Intocables era un término que se quedaba corto, hay juzgadores que se sentían puros
y hasta dioses.
¿Cuándo dejaron de serlo? ¿Cuándo dejaron de levitar? ¿Cuándo perdieron su
aureola? ¿Cuándo pisaron tierra y empezaron a preocuparse del mundo real que los
rodea?
Ni los propios medios de comunicación se atrevían a tocarlos con el pétalo de una
rosa, no se fueran a molestar y desatar su furia. Solo hay que revisar la hemeroteca
para comprobarlo, salvo que alguno perdiera la bendición presidencial o cayera en un
escándalo inocultable. Se le daba la opción del retiro, sin llegar al confinamiento,
aunque lo mereciera.
Con la Cuarta transformación no fue la primera vez que el gobierno había intentado
obligarlos a tener un ingreso menor al presidencial.
Sucedió en la segunda etapa del panismo en el poder. El senado fue punta de lanza,
cuando la bancada priísta, sin ser mayoría, coordinada por Manlio Fabio Beltrones,
trabajó la idea generada desde la residencia oficial de Los Pinos, seguido por el grupo
de legisladores panistas.
Se avanzó a tal punto que los dioses se vieron obligados a bajar del olimpo, los
ministros fueron a la misma sede del senado, a plantear en privado, a los
coordinadores parlamentarios, sobre todo a Manlio, que era imposible reducirles el
ingreso.
Ni una sola palabra salió de la reunión, cero filtraciones. Así como llegaron, se
retiraron los togados, sin hacer ninguna declaración.
Ganaron la batalla, dejaron de incomodarlos con el tema.
En 2018 se reavivó. Los juzgadores empezaron a prepararse para la batalla.
Trascendió el acuerdo de pagar un despacho internacional, por si llegara a ser
necesario ir a instancias fuera del país a defender su posición y para que no los
acusaran de ser juez y parte, en caso de que el asunto se ventilara en primer lugar en
tribunales nacionales.
A sus cuestionados ingresos se empujó desde el gobierno en turno que era necesario
reformar al poder judicial.
Lo que hizo Arturo Zaldívar resultó insuficiente para limpiarlo.
En el Senado se desperdició el consenso alcanzado para separar a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación del Consejo de la Judicatura Federal. Para que estos dos
órganos no fueran presididos por la misma persona, porque implicaba ser juez y parte,
entre el órgano encargado de impartir justicia y el responsable de vigilar el desempeño
de los juzgadores.
Sin embargo, creció en la sociedad y en el gobierno el ánimo de realizar una reforma
judicial de mayor calado, al ver que vicios, nepotismo, privilegios e injusticias
persistían.
Para conseguirlo el grupo en el poder tenía que ganar por amplió margen las
elecciones de 2024.
La oposición descartaba ese escenario, incluso creía que podía regresar al poder, al
menos es lo que cacareaba mediáticamente.
En el peor escenario, consideraba que perdería la presidencia y mantendría el
equilibrio de fuerzas en el poder legislativo.
También era el escenario que vislumbraban en el poder judicial para conservar el
suntuoso estatus.
El 2 de junio, el día de las elecciones, dejaron de ser dioses, pisaron tierra al
enterarse en voz de Guadalupe Taddei, presidenta del Consejo General del INE, que
Morena y sus aliados, no solo habían ganado la presidencia sino también por
abrumadora mayoría las cámaras. Dio cifras que anticipaban que el grupo en el poder
alcanzaría la mayoría calificada para reformar la Constitución.
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