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En los últimos días de 2010, el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) decidió eliminar los subsidios a los carburantes. De la noche a la mañana el precio de la gasolina aumentó 57%, mientras el diésel subió 82%. Poco importaron las fiestas de fin de año para la población, que salió a protestar ante el impacto de esta medida en sus bolsillos.
En aquella ocasión, Morales tuvo que dar marcha atrás con la medida, aunque dejó una advertencia: esta política de subvenciones representa una sangría para las arcas del Estado.
La profecía se cumplió: en los últimos 15 años aumentó el parque automotor, por consiguiente, el volumen de carburantes consumidos, lo cual redunda en una subvención más costosa. Bolivia no produce suficientes combustibles, por lo cual se ve obligada a importarlos, pagarlos en dólares (que el país no tiene) y venderlos a la población a un precio subvencionado.
En los últimos meses, se volvieron habituales las largas filas, hasta de kilómetros, frente a estaciones de servicios secas en todo el país. El Gobierno de Luis Arce no tiene dólares suficientes para comprar más combustibles, en parte por las trabas que pone la Asamblea Legislativa a la aprobación de créditos internacionales destinados a tal fin.
En este contexto, sucedió algo inimaginable en 2010: parte de la población se muestra partidaria de dejar atrás la subvención a los combustibles.
Esto menciona el informe especial presentado por la encuestadora Ciesmori. En el mismo sentido se expresa otro relevamiento efectuado por un periódico de la ciudad de La Paz.
“En agosto de 2024, 56% de los encuestados se inclinaba por el retiro de la subvención. Sin embargo, para marzo de 2025 esta cifra ascendió al 65%, lo que indica un creciente consenso en esta dirección”, se lee en el texto.
“Dentro de este grupo, la opción de una retirada gradual (de los subsidios) sigue siendo la preferida por la mayoría que apoya esta medida, con un ligero aumento del 47% al 51%”, puntualiza la encuestadora.
En entrevista para Sputnik, el analista económico Martín Moreira ofreció una mirada más allá de los números.
“Me da la idea de que se está empezando a preparar el terreno por si es que ganara un partido de derecha [en las elecciones generales de agosto] para quitar la subvención como medida de ajuste”, expuso.
En este sentido, encuestas como la de Ciesmori “son la excusa perfecta porque vienen a mostrar la voluntad de 65% de bolivianos que quiere que se retiren los subsidios”, consideró Moreira.
Y recordó que “la subvención beneficia a las clases más vulnerables, porque mantiene a un precio bajo el transporte y la producción de alimentos. Sin la subvención, nuestros índices inflacionarios no serían como son ahora”.
“Sin la subvención, la inflación podría ser del 20%. El Estado hace un esfuerzo gigante para mantenerla en beneficio de la población”, dijo Moreira.
Números y política
El informe de Ciesmori también indaga en cuestiones políticas. “Solo el 3% de los encuestados tiene mucha confianza en el Gobierno, mientras que el 91% expresa amplia desconfianza” para solucionar la actual crisis de los combustibles, refiere.
En cuanto al rol de los opositores al Gobierno, “el 39% de los encuestados cree que la oposición está aprovechando la situación para desestabilizar al Gobierno, mientras que el 37% no está de acuerdo con esta afirmación y el 24% no está seguro”.
Este informe asegura que la falta de combustibles condicionará los votos de agosto de este año.
“Más de la mitad de la población considera que la escasez de combustible afectará su voto en las próximas elecciones presidenciales. El 42% de los encuestados afirma que la crisis de combustible influirá mucho en su decisión de voto, mientras que 28% dice que influirá algo. Solo el 20% indica que la crisis no afectará su voto, y 10% no está seguro”.
La encuesta de Ciesmori se realizó con base en 400 entrevistas en las principales ciudades bolivianas. Un segundo relevamiento fue realizado por el diario La Razón a través de su cuenta de X, que contó con 200 votos. En este caso, el 79,5% consideró que no era razonable mantener la política de subvención de carburantes, mientras que el 20,5% restante apoyó esta medida.
Para Moreira, si se realizara un estudio sobre una población más amplia sería otro el resultado. “La subvención favorece a las clases más vulnerables y también al aparato productivo privado. Los más beneficiados de la subvención son los sectores agropecuario y minero”, porque exportan la mayoría de su producción y reciben pagos en dólares.
Según el analista, si se realizara una reducción gradual del apoyo, justamente los empresarios agroindustriales y mineros deberían ser los primeros sectores en pagar el costo total de los combustibles.
Los costos: otro punto a considerar
La política de subvención de carburantes, aplicada desde hace 20 años, mantiene los precios del litro de gasolina en 3,74 pesos bolivianos y el de diésel en 3,72 pesos bolivianos (ambos alrededor de 0,5 dólares). Si no estuvieran subvencionados, los costos rondarían el dólar por litro.
Según el Presupuesto General del Estado (PGE), en 2024 se destinaron 2.381 millones de dólares para mantener la subvención. Para 2025 está previsto usar 2.900 millones de dólares.
La tendencia va siempre en alza. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE) boliviano, en 2019 el costo de la subvención fue de 1.629 millones de dólares, casi la mitad que en este año.
Con la provisión de este y otros pozos, se prevé que en 2027 Bolivia dejará de depender en tan elevada medida de los carburantes importados. Actualmente, el país solamente produce el 20% del consumo interno. Con las medidas impulsadas por Arce, como el desarrollo de los biocombustibles, se apunta a que en los próximos años la producción nacional cubra el 80%.
Sputnik 10.04.2025