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El conflicto entre el Estado mexicano y la empresa estadounidense Vulcan Materials escaló esta semana luego de que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador declarara una nueva Área Natural Protegida en la zona donde la compañía tiene varios predios de los que ha extraído piedra caliza durante décadas en el paradisiaco Caribe mexicano.
La decisión del Gobierno de México fue interpretada como una “expropiación ilegal” y una violación al Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá (T-MEC) por legisladores estadounidenses que introdujeron en el Senado del país norteamericano una iniciativa de ley, para imponer sanciones a todas las embarcaciones que usen el puerto de aguas profundas que Vulcan Materials construyó en las costas del Caribe, en el municipio mexicano de Solidaridad.
El pasado 23 de septiembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de área de protección de flora y fauna Felipe Carrillo Puerto en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, en Quintana Roo, en donde se encuentran los predios de Vulcan, una gigantesca empresa de construcción norteamericana asentada en el estado de Alabama.
“No se trata de una expropiación, sino de la declaratoria de protección de los recursos naturales de México como un derecho al medio ambiente sano de sus habitantes”, señaló la Semarnat en un comunicado publicado este 25 de septiembre.
Las nueva ANP resguardará más de 53.000 hectáreas de selvas tropicales en “buen estado de conservación”, manglares, sabanas, palmar y matorral costero.
Superficie de la nueva Área Natural Protegida en donde se encuentra los predios explotados por Vulcan Materials.
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De acuerdo con la autoridad mexicana, “en la nueva área se busca fortalecer un continuo de selvas características de la provincia de la península de Yucatán y humedales costeros, como aguadas, que brindan refugio y alimento a animales, plantas, peces e invertebrados, ayudan al control de inundaciones, funcionan como barrera ante huracanes e intrusión salina, mejoran la calidad del agua y favorecen la polinización, entre otros servicios ambientales”.
“La nueva ANP es de gran relevancia para la protección de 1.063 especies de animales y plantas, entre las que destacan el mono saraguato negro y el mono araña, primates mexicanos en peligro de extinción, pues más de la mitad del sitio es considerado prioritario para su conservación”, señaló la dependencia mexicana.
De acuerdo con la Secretaría, con la creación de esta ANP se favorece la conectividad biológica de la costa con las selvas tropicales, esenciales para la conservación de especies en riesgo, como el jaguar y otros felinos, facilitándoles alimentos, agua y refugio, para mantener poblaciones sanas y evitar el aislamiento de sus poblaciones.
También se protege a especies como el loro frente blanca, sujeto a protección especial; al pavo ocelado, endémico de la península de Yucatán; a la iguana espinosa rayada, señalada como amenazada; la lagartija escamosa pintas amarillas que es endémica de la península de Yucatán. Y entre los mamíferos al jaguar y al ocelote, ambos en peligro de extinción.
El decreto no fue bien recibido por legisladores estadounidenses, quienes consideraron la medida como una violación a los estatutos del T-MEC y plantearon nuevas sanciones para México.
El senador Bill Hagerty (un republicano representante de Tennessee), miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presentó una iniciativa de ley llamada Defensa de la Propiedad Estadounidense en el Extranjero, para imponer prohibiciones de represalia “que disuadan y castiguen a cualquier nación del Hemisferio Occidental que confisque ilegalmente activos estadounidenses”.
“Esta legislación responde a los esfuerzos en curso por parte del Gobierno de México para apoderarse de un puerto de aguas profundas propiedad de Vulcan Materials Company, con sede en Estados Unidos, lo cual es una violación flagrante del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá que rige el comercio entre nuestras dos naciones”, señaló el legislador en un comunicado de prensa.
La legislación prohibiría a los buques entrar en un puerto de EEUU si previamente han utilizado un puerto, tierra o infraestructura que “haya sido ilegalmente confiscada” a una entidad estadounidense por una nación extranjera en el hemisferio occidental.
También exige al Secretario del Departamento de Seguridad Interna (DHS) que identifique y prohíba tratos comerciales con puertos de empresas de EEUU incautados ilegalmente y exige al Representante de Comercio de Estados Unidos que informe al Congreso sobre cómo se abordarían dichas expropiaciones durante la próxima revisión del TMEC, prevista para 2026.
La legislación fue copatrocinada por los senadores republicanos John Barrasso, Katie Britt, Ted Budd, Tommy Tuberville y del demócrata Tim Kaine.
“Condeno enérgicamente las amenazas de AMLO contra Vulcan Materials Company y me complace ver este reproche bipartidista del Senado de los Estados Unidos”, dijo el senador Hagerty.
“A ninguna nación o presidente, y especialmente a uno de nuestros mayores socios comerciales, se le debe permitir intimidar a una empresa estadounidense sin consecuencias. Nuestra legislación ayudará a socavar cualquier intento de AMLO de beneficiarse de sus acciones ilegales y, en caso de un embargo, fortalecería la posición de nuestra nación en las negociaciones comerciales con México”, añadió el republicano.
“Que México confisque bienes de propiedad estadounidense es indignante e inaceptable”, dijo el senador Barrasso. “Estados Unidos siempre defenderá los activos de las empresas estadounidenses de las confiscaciones ilegales. El proyecto de ley del senador Hagerty garantizará que los países extranjeros no puedan beneficiarse del robo a empresas estadounidenses en el extranjero”.
“No se equivoquen-el esquema del presidente López Obrador para apoderarse del puerto de aguas profundas de Vulcan representaría una expropiación flagrante de una operación legalmente permitida y de propiedad estadounidense, y el asalto de su administración al estado de derecho está poniendo en peligro los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos y Alabama”, dijo la senadora Britt. “Le hemos advertido repetidamente de que habrá ramificaciones sustanciales si su Administración cruza esta línea”, añadió.
“Se trata de defender nuestro territorio, ni modo que vamos a permitir que destruyan nuestro territorio”, respondió el presidente López Obrador en su conferencia matutina del miércoles 25.
Según el mandatario mexicano, su Gobierno intentó llegar a un acuerdo Vulcan, e incluso se les ofreció que se les compraba su parte, se hizo un avalúo, pero respondieron con “prepotencia, no entendiendo que México es un país independiente, soberano”.
“No hay expropiación, es una declaratoria de área natural protegida, porque ni modo que no vamos a proteger nuestros recursos naturales. Imagínense que se lleven grava del paraíso, porque es de las zonas más bellas de México y del mundo, el mar Caribe, y que se utilice de banco de material para que se lleven la grava para construir carreteras en Estados Unidos”, añadió AMLO.
“¿Qué, no hay otros bancos de material en Estados Unidos? ¿No tienen allá territorio suficiente? Es como el doble o el triple de nuestro territorio lo que significa Estados Unidos. ¿Por qué venir aquí y valerse de la corrupción que imperaba?”, cuestionó el jefe del ejecutivo mexicano.
En enero de 2019, la empresa estadounidense interpuso una demanda contra México en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial en el que exige una indemnización por 1.900 millones de dólares en un litigio aun en curso.
Sputnik 26.09.2024
