La joven, de 29 años y embarazada de cinco meses, fue secuestrada en la comuna capitalina de Macul el 15 de diciembre de 1976 por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
Tecnóloga de profesión y militante del Partido Comunista, Pereira fue trasladada al centro de reclusión clandestino Simón Bolívar, donde, pese a su avanzado estado de gravidez, la golpearon y torturaron, incluso con electricidad, y luego la hicieron desaparecer.
“Este es un caso que debiera convocar a esos que niegan los crímenes de la dictadura y la reivindican, para que se asomaran al terror que tuvieron que vivir las víctimas”, dijo el abogado querellante Nelson Caucoto.
Por este crimen, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, en fallo definitivo, ratificó las condenas a prisión en contra de 31 antiguos agentes de la DINA.
El tribunal sancionó a Pedro Espinoza Bravo, Juan Morales Salgado y Ricardo Lawrence a 10 años de presidio como autores del secuestro calificado.
Otras 16 personas, entre ellas Federico Chaigneau, quien se encuentra prófugo de la justicia, recibieron una pena de siete años de cárcel como coautores; en tanto 12 deberán estar recluidos cuatro años en calidad de cómplices.
En opinión de Caucoto, se trata de un fallo de enorme importancia por la cantidad de condenados a penas de presidio efectivo, en un proceso exitoso gracias al enorme trabajo del ministro Miguel Vásquez Plaza.
Explicó que esta es una sentencia moderna, basada en el derecho internacional, que rechaza la amnistía, la prescripción y la media prescripción.
Además, dijo el jurista, pese a que su esposo, el kinesiólogo Maximiliano Santelices, no alcanzó a ver el resultado del juicio al cual se dedicó con tanto ahínco, “algo de paz y consuelo traerá a los familiares de Reinalda”. La joven engrosa la lista de los más de mil detenidos, de los cuales todavía hoy se desconoce su paradero.
oda/car
Prensa Latina 01.11.2024
