POLÍTICA Y SOCIEDAD
POR JUAN JOSÉ AGUSTÍN REYES RODRÍGUEZ*
Ciudad de México.- Desde las épocas de expansión de las monarquías hispanas, portuguesas, anglosajonas, francesas (previamente habían llegado los pueblos vikingos), se encontraron con el “nuevo mundo”, buscando rutas hacia oriente, encontrándose con un gran continente al que con el tiempo le pusieron América.
EN ESTE continente existían pueblos milenarios distribuidos en diferentes territorios, conocidos como “naciones”, imperios, señoríos y cacicazgos, que tenían sus propias tierras, o bien, algunos eran nómadas.
Con las conquistas de los europeos sobre estas tierras encontradas, empezaron a establecer sus posesiones de ultramar y virreinatos, en el caso de España. El territorio mexicano sin haberse constituido como una Nación, fue el virreinato de la Nueva España, que incluía varias capitanías abarcando desde lo que ahora es Centro América hasta lo que son los estados
del sur- suroeste de los actuales Estados Unidos.
Desde la llamada Independencia de México de 1810 a 1821 y su primer Imperio, el territorio mexicano comprendía desde Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Belice; (más al sur, Panamá pertenecía a la Gran Colombia hasta que se separó, a principio del siglo XX, por la injerencia de Estados Unidos para lograr su canal).
Por el norte, el territorio del Imperio Mexicano abarcaba lo que ahora son los estados o parte de ellos, de Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado, Utah, Nevada y California que fueron invadidos y despojados por Estados Unidos, desde 1836 con la “independencia” de Texas y después la “guerra” Estados Unidos- México de 1846 a 1848, que fue un vil despojo.
Todavía, jurídicamente, México tiene Derechos Históricos sobre esos territorios, de acuerdo con varios juristas, como el Dr. Juan José Mateos Santillán; por ello hay tanta discriminación y temor por parte de los llamados “blancos”, constituidos originalmente por migrantes europeos.
Esta es una relación indisoluble que nos une y unirá por siglos, en los que recuperamos esos territorios. El imperio Romano duró cinco siglos, el imperio estadounidense lleva apenas poco
más de dos siglos, y ya se aprecia fuertemente su caída.
Continuidad del nuevo régimen
Durante este tiempo hemos estado sujetos a injerencias y presiones políticas, militares, económicas y comerciales. Algunos gobiernos de México han resistido esos embates con un patriotismo, real o simulado, y varios recientes y descaradamente, han sido parte de una estrategia de entrega de los recursos naturales y servicios estratégicos a empresas extranjeras, principalmente de Estados Unidos, como abiertamente lo hicieron desde el gris presidente De la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y hasta Peña Nieto.
Todo esto lo hicieron valer, reformando la Constitución y las leyes reglamentarías y los organismos autónomos que persistían, con lo que aseguraban la “legalidad” de esos despojos para
que no fueran reversibles, en perjuicio de la nación.
Con el cambio de régimen en diciembre de 2018, con una visión nacionalista y humanista, enarbolada como la Cuarta Transformación (4 T), se están revirtiendo las reformas constitucionales y legales que se hicieron en el llamado periodo neoliberal, en los periodos presidenciales mencionados.
El nuevo gobierno —que históricamente es presidido por una mujer— enfrenta un reto mayor con el nuevo presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump
Con el nuevo gobierno iniciado el 1 de octubre del presente año, se da continuidad a ese cambio de régimen, porque después de 36 años de entregas y despojos que se hicieron, con las estructuras administrativas, la legislación, los compromisos comerciales, las condiciones jurídicas y políticas que se crearon con países extranjeros, como los tratados de libre comercio (TLC-TEMEC), ha significado una lucha cuesta arriba el poder regresar la Constitución y sus leyes a recuperar sus principios y postulados como una patria libre, independiente y
soberana.
Para reformar diversas disposiciones constitucionales esta 4T ha tenido que enfrentarse a los poderes fácticos y en especial al Poder Judicial, que al parecer recibe línea de agencias gubernamentales de Estados Unidos y los poderes fácticos, porque precisamente este poder es el que tiene las atribuciones de suspender o rechazar las leyes secundarias, más NO LAS
CONSTITUCIONALES; esta reforma al poder judicial es la madre de todas las demás que se están discutiendo y aprobando, porque si lo que se pretende lograr no está en la carta magna, todas las demás leyes que se promulguen serían invalidadas por la Suprema Corte de Justicia (¿?) de la Nación (SCJN); con ello, no se podría lograr la transformación que se está
impulsando.
Esto ya ocurrió durante todo el gobierno anterior, porque el congreso de la Unión, al no tener mayoría calificada, o sea las tres cuartas partes de votos de los legisladores presentes, en ambas cámaras, se aprobaron leyes secundarias por mayoría simple y la SCJN, sin revisar su fondo y sin reconocer los procedimientos realizados, las desechó olímpicamente.
