“Desde hace muchos años, las autoridades de Kiev siguen activamente en Ucrania un curso encaminado a liquidar la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica, discriminar a su clero, perseguir a los sacerdotes y a los ciudadanos creyentes y obligar al rebaño a trasladarse a la creada artificialmente cismática Iglesia Ortodoxa de Ucrania”, señala la parte introductoria del informe.

Desde la entidad diplomática añaden que, con este fin, las autoridades de Kiev están creando leyes que violan los derechos humanos, reprimiendo con los servicios de seguridad y las fuerzas del orden a los miembros de la IOU y llevando a cabo una retórica del odio a nivel estatal contra la Iglesia por sus vínculos con el Patriarcado de Moscú.

Aunque la primera ley que restringía las actividades de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana de un modo u otro fue emitida ya en 2018, las medidas más serias comenzaron a adoptarse en diciembre de 2022, cuando el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania tomó una decisión “cuyo propósito real es la restricción total de los derechos de las comunidades de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana”, indica el documento.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, por sus siglas en ruso) ha realizado más de 1.000 registros en monasterios, iglesias y edificios administrativos de las diócesis de la IOU en toda Ucrania, añaden.

Además, en agosto de 2024, la Rada Suprema (Parlamento de Ucrania) aprobó un proyecto de ley que permite prohibir la canonización de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica —”la organización religiosa ortodoxa más antigua que existe“—, señala el informe.

“Asimismo, los esfuerzos del régimen de Kiev incluyen la incautación por la fuerza de iglesias y monasterios, la reinscripción ilegal de comunidades, el cultivo de la retórica del odio, la agresión inmotivada y la violencia contra el clero y los creyentes de la IOU”, apuntan desde el Ministerio.

El documento contiene una lista de numerosas incautaciones de iglesias y otros santuarios de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, entre ellas uno de los últimos “casos más atroces”.

Así, el 17 de octubre de 2024, un centenar de personas —entre representantes de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, militares y funcionarios gubernamentales locales— asaltaron la catedral del

Arcángel Miguel de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, saqueando el santuario. Más de 30 personas resultaron heridas, entre ellas 12 hospitalizadas, incluso dos metropolitanos.

Posteriormente, se abrió una causa penal contra el metropolitano Teodosio en virtud de los artículos sobre “incitación al odio interconfesional” y “justificación de la agresión”.

El informe de 8 secciones también incluye un apartado sobre la falta de respuesta de una comunidad internacional a la persecución en curso contra la Iglesia canónica en Ucrania.

“Las estructuras internacionales, incluidas las más autorizadas representadas por la ONU y sus dirigentes, evitan condenar inequívocamente las violaciones por parte de Kiev de sus obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos y los crímenes que ha cometido, enviando de hecho a Kiev señales de total impunidad“, concluyen desde la Cancillería rusa.