El 5 de noviembre, el Pleno de la Corte declaró como improcedente el proyecto impulsado por el ministro Juan Luis González Alcántara, que buscaba invalidar algunas partes de la reforma judicial.

Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la reforma judicial, con todo y las resistencias que persisten en su contra, se abre camino para su implementación.

Así las cosas, será en junio de 2025 cuando la población acuda a las urnas para elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, un ejercicio inédito en el continente.

El proyecto de González Alcántara

La sesión del Pleno de la Suprema Corte, realizada el 5 de noviembre, tenía por objetivo analizar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, que buscaba declarar inconstitucional la reforma judicial de manera parcial.

La Corte no posee atribuciones para invalidar una reforma a la carta magna.

El proyecto pretendía invalidar la elección popular de jueces y magistrados, no así la de ministros de la Suprema Corte.

Sin embargo, legisladores del oficialismo lo consideraron inaceptable dado que, de acuerdo con el marco constitucional vigente, la Corte no posee atribuciones para invalidar una reforma a la carta magna.

En una entrevista concedida a The New York Times, González Alcántara declaró que su proyecto buscaba “tender una mano”. Representaba, dijo, “una invitación” para que se “ponderaran” los cambios constitucionales al Poder Judicial.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que una invitación al diálogo en torno a la reforma aprobada resultaba inaceptable en los términos planteados por González Alcántara.

En primer lugar, porque legislar constituía una facultad del Congreso y, en segundo lugar, porque la reforma judicial obedecía a un mandato concedido en las urnas. “Nadie está por encima del pueblo”, sentenció la mandataria en una de sus conferencias de prensa.

Mientras que para la oposición el proyecto de González Alcántara representaba un intento de “salvaguardar la República”, para el oficialismo no era sino un “último intento desesperado” para “defender los privilegios” del Poder Judicial.

Para el oficialismo, la Suprema Corte, toda vez que aceptó la revisión de varios recursos de inconstitucionalidad en torno a la reforma judicial y se aprestaba a discutir el proyecto de González Alcántara, se colocaba como “el poder supremo”, atribuyéndose facultades que no le corresponden.

Para los opositores a la reforma, en cambio, la posición del oficialismo de considerar improcedente la revisión de la reforma por parte de la Suprema Corte, terminó alimentando su narrativa en torno a que se pretendía “socavar el equilibrio de poderes” e implantar un “régimen con tintes autoritarios”.

La polémica alrededor de la ‘supremacía constitucional’

Días antes de la sesión de la Corte en donde se discutió el proyecto de González Alcántara, se llevó a cabo otra reforma a la Constitución, impulsada por el oficialismo, en la que, de forma explícita, se establece que las reformas a la carta magna, además de que no podrán ser objeto de recursos de amparo, tampoco podrán ser declaradas inválidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, uno de los promotores de la denominada ‘supremacía constitucional’, argumenta que esta reforma solamente recalca lo que ya estaba definido en el marco legal.

De acuerdo con su perspectiva, no se trata de un “atropello contra la República”, como asegura la oposición, sino únicamente de dejar “explícitos” los mismos principios de la Constitución promulgada en 1917.

Sin embargo, los opositores a la reforma consideran que, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados no hicieron sino colocarse por encima de todos los poderes, incluida la Suprema Corte que, según su interpretación, cuenta con la facultad para revisar la inconstitucionalidad de las reformas aprobadas por el Congreso.

Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostiene en entrevista que, de acuerdo con el marco constitucional vigente, la Corte no tiene atribuciones para declarar inválida una reforma constitucional.

En todo caso, explica, si lo que se busca es que la Corte salvaguarde determinados aspectos de la Constitución, hay que definir una serie de ‘cláusulas pétreas’, esto es, un conjunto de disposiciones constitucionales que no puedan ser objeto de una reforma.

Asimismo, abunda Cárdenas Gracia, debería de realizarse una reforma constitucional en donde, expresamente, se faculte a la Corte a realizar revisiones de las reformas con base en estas ‘cláusulas pétreas’, caso contrario, el máximo tribunal constitucional no puede asumir esta competencia.