Ante Trump, un reto mayor
Obviamente que el gobierno de los Estados Unidos, fiel representante y promotor de sus empresas es el que menos quiere esa reforma al Poder Judicial y otras como la energética, laboral, ferrocarriles, seguridad, minera y agua, porque han tenido la facilidad de eludir impuestos, no responder a los daños ambientales, seguir pagando empleos ridículos y saquear los metales preciosos, al tener de su lado al poder judicial.
Ahora ya no tendrán este poderoso aliado que les ha permitido todas las ilegalidades en las que han incurrido por décadas.
El nuevo gobierno que históricamente es presidido por una mujer enfrenta un reto mayor con el nuevo presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que es una persona de la llamada derecha.
Está mostrando su intención real de cumplir con sus compromisos de campaña, contra la migración, establecer aranceles al comercio y una serie de propuestas para limitar libertades
humanas y acentuar la discriminación y violencia legal contra migrantes mexicanos y de otros países, al nombrar a funcionarios de su primer círculo con el mismo pensamiento racista y antiinmigrantes, en los puestos claves de Justicia, Estado, Comercio y Procuración de Justicia, entre todas las que existen.
En temas de migración hay la amenaza de Trump de hacer deportaciones masivas, o subir los aranceles a todos los productos mexicanos un 25% si la migración no se controla; después
será el 50% y si no se controla aún más, subirían al 100%. Por lo tanto, la acción del gobierno de México debería ser no permitir que deporten para este país a migrantes que no
sean mexicanos. Al mismo tiempo, reducir la inmigración en la frontera sur del país.
En cuanto a los asuntos de los cárteles que operan en México, que pretenden venir a liquidarlos violando la soberanía nacional, desde luego eso está fuera de discusión permitirlo. En contraparte, el gobierno americano debe comprometerse a detener en la misma proporción del 25%, 50% y 100 % la venta y comercio de armas en su país y evitar en la misma proporción, la introducción de armas a México.
Asuntos prioritarios en la agenda
Si Trump exige que se controle el flujo migratorio, en la misma proporción debe detener el flujo de armas a México. No ha puesto atención en detener realmente la demanda de drogas
en Estados Unidos ni a los distribuidores y corrupción que hay. Según el Dr. Buscaglia, en ese país no hay cárteles, sino que son muchos grupos o bandas que se dedican a ese jugoso negocio en complicidad con autoridades locales.
Pero seguramente sí saben quienes reciben y distribuyen al mayoreo y al menudeo las drogas, pero que son controlados por la DEA (Drug Enforcement Agency), el FBI (Federal Bureau of Investigation) y otras agencias, así como las policías estatales o locales, quienes permiten su consumo libremente en las calles, antros, fiestas y reuniones privadas de todos los sectores sociales, que es donde está la principal demanda y consumo de drogas.
Otros de los temas importantes son los asuntos derivados del T-MEC como el caso del maíz transgénico que de acuerdo con un panel de controversias (supongo que la mayoría de sus miembros que toman decisiones están con los dados cargados) resolvió en favor de los agricultores americanos esa controversia, que será impugnada.
Otro asunto es el caso de CALICA, la minera americana explotadora de recursos en Quintana Roo y que se niega a retirarse de ese lugar.
El gobierno de México intentó negociar con los dueños de la mina, VULCAN, y no llegaron a acuerdos, por lo que el gobierno declaró Área Natural Protegida ante lo cual la empresa se amparó y otra vez un juez corrupto le otorga una suspensión a la empresa para dar marcha atrás.
Se ve otra vez el vínculo del gobierno americano protegiendo a sus empresas, con la complicidad del poder judicial de la federación mexicana.
Sin embargo hay otras relaciones, que son buenas y en las que ha habido cooperación intensa como es el sector forestal entre la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) con el Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS), en asuntos de incendios forestales; la SEMARNAT con el Departamento del Interior (USDI), a través de los servicios de Parques Nacionales y de Fauna Silvestre, con intercambios de información y propagación de especies en alguna medida de protección, como el borrego cimarrón, el bisonte americano, el halcón peregrino, el lobo gris mexicano, el berrendo, mariposa monarca y aves migratorias, entre otros, mismos que serán afectados en sus rutas migratorias de los mamíferos, con el muro que se quiere ampliar en toda la frontera. México tiene retos, riesgos y oportunidades ante el nuevo gobierno americano, por lo que es necesario que haya solidaridad del pueblo con nuestro nuevo gobierno y no ser
parte de los esquiroles que están actuando en contra, para que le vaya mal al país, al creer que con ello van a recuperar sus privilegios y regresar a la entrega de nuestros recursos naturales, servicios estratégicos y la soberanía nacional.
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Autor:
Juan José Agustín Reyes Rodríguez *Ingeniero Agrónomo, por la Escuela Nacional de |
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