️El artículo establece que esas entidades solo son garantes de los daños causados por contenido ofensivo publicado por los usuarios si se niegan a acatar una decisión judicial que ordena la eliminación de ese agravio.
Tal caso comenzó a analizarse en diciembre, pero se suspendió debido a una solicitud de revisión del ministro André Mendonça, quien contó con más tiempo para analizar los casos.
El juicio se reanuda con el voto de Mendonça. En el Supremo se espera que defienda la amplia libertad de expresión y abra una discrepancia con su similar Antonio Dias Toffoli.
Debería ser una votación más larga. Además de Mendonça, siete magistrados aún deben votar.
Otro juez podría solicitar más tiempo para analizar los casos.
El ponente de uno de los recursos, Dias Toffoli, votó a favor de la inconstitucionalidad del Artículo 19.
Argumentó que, en casos de contenido ofensivo o ilegal, como el racismo, las plataformas digitales deben actuar tan pronto como sean notificadas extrajudicialmente.
Es decir, por la víctima o su abogado, sin necesidad de esperar una decisión judicial.
También señaló que, en situaciones graves, las plataformas deben eliminar el contenido incluso sin notificación extrajudicial.
Para Toffoli, si las plataformas digitales no actúan, serán responsables.
El ponente de la otra acción, Luiz Fux, consideró que el Artículo 19 del Marco de Derechos Civiles viola la Constitución.
Al igual que Toffoli, alegó que la eliminación de asunto considerado ofensivo o irregular debe ser inmediata, tan pronto como la víctima notifique a la plataforma.
Precisó que la cuestión que transmita discursos de odio, racismo, pedofilia, incitación a la violencia, defensa de la abolición violenta del Estado de Derecho Democrático y defensa de un golpe de Estado se considerará ilegal.
Las plataformas deben rendir cuentas si no actúan tras una notificación extrajudicial.
De igual manera, las empresas deben crear canales para recibir denuncias de forma confidencial y supervisar activamente el contenido publicado.
Asimismo, el ministro ponente refutó el argumento de que la eliminación de contenido ilegal por parte de las compañías viola la libertad de expresión en Internet.
El último en votar antes de la suspensión del caso, el presidente del STF, Luis Roberto Barroso, propuso que la responsabilidad se exija cuando las empresas no tomen las medidas necesarias para eliminar publicaciones con materia delictiva.
ro/ocs
Prensa Latina 04.05.2025
