Voces DEL DIRECTOR
Voces del Periodista – Edición 488 – Año XXIX
La economía informal en México sigue muy pujante y como factor determinante del aumento del PIB nacional; este superó los 32 billones de pesos en el primer trimestre de 2020, mientras la informalidad ha oscilado en torno al 55% de la población económicamente activa (PEA) en el sexenio recién concluido. Este indicador constituye un dato mayúsculo e insólito en el contexto mundial. En conjunto, ambos aspectos le otorgan al país el sitio número doce entre las economías del planeta.
Dentro de la economía informal, el comercio ambulante ha configurado un sector muy dinámico. Hoy no es posible explicar el estatus del PIB nacional sin considerar ese lado oscuro.
El caso es que la administración entrante debiera retomar el asunto y ofrecer medidas y programas que, en conjunto, constituyan una política que beneficie al país en general y con ello a todos los sectores: productores, trabajadores, distribuidores y consumidores. Conciliar intereses podría conducir a una situación más conveniente para todos. Dejar la situación como hasta la fecha es un río revuelto con ganancias para unos y perjuicios para otros.
No es posible conocer con precisión la magnitud del fenómeno porque las cifras que manejan los organismos gubernamentales oficialmente encargados de medir los aspectos de la actividad productiva (INEGI, Banco de México, Secretaría de Economía, y otros) obedecen más a las exigencias de los gobernantes que al rigor académico. En este caso están la medición del desempleo, de la pobreza y de la inflación.
A esto hay que añadir que los centros académicos y los especialistas “independientes” rara vez hacen un esfuerzo por contrastar la visión oficial. De tal suerte, los organismos internacionales tan importantes como el Banco Mundial, la CEPAL y muchos otros que trabajan en esas áreas, retoman en sus balances los datos “oficiales”, con lo cual reproducen un conjunto de imprecisiones y falsedades en ciertos casos.
Por ejemplo, resulta que la administración saliente decidió contabilizar como “empleados” a todos los participantes de la economía subterránea, bajo consideraciones políticas. Por tal razón, en sus gráficos y estadísticas oficiales difunden que México figura como el país con el menor desempleo a nivel mundial.
Esto es por lo menos discutible desde varios ángulos. Asimismo, señalan que unos nueve millones de mexicanos “salieron de la pobreza”, sin decir cuántos cayeron en tal condición, por efectos de la pandemia y la elevada inflación de la canasta básica —hasta de dos dígitos en el conjunto—, entre otros factores.
Ante la importancia innegable de la economía informal en el total del PIB nacional, muchas voces se han manifestado sobre el tema, a favor o en contra, en foros académicos o abiertos al público.
Dos tendencias básicas se pelean: unos por la prohibición y otros por la regularización de la informalidad (“dignificación del comercio ambulante”).
Particularmente, los empresarios formalmente establecidos han observado graves problemas en torno a la informalidad, innegables: invasión y bloqueo de espacios públicos; venta de piratería y contrabando; evasión de impuestos y lavado de dinero; uso del trabajo infantil; compra-venta de productos robados y promoción de servicios cuestionables como la comida callejera antihigiénica; tráfico de drogas y sexo-servicio. Y como agravante detrás de todo esto, el uso clientelar de los trabajadores informales y sus organizaciones en apoyo de posiciones partidistas, con aportaciones de dinero calculadas en millones.
Quienes están a favor del comercio informal y de la amplia economía subterránea en general, manifiestan —ciertamente— que tales actividades han sido una opción ante la incapacidad oficial del gobierno y de los empresarios de ofrecer empleos dignos y bien remunerados; también sostienen que, mediante el comercio informal, los consumidores tienen acceso a una amplia variedad de productos y servicios a precios bajos.
Argumentan que de esta forma mejoran su mermado poder adquisitivo —y el de la moneda nacional—; de suerte que así han podido resistir la persistente inflación y los bajos sueldos que prevalecen en la iniciativa privada nacional.
Ante la polémica, con los pros y contras, cada sexenio los gobernantes toman una posición clara, tácita o verbal. La administración saliente fue proclive a sostener la creciente economía informal como la encontró, por sus propias conveniencias.
El nuevo gobierno debiera convocar a debates en foros con todas las partes, en los que se aborden los diversos aspectos del fenómeno. La meta debiera ser llegar a un estadio de transparencia en el que todos los involucrados cumplan con los requisitos legales, para beneficio de todo el país.
.
 |
| Autor:
Mouris Salloum George Director general del Club de Periodistas de México, A.C. Periodista, escritor y analista, con una extensa trayectoria en el periodismo en México. |
—000—
