NUEVA LEGISLACIÓN DEL AGUA ¿GATOPARDISMO HÍDRICO?

La legislación sobre el agua que ha prevalecido desde 1992, cuando Salinas de Gortari hizo numerosos cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), ha tenido algunos cambios cosméticos y pocos de trascendencia, a medias.

SE REFORMARON principalmente los artículos 25, 26 y 27 entre otros que permitieron la creación y reformas de diferentes leyes reglamentarias como la Ley de Aguas Nacionales (LAN), la Ley Minera, la Ley de la Reforma Agraria, la Ley de Bienes Nacionales, las leyes sobre Energía (petróleo y electricidad), por mencionar algunas de las más relevantes y que establecieron el fundamento constitucional y legal para el remate de los bienes, servicios y recursos naturales estratégicos de la Nación, considerados como mercancías sujetos a las leyes de la oferta y la demanda, así como la privatización de los ejidos.

“El mercado debe regular la vida de toda una nación”. Fue la llamada época neoliberal que inició con el gris presidente de la Madrid en 1982, pero quien realmente gobernaba era Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto.

Por cierto, en ese período presidencial se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), estando como Subsecretaria de Ecología la actual titular de la SEMARNAT, Alicia Bárcena, designada por el propio Salinas de Gortari.

En 2012 se reformó el artículo 4° párrafo sexto (actualmente octavo) de la CPEUM, para garantizar el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, para consumo personal y doméstico, ordenando la creación de una Ley General de Aguas y dando un plazo de un año para su promulgación. LO QUE NO HA SUCEDIDO HASTA LA FECHA, lo cual ha sido un desacato del legislativo y también del Ejecutivo.

Hubo algunos proyectos de iniciativas como la llamada Ley Korenfeld y otras, como la del diputado Pichardo, que ahondaban con mayor énfasis la privatización del agua, por lo que tuvieron oposición en la Cámara de Diputados por los grupos de la izquierda.

El 4 de febrero de 2020, numerosos grupos sociales, organizaciones campesinas, académicos y personas comprometidas, presentamos una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA), coordinados por la organización “Agua para todos, agua para la vida”, con el respaldo de 198,129 firmas avaladas con las credenciales del INE, por lo que reunía los requisitos constitucionales para tener validez como iniciativa ciudadana.

Esa iniciativa se entregó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento (CRHAPS) de la sexagésima cuarta legislatura, presidida en entonces por el partido político MORENA, en la sede de la Cámara de Diputados. Así mismo se entregó una copia a una comisión de legisladores de MORENA en la Cámara de Senadores, coordinada por el entonces senador de la República José Narro Céspedes de MORENA, quienes apoyaron esta iniciativa.

Se realizaron foros en prácticamente todo el país, logrando un consenso general para la aprobación de la ICLGA. Sin embargo, los poderes fácticos dentro y fuera de la Cámara de Diputados, presentaron otras iniciativas que entraron a estudio, habiéndose negociado, aparentemente, una iniciativa aceptable. Sin embargo, no se aprobó en Comisiones y se fue pateando el bote hasta que terminó esa legislatura.

Entró en funciones la sexagésima quinta legislatura y la CRHAPS, cambió de presidente, asumiendo funciones la diputación del PRI, con lo que se dio por enterrada la ICLGA. Hubo algunas reformas a la Ley Minera y se hicieron también a la LAN para evitar desastres mineros, pero quedó prácticamente intacta.

Si bien podríamos entender que en el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se tenía como prioridad el rescate de la Energía, tanto eléctrica como de hidrocarburos, dar un giro a la forma de gobierno neoliberal y lograr cambios en educación, beneficios sociales al pueblo y reducir la dependencia exterior, entre otras muchas acciones, la verdad es que no les dieron importancia a recursos naturales, fundamentales para la nación, como con el agua y los bosques.

Y se siguió pateando el bote de la legislación del agua, permitiendo que siga en manos de los millonarios del agua.

Hay que reconocer que hubo inversiones públicas importantes en infraestructura hidráulica, como la construcción o rehabilitación de presas, distritos de riego y acueductos en el país, no así en la conservación y restauración de las cuencas hidrológicas-forestales.

Durante la campaña política de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, hubo diversos llamados para que atendiera las propuestas de reformas a la legislación del agua.

Hubo algunos proyectos de iniciativas como la llamada Ley Korenfeld y otras, como la del diputado Pichardo, que ahondaban con mayor énfasis la privatización del agua, por lo que tuvieron oposición en la Cámara de Diputados por los grupos de la izquierda

En las discusiones o arreglos que tuvieron al interior de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, consideraron que habría dos iniciativas: una sobre la Ley General de Aguas (LGA) y otra con reformas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), vigente desde 1992.

Reducen la LGA solamente a lo que manda el artículo 4° constitucional sobre el derecho humano al agua y desechan prácticamente todo lo que se había trabajado con la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas. Realmente creo que no se quisieron meter a fondo en darle un cambio fundamental a la legislación del agua y optaron por la solución más pragmática de tener dos iniciativas, aunque ello signifique complicar la legislación en lugar de simplificar este importante tema.

