colonización, comprometiéndose a pagar cinco mil millones de dólares en compensación. Este acto no solo reconoció las atrocidades del pasado, sino que también inició un proceso de reparación económica, algo que muchos países aún consideran necesario para que las disculpas sean realmente efectivas.

Otros ejemplos incluyen la disculpa de Estados Unidos en 2010 por haber infectado deliberadamente a cientos de guatemaltecos con enfermedades venéreas durante experimentos médicos en la década de 1940. Países Bajos también reconoció en 2013 su responsabilidad en las ejecuciones sumarias de ciudadanos indonesios durante la década de 1940, y en 2020, el rey Felipe de Bélgica expresó su profundo pesar por la violencia ejercida en el Congo durante la colonización belga.

El papel de México en la reparación histórica

México no ha sido ajeno a la importancia de disculparse por los agravios cometidos en el pasado. En años recientes, el gobierno mexicano ha emitido disculpas públicas hacia varios grupos afectados por la violencia y la discriminación a lo largo de su historia. En 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa formal al pueblo maya por los abusos cometidos durante la guerra de castas. En 2021, el gobierno también se disculpó con el pueblo yaqui, reconociendo los años de represión y genocidio que sufrieron a manos del Estado mexicano.

Otro episodio oscuro en la historia de México fue la persecución de la comunidad china durante la Revolución Mexicana. En ese contexto, miles de chinos fueron asesinados o expulsados del país, en un acto de racismo y xenofobia que dejó una huella imborrable. En 2020, el gobierno mexicano emitió una disculpa formal a la comunidad china, reconociendo la violencia y discriminación que sufrieron en esos años.

Estas disculpas son un reflejo del esfuerzo del Estado mexicano por reconciliarse con su historia y reparar las injusticias cometidas contra pueblos originarios y comunidades marginadas. A través de estos actos simbólicos, México busca fortalecer su identidad multicultural y reafirmar su compromiso con los derechos humanos.

Disculpas y su impacto en la justicia social

El reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad no solo tiene implicaciones diplomáticas, sino también sociales. Cuando un gobierno ofrece disculpas por crímenes del pasado, está enviando un mensaje poderoso a su propia población: que las injusticias no deben ser ignoradas ni olvidadas, y que es posible construir una sociedad más justa y equitativa si se enfrentan los errores históricos.

El impacto de las disculpas en la sociedad también se refleja en la percepción que tienen las nuevas generaciones sobre su historia. Al admitir los errores del pasado, los Estados educan a sus ciudadanos sobre la importancia de los derechos humanos y la necesidad de protegerlos. Además, fortalecen el sentido de responsabilidad colectiva, recordando a la población que las acciones de un Estado tienen consecuencias a largo plazo y que es deber de todos prevenir futuras violaciones a los derechos humanos.

Un ejemplo reciente de este enfoque es la disculpa emitida por el Reino Unido en 2020 por los abusos cometidos durante la rebelión de los Mau Mau en Kenia, que resultó en la muerte de más de 11 mil personas. Esta disculpa no solo fue un reconocimiento del dolor infligido a las víctimas, sino también un recordatorio de la necesidad de accountability en el contexto de la descolonización.

Los desafíos pendientes

Si bien las disculpas son un paso importante hacia la reconciliación, no siempre son suficientes para sanar las heridas del pasado. En muchos casos, las víctimas y sus descendientes exigen reparaciones tangibles y acciones concretas por parte de los gobiernos. La simple emisión de una disculpa no puede revertir los daños causados por años de violencia, genocidio o explotación. Para que estas disculpas sean verdaderamente efectivas, deben ir acompañadas de un compromiso real de los Estados para implementar políticas de justicia y reparación.

Además, las disculpas también deben ser un punto de partida para el diálogo. En lugar de verlas como un cierre de capítulo, los Estados deben utilizarlas como una oportunidad para abrir canales de conversación sobre el pasado, aprender de él y construir un futuro más inclusivo y equitativo.

La transición hacia la electromovilidad en México es una de las apuestas más ambiciosas de la administración encabezada por Claudia Sheinbaum. Durante su toma de posesión en el Zócalo capitalino, la presidenta abordó el tema del carro eléctrico como un proyecto clave para impulsar la innovación tecnológica y energética en el país. En esta conversación, profundizaremos sobre las proyecciones de este proyecto, el papel del litio y el cobre en la fabricación de autos eléctricos, y los esfuerzos para consolidar una cadena de producción local.

