Por Mouris Salloum George
CON FUNDADO TEMOR, migrantes indocumentados y analistas del tema están abordando las persistentes advertencias de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca. Él ha reiterado que desde sus primeros días iniciará deportaciones masivas. Se habla de al menos 11 millones de personas en una situación crítica, particularmente los recién llegados.
Esa iniciativa contempla como prioridad expulsar a 1.5 millones de criminales convictos. Esta debiera ser la mayor preocupación para México. No ha dejado claro el presidente entrante si serán deportados a sus lugares de origen o simplemente los entregará al país vecino; tampoco el gobierno mexicano ha sido preciso en su respuesta correspondiente. En el equipo del republicano sostienen que los indocumentados entraron por México y por ahí saldrán.
Al respecto, coexisten análisis objetivos con opiniones generalizadas. Hay algunos aspectos que conviene puntualizar.
La retórica intimidante del entrante mandatario seguramente ha sido parte de su plan de contener la “invasión” de indocumentados. Y en parte le ha funcionado porque bajaron las detenciones en la frontera y la llegada de nuevas caravanas.
Por supuesto que Trump tendrá que cumplir su promesa de deportaciones masivas. Por eso ganó votos y está en juego su credibilidad. Los potenciales afectados son mayoritariamente nativos de México, pero también de muchos países de todos los continentes.
Las deportaciones han sido la norma en lo que va de este siglo. Las estadísticas muestran que buena parte de las amenazas de Trump son simple retórica, porque comparativamente en su primer mandato deportó a menos inmigrantes que otros gobernantes demócratas y republicanos.
Aquí también cabe precisar que a Trump y Biden les tocó lidiar con innumerables caravanas de gente intentando por todos los medios entrar a su país, como resultado de la pandemia del COVID-19, también por las guerras y los desastres naturales.
Esa coyuntura los presionó a endurecer su política migratoria. Recuérdese que, a mediados de 2024, Biden anunció nuevas acciones para prohibir la solicitud de asilo a quienes cruzaran ilegalmente la frontera.
Si fuera cierto que el aguerrido republicano pretendiera deportar a esos 11 millones, técnicamente le resultará muy complejo y legalmente también.
Organismos no gubernamentales defensores de indocumentados se han preparado para complicarle sus planes; al mismo tiempo su criticada iniciativa dejaría sin empleados a miles de industrias y comercios que tienen entre los indocumentados buena parte de su fuente de recursos humanos.
Por lo pronto, a México le deben de preocupar varios efectos de la anunciada política trumpista: estos son la probable reducción de las remesas; el aumento de las peticiones de refugio en el país, y sobre todo, la deportación de los delincuentes convictos. Esto último requerirá de la mayor atención oficial, en parte porque son muchos y en parte porque ya el país padece una elevada situación de criminalidad, en todos los órdenes.
Solo de imaginar en territorio nacional a otros cientos de miles de malvivientes buscando ocupación en lo que saben hacer, es algo muy preocupante. Como es sabido, la inseguridad pública es uno de los mayores pendientes en todo el territorio nacional, por sus cifras en ascenso imparable durante los últimos cuatro sexenios.
El país registró un aumento de 18.2% en el delito de extorsiones, en la administración recién concluida, según datos oficiales del SESNSP; en sus dos primeros meses, el nuevo gobierno registra alrededor de 4,500 narco-ejecuciones.
Es de esperar que los funcionarios mexicanos estén prevenidos. Sin duda que enfrentarán un gran desafío. A fin de cuentas, la gente espera soluciones, no explicaciones.
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