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La Corte Penal Internacional (CPI) ha llegado al colmo del disparate al dictar órdenes de detención contra jefes de Estado, incluido el presidente ruso, Vladímir Putin, escribe el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, en su artículo para una revista académica jurídica.
Tales decisiones no pueden llevarse a la práctica y los jueces de La Haya «lo entendían perfectamente», explica el funcionario en el artículo titulado Ilusiones perdidas, o cómo el Tribunal Penal Internacional se convirtió en una nulidad jurídica.
«La CPI alcanzó el verdadero pináculo del sinsentido y la inutilidad con sus órdenes de detención contra jefes de Estados soberanos, incluido el presidente ruso Vladímir Putin, en relación con la situación en Ucrania. Al dictar tales decisiones, los funcionarios del tribunal eran perfectamente conscientes de que no se aplicarían en la práctica. Excepto por las consecuencias propagandísticas – en interés, por supuesto, del mismo mundo anglosajón«, escribe.
Medvédev señala que los jueces y el personal de ese organismo internacional no deben ser considerados «locos o ignorantes», atribuyendo tales decisiones a «órdenes ideológicas».
Por un lado, el Estatuto de Roma extiende sus normas a todas las personas, independientemente de su cargo, incluidos los jefes de Estado, señala. Sin embargo, la CPI solo puede exigir la responsabilidad penal de esas personas si «obtiene la cooperación» de ese país para renunciar a la inmunidad de su alto funcionario, subraya Medvédev, citando el Artículo 98.
«La Corte Penal de La Haya, sin ninguna renuncia [a la inmunidad oficial] de los países afectados, ha adoptado la práctica de dictar órdenes de detención contra algunos jefes de Estado soberanos en ejercicio (normalmente no occidentales)», apunta.
Sputnik 24.04.2025