Las iniciativas presentadas por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados y publicada en la Gaceta Parlamentaria el jueves 9 de octubre de 2025, están estudiándose y comentándose en foros ciudadanos que permitirán a los diputados obtener propuestas sobre esas iniciativas y poder dictaminarlas con más información y quizás, aceptar propuestas fundamentadas de diversos grupos o personas que participen, y no cerrarse a hacer el juego del “Gatopardo”: que todo cambie para que siga igual.

En la exposición de motivos de dichas iniciativas destaca entre otros puntos que: “Al tratarse de un recurso natural esencial para la vida, el agua no debe quedar sujeta a las reglas del mercado ni supeditada a la lógica de la oferta y la demanda por encima de las necesidades humanas y ambientales”. Esta es una de las premisas que deben regir en las nuevas leyes del agua.

En cuanto a la planeación y acciones de gobierno, señala: “Entre los compromisos asumidos por nuestro gobierno, se encuentra el concerniente a una república con derecho al agua, que contempla el ordenamiento de concesiones, el uso eficiente de este recurso a través de la tecnificación del riego en el campo y el desarrollo de proyectos estratégicos para llevar el agua a quienes más lo necesitan”.

“En ese acuerdo nacional se reconoció el papel esencial que tiene el agua en los procesos de producción y el desarrollo económico frente a los retos hídricos que enfrenta el país como resultado de la sobre explotación de las cuencas y los acuíferos, la ausencia de servicios de saneamiento adecuados, la contaminación de los cuerpos de agua y la falta de modernización y mantenimiento adecuados a la infraestructura de distribución de ese recurso”.

Podemos señalar que la exposición de motivos plantea un panorama histórico y actual de la situación de los recursos hídricos del país y que debería reflejarse en el texto de las dos iniciativas.

En la descripción de la situación actual que hace la iniciativa, podemos destacar algunos de los asuntos más relevantes como son: 71% del territorio presenta presión hídrica elevada; más del 60% de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación; 157 acuíferos se encuentran sobre explotados; al menos 106 municipios presentan alta vulnerabilidad a la sequía; al 15 de abril del presente año 45.8% está afectado por sequía, principalmente en el noroeste del país, lo que incide en los procesos naturales de recarga de los acuíferos y consecuentemente en la disponibilidad de agua para el consumo. En cuanto a disponibilidad de agua a noviembre de 2023, de los 653 acuíferos en el territorio nacional, 367 cuentan con disponibilidad media de agua subterránea, susceptibles de otorgar concesiones o asignaciones, mientras que en los otros 286 acuíferos tienen déficit, por lo que no se pueden otorgar o ampliar más concesiones; de estos últimos, 114 se encuentran sobreexplotados con abatimiento de los niveles de agua, desaparición de manantiales, hundimientos diferenciales del terreno e impacto ecológico a esas áreas.

Estos datos que se presentan en la exposición de motivos dan un panorama muy claro de que no se están atendiendo las cuencas hidrológicas-forestales, es decir la cubierta forestal es un elemento fundamental para la recarga de acuíferos, retener el agua de lluvia, evitar azolvamiento de presas, lagos y lagunas, así como tener ríos, arroyos y barrancas con agua limpia, clara y disponible.

En vista de que las iniciativas requieren de mucho espacio para poder analizarlas y hacer propuestas, a continuación, les comparto las propuestas de modificaciones a algunos de los principales artículos, que pretenden rescatar principios de la ICLGA consensados con varias organizaciones, contralorías ciudadanas del agua en diferentes estados, “Agua para todos-agua para la vida”, así como aportaciones personales de gente comprometida y que comparto plenamente.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de un documento mucho más amplio que contiene propuestas más detalladas y fundamentadas, técnica, jurídica y socialmente. (Se puede consultar en: contraloria nacional autónoma del agua)

Y para rematar, el Consejo Consultivo del Agua está integrado por las siguientes organizaciones y empresas: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; Asociación Mexicana de Empresas de Agua y Saneamiento de México, A.C.; Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES); Asociación Mexicana de Bebidas; Asociación Nacional de Usuarios de Riego, A.C.; 2030 WRG; Aguas de México; Arca Continental Corporativo; Coca-Cola FEMSA México; Coca-Cola México S.A. de C.V.; Constellations Brands; Danone; Diageo; GEPP-México; Grupo Bal, S.A. de C.V.; Grupo Finaccess.

Como podrá observarse, este cuerpo consultivo que tiene influencia en las decisiones de CONAGUA está integrado por los mismos millonarios del agua, sin que haya participación de ejidos, comunidades y pueblos en donde se explotan los acuíferos y las minas.

La duda queda: ¿estos Foros de Consulta realmente tomarán en cuenta las propuestas que hagan los diversos participantes en los foros? ¿o simplemente ocurrirá lo mismo que en las legislaturas anteriores, jugando al Gatopardo?

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Autor: Juan José Agustín Reyes Rodríguez *Ing. Agr. Especialista en Bosques por la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma Chapingo; candidato a Doctor en Recursos Naturales por la Universidad de Michigan, EE. UU.; exfuncionario público y asesor en recursos naturales, ambiente y desarrollo.

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