Según comunicó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se abrirá de inmediato una pesquisa sobre el caso para verificar lo planteado por el reporte del medio noticioso.
“Sería de suma gravedad que supermercados D1, con utilidades en el 2024 por 373 mil 200 millones de pesos (unos 93 millones de dólares al cambio actual), que equivalen a lo que ganan 225 mil trabajadores en un mes, someta a sus empleados a un régimen laboral ilegal e inmoral, por lo que he ordenado abrir investigación inmediata”, divulgó el titular.
El anuncio de Sanguino sucede a la difusión de un reporte del programa Señal Investigativa, del Sistema de Medios Públicos, en el que se expone que la mentada cadena obligaría a sus trabajadores a laborar entre 10 y 12 horas sin reconocimiento de horas extras.
D1 S.A.S, con su marca de Tiendas D1, fue creada en 2009 en Medellín, en el noroeste y cuenta con más de 24 mil empleados, de acuerdo con la propia compañía.
Actualmente posee alrededor de dos mil 500 mercados, en 31 de los 32 departamentos del país y tiene presencia en 520 municipios.
Su principal accionista es el grupo Valorem, propiedad de la familia Santodomingo, una de las más acaudaladas de Colombia.
La denuncia contra la empresa ocurre justo cuando el país atraviesa por un debate sobre los derechos de la clase asalariada.
Se prevé que en la Plenaria del Senado se discuta en los próximos días el proyecto de reforma laboral, que la semana pasada aprobó la Comisión Cuarta de ese órgano legislativo.
Uno de los objetivos de la propuesta original era instaurar una jornada laboral de ocho horas, diferenciar el desempeño nocturno y establecer recargos adicionales por el trabajo realizado los domingos y los días festivos.
Sin embargo, miembros del Gobierno, líderes sindicales, integrantes de la bancada del Pacto Histórico y el propio presidente, Gustavo Petro, plantean que las modificaciones introducidas en la iniciativa impiden que se logren todos los derechos antes mencionados.
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Prensa Latina 03.06.2025
