MEDIO AMBIENTE
POR JUAN JOSÉ AGUSTÍN REYES RODRÍGUEZ*
La Ley de Aguas Nacionales (LAN) en vigencia desde 1992, fue un instrumento jurídico de primera importancia para la privatización de ese importante recurso en favor de empresas, empresarios, funcionarios, grandes agricultores, industrias, comercios y hasta bancos.
DESDE el periodo presidencial de Salinas de Gortari, se inició con mayor intensidad el proceso de privatización y despojo de recursos naturales y servicios estratégicos del territorio nacional, en concordancia con la corriente mundial conocida como el neoliberalismo.
Se hicieron reformas a varios artículos de la Constitución, como el 25, el 26 y especialmente el 27, que garantiza la propiedad de la nación sobre los recursos naturales, como minerales, petróleo, energía, bosques, playas, espacio aéreo, radioeléctrico. agua y otros más. Fuimos testigos como se inició la privatización del ejido, con el pretexto de darles a sus poseedores la “seguridad” de sus tierras.
Esa privatización de los ejidos fue un punto de quiebre para que el sector privado iniciara la invasión legal con el dinero por delante y mediante compras y asambleas ejidales amañadas, logrando adquirir cientos y miles de hectáreas, contrariamente a lo que estaba permitido legalmente.
Al ocupar esas tierras privatizadas también entraron en posesión de fuentes de agua importantes, manantiales, pozos artesianos, reservorios naturales o artificiales y en las zonas costeras, las playas más hermosas y accesibles, para desarrollos turísticos.
Desde el periodo de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, e inclusive en el de López Obrador, una sola autoridad, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) otorgó miles de concesiones y asignaciones de agua de manera discrecional y en algunos casos por influyentísimo y corrupción, habiendo beneficiado a destacados empresarios, políticos y funcionarios en activo.
De 1993 a 2020 la CONAGUA otorgó concesiones y asignaciones a 514,684 títulos entre 361,600 usuarios, según el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA).
En septiembre de 2020, Wilfrido Gómez y Andrea Moctezuma publicaron un artículo que denominaron
“Los millonarios del agua. Una aproximación al acapara miento del agua en México”
(https://argumentos.xoc.uam.mx/index.php/argumentos/article/view/1198/1145).
Este artículo técnico describe claramente como grandes empresas y empresarios de todos los sectores prácticamente, se fueron beneficiando por funcionarios de la CONAGUA y sus funcionarios de los Organismos de Cuenca, basados en la Ley de Aguas Nacionales y su sistema de concesiones y asignaciones indiscriminadas, la cual, con algunas reformas insustanciales, sigue vigente.
El citado artículo cita que: Los millonarios del agua (ma) son 3 304 usuarios privados con concesiones de 1 hm3/año o más.
Se trata de 1% de los usuarios que explota más de una quinta parte de los recursos hídricos del país, entre los que se encuentran empresas (996), personas físicas (1 537) y asociaciones civiles (801) La siguiente figura del mismo artículo, describe más claramente como están los millonarios del agua distribuidos.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) otorgó miles de concesiones y asignaciones de agua de manera discrecional y en algunos casos por influyentísimo y corrupción, habiendo beneficiado a destacados empresarios, políticos y funcionarios en activo
Algunos de los millonarios del agua mencionados originalmente en ese artículo tienen concesiones de acuerdo con lo siguiente:
“ Existen 6 247 de usuarios con un volumen concesionado de 1 hm3/año de agua o más por usuario (vha), que tienen títulos de concesión o asignación que representan 61.4% de las aguas concesionadas —de tipo consuntivo— en todo el país, esto es, 36 314 hm³/año de agua.
Los 3 304 millonarios del agua (ma) tienen concesionado un volumen de agua de 13 208 hm³/año, equivalente al 22.3% de toda el agua concesionada en el país, es decir, 1.1% de todos los usuarios explota más de una quinta parte del recurso hídrico nacional.
En este grupo se encuentran 966 empresas, 1 537 personas físicas y 801 asociaciones civiles que realizan distintas actividades productivas”.
El portal Sin Embargo (www.sinembargo.mx), recientemente difundió que
“Como parte del sobre concesionamiento que la Ley de Aguas Nacionales permite, la Conagua ha dado concesiones de agua para uso agrícola —que no paga derechos— a personajes con poder político”.