¿Cuándo comenzará la explotación del litio en México?

Uno de los pilares para la producción de vehículos eléctricos es la explotación del litio, un mineral clave para las baterías de estos autos. Sin embargo, el litio en México presenta un reto particular: está combinado con arcilla. Como explicó Sheinbaum, extraer litio de arcilla es mucho más complejo que en otros lugares, como Sudamérica, donde el litio se encuentra en salmueras y su extracción es más sencilla. En México, la arcilla es como barro, un material que al mojarse se expande y al secarse se convierte en polvo, lo que complica la extracción del litio.

A pesar de estas dificultades, el Instituto Mexicano del Petróleo y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conahcyt) ya han desarrollado una tecnología capaz de extraer litio de la arcilla. Sin embargo, el proyecto aún se encuentra en una fase exploratoria, ya que además de la tecnología, se debe determinar si el costo de extracción es viable a largo plazo. Sheinbaum reconoció que este es un proceso que tomará tiempo, pero representa un paso importante hacia la consolidación de una industria mexicana de autos eléctricos.

El papel del cobre en los autos eléctricos

Además del litio, otro elemento fundamental en la fabricación de vehículos eléctricos es el cobre. Un auto eléctrico requiere tres veces más cobre que un auto de combustión interna, ya que el cobre es un excelente conductor de electricidad. En este sentido, la presidenta destacó que el país también está trabajando en desarrollar una cadena de producción de cobre. El proceso implica extraer, procesar y fabricar el cobre para utilizarlo en los motores eléctricos de los autos.

El objetivo del gobierno es crear una cadena productiva que no solo genere empleos, sino que también permita que el mayor porcentaje de los componentes de los autos eléctricos sean fabricados en México, reduciendo así la dependencia de importaciones. “Queremos que todo lo que está en ese auto eléctrico sea fabricado en nuestro país”, mencionó Sheinbaum, subrayando la importancia de desarrollar una industria nacional de autos eléctricos completamente integrada.

El proyecto del carro eléctrico compacto

La visión de la presidenta es clara: México debe desarrollar su propio automóvil eléctrico compacto y económico. Sheinbaum describió este proyecto como una alternativa viable y segura frente a las motocicletas, que, aunque útiles, pueden ser peligrosas, especialmente cuando se usan para transportar a varias personas a la vez.

El objetivo es crear un “carrito”, en palabras de Sheinbaum, que sea asequible para el ciudadano promedio y pueda competir con los vehículos eléctricos costosos que hoy dominan el mercado, como los Tesla. La inspiración para este auto compacto viene de modelos desarrollados en China e India, donde la innovación ha permitido crear autos eléctricos pequeños y accesibles. Sin embargo, la idea de México es no replicar exactamente estos modelos, sino desarrollar uno propio que esté alineado con las necesidades y capacidades del país.

Prototipos en marcha y el futuro de la electromovilidad en México

México ya cuenta con prototipos de estos autos eléctricos compactos. De hecho, Sheinbaum adelantó que en las próximas semanas podrían presentarse al público algunos de estos modelos. La presidenta resaltó que en el país ya existen empresas que fabrican motores eléctricos, por lo que el reto es ensamblar estos componentes y crear un producto final competitivo.

Además de la producción de autos, Sheinbaum subrayó la importancia de desarrollar toda una cadena de valor en torno a la electromovilidad. Esto incluye desde la extracción y procesamiento de materias primas como el cobre y el litio, hasta la fabricación y ensamblaje de componentes clave en el país. Con ello, se busca que México se convierta en un actor importante en la producción global de autos eléctricos, reduciendo la necesidad de importar piezas y fomentando la creación de empleo en sectores estratégicos.

La planta de Carbonización Hidrotermal: un proyecto energético complementario

En paralelo a la electromovilidad, Sheinbaum también habló sobre el desarrollo de tecnologías energéticas sostenibles como la Planta de Carbonización Hidrotermal, un proyecto que ella misma impulsó durante su gestión como jefa de gobierno en la Ciudad de México. Esta planta convierte residuos orgánicos en carbón vegetal, que puede ser utilizado en termoeléctricas o como fertilizante, contribuyendo así a la economía circular.

La presidenta planea replicar este modelo a nivel nacional, con una planta de reciclaje de residuos en Tula, Hidalgo, un terreno que en 2008 fue destinado para una refinería que nunca se construyó. Este proyecto, que busca integrar diversas tecnologías de reciclaje y aprovechamiento de residuos, será el primer parque industrial de economía circular en el país.

