En su laudo, De Moraes alega «peligro generado por el estado de libertad del preso».
Para el juez, en el presente caso «concurren de manera inequívoca los requisitos necesarios y suficientes para el mantenimiento preventivo».
En su evaluación, no hubo ningún cambio de contexto que justificara conceder la libertad provisional al oficial de alto rango.
Detalla que «la situación fáctica» que existía cuando fue detenido permanece inalterada y el inicio de la investigación penal del caso, en la cual se escuchan testigos, demuestra «la necesidad de mantener la prisión preventiva» para «garantizar la aplicación de la ley penal, ante el peligro que genera el estado de libertad del detenido».
El ministro consideró que «las pruebas de la existencia del delito y los indicios suficientes de autoría quedaron reafirmados en la sentencia de la aceptación unánime de la denuncia» presentada por la Fiscalía General contra el general por participación en la trama golpista.
De Moraes también citó el testimonio de uno de los testigos, el excomandante de la Fuerza Aérea Carlos de Almeida Baptista Júnior, quien aseguró en su declaración del miércoles que Braga Netto ordenó a los soldados que lo atacaran porque «estaba en contra del plan golpista».
La defensa ya presentó dos recursos por la libertad del militar, detenido en diciembre, por supuestamente intentar obtener el contenido del acuerdo de delación del teniente coronel Mauro Cid, exayudante del expresidente Jair Bolsonaro.
Tal trato sustentaba las investigaciones de la Policía Federal sobre el presunto intento de golpe de Estado.
En un comunicado, el abogado José Luis Oliveira Lima, que representa al general, afirmó que la decisión «contradice la jurisprudencia del STF y viola el principio de presunción de inocencia».
Bolsonaro, Braga Netto y otras 32 personas responden ante la Justicia por los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.
Asimismo, daño calificado por la violencia y grave amenaza contra el patrimonio de la Unión, con considerable perjuicio para la víctima y deterioro de patrimonio declarado.
Hasta el 2 de junio están programadas audiencias en el Supremo para declaraciones de testigos que deben aportar detalles sobre la supuesta logística del intento de golpe.
Esta fase marca el inicio de la instrucción procesal, en la cual se recogen pruebas para la querella y la defensa de los acusados formalmente por la Fiscalía General.
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Prensa Latina 23.05.2025
