El Departamento de Justicia de EE.UU. apartó a uno de sus abogados, Erez Reuveni, por cuestionar ante una corte de Maryland la deportación de un hombre a El Salvador, ya que estaba vigente un régimen de protección legal, publicaron medios locales.

Durante la audiencia realizada el pasado viernes en Greenbelt, Reuveni admitió que Kilmar Ábrego García no debería haber sido deportado. La juez Paula Xinis le preguntó cuál había sido el “documento” con el que se inició el proceso, ya que no había “orden de arresto” ni “declaración de causa posible”. “No tengo esa orden. No está en el registro”, respondió el fiscal.

En otro momento, la magistrada preguntó por qué el Gobierno no estaba en condiciones de regresar a Ábrego García, a lo que el abogado, que el 21 de marzo pasado había sido promovido a subdirector interino de la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia, respondió que le había hecho “la misma pregunta al Gobierno” y no recibió ninguna respuesta.

Sobre el final de la audiencia, el fiscal le pidió a la jueza que le diera la oportunidad de pedirle a su cliente, el Gobierno de EE.UU., que modifique su postura respecto de Ábrego García. “Le pediría a la Corte que nos dé, a los acusados, una oportunidad más para hacer esto. Esa es mi recomendación a mi cliente, pero hasta ahora no ha sucedido”, expresó.

La postura del Gobierno

Luego de que Reuveni fuese puesto bajo licencia administrativa, la procuradora general de EE.UU., Pam Bondi, expresó a través de un comunicado que bajo su dirección “se requiere que cada abogado del Departamento de Justicia defienda celosamente en nombre de EE.UU.”, por lo que quienes “no acaten esta directriz se enfrentarán a las consecuencias“.

Además, el Departamento de Justicia le pidió a la jueza Xinis que suspenda, mientras se desarrolla el proceso de apelación, la orden para que Ábrego García retorne antes de la medianoche de este lunes, ya que “obliga al Ejecutivo a interactuar con una nación extranjera de cierta manera” y a “una acción específica de un soberano extranjero”, lo cual sería “constitucionalmente intolerable”.

En una audiencia realizada la semana pasada, el Gobierno había admitido que la deportación había sido un “error administrativo”, ya que desde 2019 el hombre gozaba de protección legal para evitar ser expulsado debido al riesgo que corría en su país por la posible persecución de las pandillas. “Esta deportación fue un error“, reconoció el director interino de la oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Robert Cerna.

No obstante, el 15 de marzo último fue enviado en un vuelo a la nación centroamericana junto con cientos de supuestos miembros de la MS-13 (Mara Salvatrucha) y del Tren de Aragua, que tenían como destino la cárcel de máxima seguridad llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo y conocida como CECOT.

El salvadoreño había llegado a EE.UU. en 2011, cuando tenía 16 años.

Rusia Today 07.04.2025