Pérez Dayán, el voto decisivo

Todo parecía indicar que la Suprema Corte terminaría por aprobar el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara.

Y es que, si bien en el pasado varios de los ministros actualmente en funciones habían desechado recursos de inconstitucionalidad, entre ellos, la propia ministra presidenta, Norma Piña Hernández, la mayoría había dejado patente su agravio de cara a la reforma judicial.

Basta recordar que fue en 2016 cuando los partidos Movimiento Ciudadano y Morena presentaron recursos de inconstitucionalidad en contra de la reforma que transformaba la capital del país, de Distrito Federal a Ciudad de México.

En ese momento, el presidente nacional de Morena era Andrés Manuel López Obrador (AMLO), uno de los promotores del recurso de inconstitucionalidad. Piña Hernández desechó el recurso presentado por el partido fundado por el político tabasqueño.

En la sesión de ayer, sin embargo, se conocía por anticipado que Piña Hernández votaría a favor del proyecto que pretendía invalidar la reforma judicial de manera parcial, junto con la mayoría de ministros.

En medio de la discusión en el Pleno del máximo tribunal constitucional, la sorpresa la dio el ministro Alberto Pérez Dayán, quien durante su alocución afirmó que la Suprema Corte carecía de facultades para declarar inválida una reforma a la carta magna. “Una insensatez no se combate con otra insensatez”, sentenció.

El voto de Pérez Dayán se terminaría sumando a los de los ministros Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, estos últimos con posturas afines al oficialismo: los votos suficientes para declarar improcedente el proyecto de González Alcántara.

Antes de declarar un receso, no obstante, Piña Hernández intentó una última maniobra, poniendo a consideración del Pleno si, en lugar de los ocho votos necesarios para aprobar el proyecto de González Alcántara, podría bastar con seis.

Su propuesta fue rechazada. De esta forma, Pérez Dayán terminaría enterrando la posibilidad de que la Suprema Corte declarara inválida la reforma judicial en alguna de sus partes.

El factor estadounidense

Con todo y que el Pleno de la Suprema Corte recién declaró improcedente el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, no se descarta que la reforma judicial continué enfrentando resistencia tanto dentro como fuera de México.

Jaime Cárdenas Gracia, quien durante varios meses estuvo a cargo del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado en el Gobierno de López Obrador, reconoce que en el ámbito judicial se seguirá luchando para evitar que los cambios a la Constitución se implementen.

El hecho de que el proyecto de González Alcántara resultó improcedente no implica que los inconformes con la reforma judicial estén imposibilitados de continuar presentando recursos de inconstitucionalidad y amparos.

No se descarta que la reforma judicial continué enfrentando resistencia tanto dentro como fuera de México.

Sin embargo, asegura Cárdenas Gracia, estos intentos “terminarán fracasando”, ya que los cambios a la Constitución “son un hecho”, independientemente de que “a jueces, magistrados y ministros les está resultando muy difícil aceptar la reforma”.

En cuanto a las reacciones desde el exterior, cabe recordar que, apenas en agosto de este año, en medio de la discusión de la iniciativa, el embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, cuestionó a través de sus redes los alcances de la reforma.

Tan pronto lanzó la advertencia a través de un comunicado de que se “ponía en riesgo la integración económica”, así como el “funcionamiento de la democracia”, la posición del diplomático norteamericano fue calificada de “injerencista” desde el Palacio Nacional. Fue entonces cuando Salazar dejó de opinar sobre el asunto.

En palabras de Cárdenas Gracia, lo que más le interesa al Gobierno estadounidense, luego de la aprobación de la reforma judicial en el Congreso de la Unión, es que en México se brinde seguridad jurídica a las inversiones. Mientras esto se garantice, sostiene, Washington no buscará la invalidez de la reforma.

“En EE.UU., sí, les seguirá llamando la atención el cambio a la Constitución. Sin embargo, creo que la reforma judicial no es el tema más importante. Para ellos los asuntos más relevantes con respecto a nuestro país son la migración, el tráfico de fentanilo y los cárteles”, concluye.