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Diputados opositores al Gobierno argentino buscan frenar el decreto firmado por el Ejecutivo mediante el cual se reglamenta la nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional, eludiendo el trámite parlamentario establecido por ley. “Si se concreta, las instituciones argentinas quedarán muy débiles”, dijo a Sputnik un analista.
Legisladores opositores al Gobierno argentino buscan frenar el decreto firmado por el presidente Javier Milei mediante el cual se concretará el acuerdo para un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), esquivando la ley vigente que establece que las deudas con el organismo deben contar con aval del Congreso.
Siete diputados de Unión por la Patria —espacio donde confluye el Partido Justicialista, liderado a nivel nacional por la expresidenta peronista Cristina Fernández (2007-2015)— denunciaron al mandatario por “abuso de autoridad”, esgrimiendo que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) es inconstitucional al violar los artículos 75 y 76 de la Constitución nacional, que establecen que cualquier endeudamiento con organismos internacionales debe ser aprobado por el Parlamento.
En 2021, durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), fue sancionada la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, que indica que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público” acordado con el FMI, así como también” cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones”, requieren aprobación del Congreso.
El decreto reviste cierta opacidad. Si bien precisa que el acuerdo con el FMI será un Programa de Facilidades Extendidas por un plazo de hasta 10 años (con un período de gracia de cuatro años y medio), no aclara cuáles serán los montos ni los plazos de los desembolsos del acuerdo. Tampoco especifica los intereses que deberá afrontar el Estado argentino.
El efecto político que desató el decreto es de primera magnitud. Incluso el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), líder del PRO —el principal aliado parlamentario que tuvo el Gobierno para cada una de sus iniciativas—, cuestionó la medida. “Demuestra debilidad institucional y no ayuda a generar confianza“, advirtió el exmandatario.
La palabra de Macri reviste una relevancia insoslayable. Si bien el parlamento fue marginado de la decisión de contraer el nuevo crédito, el Congreso aún tiene un último recurso: la posibilidad de anular el decreto, para lo cual la oposición necesitará reunir una mayoría de diputados y senadores. El caso es análogo al de la designación de dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, para cuyo fin el Ejecutivo decidió también apelar a la “lapicera presidencial” y esquivar la vía parlamentaria.
Un antecedente reciente podría preocupar a la Casa Rosada. En septiembre de 2024, en un hecho inédito en democracia, el Congreso derogó el decreto presidencial mediante el cual el Ejecutivo buscaba aumentar fondos reservados (cuyo destino no se precisa) para los servicios de inteligencia.
Los límites de la “lapicera presidencial”
“Hay un claro avance sobre el Congreso. Si el acuerdo con el Fondo Monetario se concreta, las instituciones argentinas quedarán muy débiles”, dijo a Sputnik el politólogo Santiago Giorgetta. Según el analista, la particularidad del empréstito radica en su opacidad: “Lo particular es que el Gobierno busque apoyo parlamentario para una deuda cuyo monto se desconoce”, explicó.
De acuerdo con el experto, la complejidad del caso quedará reflejada en la conducta que adopten aquellos bloques legislativos que hasta ahora habían profesado una crítica moderada al Ejecutivo, que convivía con un apoyo acérrimo a sus proyectos. “Probablemente, a la autodenominada oposición dialoguista no le quede mucho más margen para apoyar el decreto, que explícitamente elude una ley sancionada por el mismo Congreso hace un par de años”, apuntó el consultor.
En el peronismo —con fuerte peso en ambas cámaras—, la postura luce unánime. “Vamos a rechazar el decreto y queremos hacerlo cuanto antes. Este DNU tiene un solo fin y se contrapone a la ley, que ni siquiera derogaron”, advirtió ante Sputnik Pablo Todero, diputado nacional de Unión por la Patria. “Esperamos tener apoyo de otros bloques, porque hay que marcar un límite”, agregó el legislador.
“No sabemos el monto de la deuda ni los plazos. El Gobierno nos pide que acompañemos una deuda a ciegas. No sé cómo va a evaluar el FMI que el acuerdo se celebre de esta manera, porque esto abre la posibilidad de que se desconozca la deuda en un futuro: no es la misma legitimidad la de una ley que la de un decreto”, remarcó el dirigente opositor.
¿Una apuesta arriesgada?
Para Giorgetta, la decisión de volver a esquivar al Congreso y acordar con el Fondo Monetario Internacional a través de un decreto es, cuanto menos, audaz. Según el consultor, el Ejecutivo atraviesa una situación particular, donde aún no terminó de procesar el impacto del escándalo vinculado con la criptomoneda $LIBRA, que —tras ser difundida por el presidente Milei— terminó en una estafa por más de 200 millones de dólares.
“El Gobierno no llega en las mejores condiciones: esto es indisoluble de la cripto estafa, que no hace más que crecer internacionalmente”, apuntó el analista. De acuerdo con el experto, la apelación al FMI en condiciones potencialmente adversas “más que alivio, puede ser un problema”.
“Todavía es una incógnita el impacto de esta decisión en la imagen del Gobierno. El FMI es el organismo con peor imagen pública en Argentina”, apuntó el investigador.
Sputnik 12.03.2025