“En las últimas tres décadas la Conagua ha otorgado a grandes usuarios concesiones en acuíferos sobreexplotados bajo el marco legal de la salinista Ley Nacional de Aguas (1992)”
El Gobierno federal intenta ordenar este acaparamiento por parte incluso de políticos y familiares como el expresidente Vicente Fox, la Diputada Olga Sánchez Cordero, el exjefe de Oficina de Presidencia Alfonso Romo o el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”
«La Conagua ha dado concesiones de agua para uso agrícola —que no paga derechos— a personajes con poder político»
El diario oficial de la federación publicó el 8 de febrero de 2012, una reforma al artículo 4 de la Constitución
“…Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible…”
En ese mismo DOF se ordena que deberá expedirse una Ley General de Aguas (LGA) en un plazo de un año, es decir debería haber una ley desde el 2013, lo que no ha ocurrido, por lo que el Congreso de la Unión está en desacato ¡desde hace 12 años! Hubo algunos intentos de iniciativas, una muy sonada fue la llamada ley Korenfeld, que seguía con el mismo espíritu entreguista y privatizador, por lo que hubo fuerte oposición.
El 4 de febrero de 2020 varias organizaciones, académicos, científicos, campesinos y ciudadanos en general presentamos en la Cámara de Diputados una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA), con 198,129 firmas de ciudadanos con credencial de elector, por lo que cumplía el requisito de la Constitución que las iniciativas de ley se pueden proponer no sólo por el ejecutivo y los legisladores, sino también por la ciudadanía. También se entregó al Senado de la República
“El Gobierno federal intenta ordenar este acaparamiento por parte incluso de políticos y familiares como el expresidente Vicente Fox, la Diputada Olga Sánchez Cordero, el exjefe de Oficina de Presidencia Alfonso Romo o el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”
Esta iniciativa ciudadana tiene una amplia cobertura en cuanto a cambios profundos de la Ley de Aguas Nacionales actual, que considera al agua como una mercancía de cambio y financiera, como es su participación en la bolsa de valores del agua a nivel internacional.
La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados de la sexagésima cuarta legislatura, cuyo presidente era del partido Morena, organizó foros regionales en todo el país, para conocer y enriquecer la iniciativa. Sin embargo, se presentaron iniciativas alternas de los empresarios del agua y de otros partidos.
La Comisión trabajó con otras comisiones para llegar a un consenso, habiéndose obtenido un dictamen de acuerdos para someterla al pleno, lo cual no ocurrió por presiones de los grandes millonarios del agua y de algunos de los propios diputados.
Se pasó a la siguiente legislatura para poder revisarla y aprobarla, lo cual no ocurrió y no se discutió para nada. La citada comisión fue presidida por un priista.
Con el cambio de gobierno, en la misma 4T se cambiaron las estrategias y se aleja la posibilidad de obtener una Ley General de Aguas, puesto que la nueva visión es seguir manteniendo los privilegios de los dueños del agua y que voluntariamente acuerden entregar los excedentes de agua que tienen en sus concesiones, sin que esto sea una garantía futura de lograr una distribución social como un derecho humano al agua y a los pueblos originarios, puesto que se mantendrán las concesiones que pasen la revisión que hará la CONAGUA al reordenar las mismas.
La CONAGUA y el gobierno de la 4T no pueden seguir siendo rehenes de los viejos y los nuevos millonarios del agua a costa del derecho humano a ese recurso de vida
¿La diputada, ex secretaria de gobernación y ex senadora de Morena Olga Sánchez Cordero y su esposo, pondrán a disposición excedentes de sus más de diez concesiones de agua que tienen?; Fox, El Bronco, Romo, las mineras (Bailleres, Salinas Pliego, Larrea, Slim y empresas canadienses), las grandes empresas inmobiliarias, las cerveceras, Bonafont, Coca Cola, Kimberly Clark, los bancos extranjeros, Bimbo, los distritos y unidades de riego y muchas otras empresas ¿harán entrega de sus excedentes de agua?
La solución de fondo es revisar y aprobar la Ley General de Aguas, apoyarse con las Contralorías ciudadanas del agua que se están estableciendo en el país, así como de otras organizaciones académicas, sociales y hasta empresariales. La CONAGUA y el gobierno de la 4T no pueden seguir siendo rehenes de los viejos y los nuevos millonarios del agua a costa del derecho humano a ese recurso de vida.
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| Autor:
Juan José Agustín Reyes Rodríguez *Ing. Agr. Especialista en Bosques por la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma Chapingo; candidato a Doctor en Recursos Naturales por la Universidad de Michigan, EE. UU.; exfuncionario público y asesor en recursos naturales, ambiente y desarrollo.
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