La postura de la Asociación de Magistrados y Jueces

La Asociación de Magistrados y Jueces ha expresado su rechazo a la decisión del Consejo de la Judicatura Federal, argumentando que viola el principio de la división de poderes, un pilar fundamental del Estado de Derecho en México. Según los jueces, esta medida abre la puerta a la politización del Poder Judicial, pues temen que el proceso de elección por voto popular de jueces comprometa la independencia judicial al someter a los magistrados a presiones políticas y electorales.

La crítica principal que se ha hecho es que este tipo de elecciones podrían poner en riesgo la imparcialidad que debe caracterizar a los jueces, especialmente si su ascenso depende de campañas políticas o de favores hacia grupos de poder. En este sentido, la postura de la Asociación de Magistrados y Jueces subraya que la separación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial es esencial para el correcto funcionamiento de un sistema democrático, y que la reforma pone en jaque esta independencia.

La respuesta de Claudia Sheinbaum

Ante estas críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática al asegurar que no hay ninguna crisis constitucional en México, afirmando que todos los procedimientos establecidos por la Constitución han sido respetados en la implementación de esta reforma judicial. Sheinbaum argumenta que el proceso de reforma fue transparente y legal, contando con el respaldo de la mayoría en el Congreso y cumpliendo con los requisitos constitucionales necesarios.

En su respuesta, la presidenta destacó que el proceso electoral del 2 de junio, donde no solo se eligió a la presidenta de la República, sino también a senadores y diputados, se llevó a cabo bajo las mismas reglas que se han utilizado en elecciones anteriores. Según Sheinbaum, el mandato otorgado a la coalición gobernante (Morena, PT y Partido Verde) por parte del pueblo es legítimo y permite avanzar con las reformas necesarias, incluida la reforma judicial.

¿Una crisis constitucional o una defensa de privilegios?

Sheinbaum también refutó directamente las acusaciones de una supuesta crisis constitucional, señalando que los magistrados y jueces que se oponen a la reforma están defendiendo sus propios privilegios. Según la presidenta, el Poder Judicial mexicano ha sido históricamente un espacio donde la corrupción y el nepotismo han prevalecido. Citando datos de la propia presidenta de la Suprema Corte, Sheinbaum subrayó que el 46% de los casos en el Poder Judicial están relacionados con nepotismo, lo que evidencia que los cargos dentro de esta institución se distribuyen más por relaciones familiares que por méritos.

En este contexto, la presidenta argumentó que la elección popular de jueces no solo permitirá democratizar el acceso al Poder Judicial, sino también eliminar las prácticas corruptas que han caracterizado a este poder durante mucho tiempo. Sheinbaum defendió la idea de que jueces más cercanos al pueblo, con mecanismos de elección abiertos y transparentes, fortalecerán la confianza en el sistema de justicia mexicano.

Un proceso de selección más democrático

Sheinbaum detalló que el proceso de selección de jueces será riguroso y basado en méritos académicos y éticos. Los candidatos deberán cumplir con requisitos como haber obtenido un promedio académico alto, presentar un ensayo donde expliquen por qué desean ser jueces y contar con cartas de recomendación. Estos candidatos serán evaluados por comités compuestos por representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que, según la presidenta, garantizará la probidad y el prestigio de los seleccionados.

En una referencia que generó polémica, Sheinbaum mencionó que las cartas de recomendación podrán ser de vecinos, ya que son las personas más cercanas quienes pueden observar si alguien ha incurrido en prácticas corruptas. Esta propuesta fue vista con escepticismo por parte de algunos críticos, pero la presidenta insistió en que se trata de un mecanismo que busca romper con la cultura de impunidad y corrupción en el Poder Judicial.

El Consejo de la Judicatura y el mandato constitucional

La presidenta también defendió al Consejo de la Judicatura Federal, señalando que su decisión de entregar la lista de vacantes al Senado fue en cumplimiento de un mandato constitucional. Según Sheinbaum, la Constitución es clara al exigir que el Consejo de la Judicatura realice esta acción, y rechazó las afirmaciones de que el Consejo haya desacatado suspensiones judiciales. Para la presidenta, el Consejo está actuando conforme a la ley y cualquier intento de detener la reforma judicial por parte de los magistrados que se oponen es infundado.