La medida de presión también demanda la liberación de dirigentes de las organizaciones, apresados por participar en las manifestaciones y en rechazo a la represión policial.
De acuerdo con la proclama, la invitación a la población es a unirse a la protesta desde el lugar en que se encuentren para alzar su voz contra la norma que estiman perjudicial a los trabajadores y sus familias, pues privatiza la CSS y ofrece pensiones de miseria.
También rechazan la firma de un memorando de entendimiento entre el Gobierno y Estados Unidos que permite el establecimiento de bases militares y la intención del Ejecutivo de reabrir la mina de cobre de Donoso (Colón), pes a un fallo del la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2023 que ordenó su cierre.
Como parte de las acciones, la alianza Pueblo Unido por la Vida organiza otra marcha popular mañana viernes que recorrerá las principales arterias de la capital istmeña hasta la Asamblea Nacional (parlamento ) para presentar sus reclamos.
Por su parte, trabajadores de la industria de la construcción, protagonizaron una vigilia la víspera ante las instalaciones del Supremo en espera de la segunda audiencia del líder histórico de ese colectivo, Genaro López, quien junto a Jaime Caballero, otro de sus dirigentes, permanecen presos en el centro La Nueva Joya, acusados de blanqueo de capitales en procesos amañados, según denuncias.
Además, expresaron respaldo con el secretario general de esa organización Saúl Méndez, quien desde el 21 de mayo se encuentra refugiado en la embajada de Bolivia, donde recibió protección temporal, debido a amenazas para su vida.
Los colectivos, reciben mensajes de solidaridad desde diversas agrupaciones de Europa y Asia que llaman al Gobierno a cesar la represión policial y judicial .
También mujeres indígenas se congregaron ante la CSJ para alzar su voz en rechazo a las agresiones que han sufrido sus comunidades originarias.
De otra parte, el Ministerio Público presentó cargos contra el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Empresas Afines (Sitraibana), Francisco Smith, quien encabeza los bloqueos en la noroccidental provincia de Bocas del Toro.
En la denuncia impugnan a Smith que sus acciones afectaron la educación, la economía y el libre tránsito.
La medida surge en medio de un estancamiento en las negociaciones entre los bananeros y la comisión del Gobierno, encabezada por los ministros de la Presidencia, Trabajo, Seguridad y Comercio e Industrias.
El Ejecutivo, liderado por el presidente José Raúl Mulino, ha manifestado disposición para discutir una norma que beneficia a los productores de plátano, pero ha sido enfático en que no habrá diálogo si no despejan las vías.
Mientras el Contralor de la República, Anel Flores, aseveró por su parte, que la huelga que lideran desde finales de abril pasado los gremios docentes del sector público es ilegal al tiempo que anunció la suspensión del salario a 15 mil profesores.
Además opinó que es hora de dar la oportunidad a 17 mil maestros que esperan por ingresar a la nómina pública educativa.
En conferencia de prensa, Flores aclaró que la decisión de renovar la plantilla docente es del Ministerio de Educación – que tiene una nomina de 51 mil 600 docentes según datos oficiales – y reiteró su exhorto a los maestros que hagan un alto en el camino y regresen a las aulas.
El funcionario señaló que 38 dirigentes sindicales sí recibirían sus salarios porque aparecen en los registros asistiendo a clases aunque en realidad estaban en las calles, lo que desmintieron algunos lideres del gremio como Diógenes Sánchez quien insistió que están ejerciendo el derecho constitucional a huelga.
Diversos sectores académicos, parlamentarios y también la Iglesia insisten en la vía del diálogo para solucionar la actual crisis social, a lo que se niega el Gobierno.
mem/ga
Prensa Latina 05.06.2025
