Por unanimidad de votos, el Senado de la República aprobó en lo general la minuta de reforma constitucional; en lo particular, con 128 votos a favor
La piedra angular es el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio
Reforma indígena y afromexicana: Un paso hacia la reconciliación histórica en México
La reciente aprobación unánime de la reforma al artículo 2 de la Constitución mexicana, que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, marca un momento crucial en la historia del país. Con 128 votos a favor, el Senado de la República selló este acuerdo, el cual refleja no solo un consenso entre todas las fuerzas políticas, sino un reconocimiento explícito de la deuda histórica que la nación tiene con sus comunidades originarias y afromexicanas.
Un cambio histórico: Inclusión y justicia
Este momento legislativo representa un cambio profundo en el tratamiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, quienes durante siglos han enfrentado marginación y discriminación. Políticas homogeneizadoras, impulsadas en ocasiones bajo la bandera del progreso económico, a menudo dejaban a estas comunidades en los márgenes de la sociedad, invisibilizando su riqueza cultural. Sin embargo, la reforma constitucional de septiembre de 2024 se enfoca en reparar esta injusticia, no solo incluyéndolos en el marco legal, sino también reconociéndolos como actores legítimos dentro de la estructura jurídica del país.
Uno de los aspectos más importantes de la reforma es el reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esto les otorga la capacidad de gestionar sus propios recursos y patrimonios, además de acceder a presupuestos públicos. Esta medida es más que simbólica; significa un paso concreto hacia la autodeterminación de estas comunidades, permitiéndoles decidir sobre su propio futuro de manera autónoma.
Consulta previa: Protección de derechos y cultura
Otro aspecto crucial de la reforma es el derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe. Esto implica que cualquier medida legislativa o administrativa que pudiera afectar a las comunidades deberá ser consultada con ellas de manera adecuada. Este principio no solo protege los territorios y bienes de las comunidades, sino que también asegura que sus voces sean escuchadas en los procesos que influyen en su vida cotidiana. De esta forma, la reforma fortalece la protección de su cultura, valores y formas de vida, evitando que decisiones externas ignoren o minimicen sus derechos.
Este derecho a la consulta previa es particularmente importante en un contexto donde las decisiones gubernamentales pueden tener impactos significativos en las tierras y recursos naturales de los pueblos indígenas. En muchos casos, estas tierras tienen un valor no solo económico, sino también cultural y espiritual, y la reforma garantiza que las comunidades tengan un papel activo en la preservación y uso de esos recursos.
Asistencia jurídica especializada: Un paso hacia la equidad
Además de la consulta previa, la reforma incluye una disposición que obliga al Estado a proporcionar asistencia jurídica especializada a las personas indígenas y afromexicanas que lo necesiten. Esto implica que intérpretes, traductores, defensores y peritos especializados estarán a disposición de quienes enfrenten procesos legales, eliminando así barreras lingüísticas y culturales que históricamente han impedido el acceso pleno a la justicia.
Este aspecto es fundamental para garantizar que los derechos de las comunidades no solo sean reconocidos en el papel, sino que puedan ser ejercidos de manera efectiva. En el pasado, la falta de representación adecuada en los tribunales ha sido uno de los mayores obstáculos para que los pueblos indígenas y afromexicanos pudieran defender sus derechos. Ahora, con esta nueva garantía constitucional, se espera que el acceso a la justicia sea más equitativo.
Un consenso político sin precedentes
La aprobación unánime de la reforma en el Senado subraya la relevancia política del tema y la capacidad de las fuerzas políticas del país para unirse en torno a una causa de derechos humanos y diversidad cultural. Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), celebró el consenso logrado como una muestra de voluntad política para resarcir la deuda histórica con los pueblos del México profundo.
Esta reforma no solo es un triunfo legislativo, sino un paso en el camino hacia la reconciliación nacional. Como mencionó la senadora Ernestina Godoy Ramos durante la presentación del dictamen, “tenemos la oportunidad histórica de reconstruir y refundar un México en el que quepamos todos”. Este llamado a la inclusión resuena con fuerza en un país que ha sido marcado por profundas desigualdades, donde los pueblos indígenas y afromexicanos han sido, durante demasiado tiempo, invisibilizados.
La implementación: El verdadero reto
Sin embargo, la verdadera prueba de esta reforma no será su aprobación, sino su implementación. Si bien el reconocimiento constitucional es un avance significativo, su éxito dependerá de cómo se materialicen estas disposiciones en las políticas públicas. Es fundamental que los recursos lleguen efectivamente a las comunidades y que las consultas previas se lleven a cabo de manera adecuada y respetuosa.
El reto, por tanto, es que los derechos consagrados en la reforma no se queden solo en el papel. Las comunidades indígenas y afromexicanas deben ser empoderadas para ejercer estos derechos, y los gobiernos deben ser responsables de garantizar que los mecanismos de protección sean efectivos. De lo contrario, el riesgo es que esta reforma se convierta en una promesa vacía.
Un México más justo e inclusivo
La reforma constitucional de septiembre de 2024 representa un paso crucial hacia la creación de un México más inclusivo y justo. Al reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y al garantizar consultas previas y asistencia jurídica, el país avanza hacia un modelo de mayor equidad y respeto por la diversidad cultural.
Este avance es, sin duda, una victoria para las comunidades que durante tanto tiempo han luchado por el reconocimiento y la justicia. Pero también es un recordatorio para toda la sociedad mexicana de que el verdadero progreso radica en la capacidad de abrazar la diversidad y permitir que florezca en todas sus formas.
En resumen, la reforma aprobada no solo es un acto de justicia histórica, sino un puente hacia un futuro donde los derechos de todas y todos sean respetados y valorados. Ahora, el desafío será asegurar que esta transformación legal se traduzca en cambios reales y palpables para las comunidades indígenas y afromexicanas, garantizando que puedan ejercer plenamente sus derechos y vivir en un México que realmente los incluya.
Redacción | Club de Periodistas de México A.C. | Por la Libertad de Expresión.
