VOCES
DEL DIRECTOR
POR MOURIS SALLOUM GEORGE
LA IMAGEN de una isla privada en el Caribe, con mansiones blancas, jet skis y un muelle que parecía salida de un catálogo de riqueza extrema, se convirtió en un símbolo incómodo: no solo del escándalo personal de Jeffrey Epstein, sino de las grietas del poder occidental. Lo que hizo de la llamada “Isla de las Cuevas” —Little Saint James— un escándalo extraordinario no fue únicamente el delito moral y jurídico que allí se cometió, sino la manera en que ese episodio puso en evidencia decisiones políticas, blindajes institucionales y prioridades de Estado que rara vez enfrentan la luz pública.
Epstein era, en vida, un nodo. Sus redes tocaban el mundo de las finanzas, la élite académica, celebridades y, según investigaciones judiciales y periodísticas, círculos políticos de alto vuelo. La isla funcionó como un microcosmos donde convergen privilegio, impunidad y una lógica de acceso que desdibujó límites entre lo privado y lo que debería ser escrutinio público.
Para un imperio que se proclama defensor de la ley y del orden, la permisividad con ciertos actores revela una doble moral institucional injustificable.
Este caso obligó a replantear varias políticas. Primero, las reglas sobre el lavado de dinero, el secreto financiero y la opacidad de estructuras offshore se convirtieron en tema de debate público, no sólo por razones morales sino por seguridad: riqueza no fiscalizada facilita redes que trascienden lo económico y tocan la explotación humana. Segundo, la manera en que los servicios de inteligencia, las fuerzas policiales y los sistemas judiciales priorizan o despriorizan investigaciones con implicaciones diplomáticas o geopolíticas quedó bajo escrutinio. Cuando figuras con conexiones poderosas evitan rendir cuentas plenas, la percepción pública sobre la igualdad ante la ley se erosiona.
También hubo un impacto claro en la política exterior y en la diplomacia blanda: la reputación de un país se mide, además de por su capacidad militar o económica, por su adhesión a principios universales.
Escándalos como el de Epstein alimentan narrativas que otros actores internacionales usan para cuestionar la coherencia occidental. En las cancillerías, esto obliga a calibrar mensajes y, a veces, a endurecer retórica y medidas en áreas donde antes bastaba el pragmatismo comercial o estratégico. No es casualidad que, tras revelaciones de este tipo, los gobiernos impulsen reformas regulatorias que eran impopulares o difíciles de priorizar anteriormente.
Pero afirmar que la isla “marcó las políticas del imperio” no significa que un solo caso haya transformado de raíz el aparato del poder.
Más bien, funcionó como catalizador: visibilizó problemas estructurales y aceleró cambios que ya estaban en la agenda de activistas, periodistas e incluso algunos legisladores. La presión pública y mediática consiguió que se revisarán protocolos de investigación, transparencia financiera y protección de víctimas. De otro modo, ese expediente hubiera corrido el riesgo de diluirse en los pliegues del privilegio.
Queda, sin embargo, una deuda pendiente con la justicia y con la memoria de las víctimas. Reformar normas y cerrar lagunas legales es necesario, pero insuficiente si no van acompañadas de un compromiso sostenido con la rendición de cuentas. Además, la sociedad civil y los medios deben mantener el foco: las instituciones tienden a volver a su inercia si se relaja la vigilancia ciudadana.
La isla de Epstein nos enseñó que los lugares físicos pueden encerrar ecosistemas de poder —y que esos ecosistemas sobreviven no por casualidad, sino porque encuentran facilidades en leyes, complacencias y silencios.
El imperio, o las élites que lo sostienen, opera con pragmatismo: alianzas, intereses, omisiones. Exponerlos públicamente no es un acto simbólico neutro, es una forma de reequilibrio democrático. La pregunta que queda es si la indignación será pasajera o si habrá una transformación real en las estructuras que permitieron que una isla se convirtiera en teatro de impunidad. La respuesta definirá si los cambios recientes serán parches temporales o el comienzo de una nueva normalidad donde la protección del poder deje de primar sobre la protección de las personas.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
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