COLUMNA: CIBERSEGURIDAD POLÍTICA
POR RAUL FRAGA JUÁREZ
09 junio 2026
La tragedia escolar en México ya tiene un guion predecible, pero la verdadera revictimización ocurre en los escritorios de los Ministerios Públicos, cuando se desconocen la naturaleza, los altos riesgos, o no se otorga la atención que exige el avance del fenómeno que tiene que ver con un complejo ángulo socioeducativo: el de la comunidad incel (acrónimo en inglés de involuntary celibate, o célibe involuntario), algunos de cuyos integrantes han teñido de sangre y luto las aulas en los últimos nueve meses: ocurrió en el CCH Sur el 22 de septiembre de 2025 cuando fue atacado mortalmente un joven estudiante de ese plantel a manos de un “compañero” de escuela; o el asesinato de dos profesoras, perpetrado el 24 de marzo de 2026 en una preparatoria particular del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán—, la maquinaria burocrática se activa de inmediato para reducir el terrorismo ideológico a una simple y cómoda carátula de «homicidio calificado» o «lesiones». Al negarse a tipificar estos actos bajo la lente del odio incel, las fiscalías del país no solo demuestran su analfabetismo tecnológico; se convierten en cómplices por omisión de una especie de insurgencia digital que avanza sin freno en las aulas de la nación.
El problema de fondo es de diseño institucional, agravado por un ecosistema mediático y tecnológico que actúa como caja de resonancia. El sistema de justicia penal mexicano sigue atrapado en el siglo XX, estructurado casi exclusivamente para perseguir delitos con motivaciones tradicionales: el lucro, la disputa territorial del narcotráfico o el arrebato pasional. Las fiscalías carecen de los marcos conceptuales mínimos para procesar un crimen cuya planeación, dogmatismo y justificación ética se gestaron en un foro anónimo de internet y se expandieron gracias a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Al encasillar el ataque de un joven radicalizado como un «brote psicótico» o un mero «incidente escolar», las autoridades judiciales mutilan la realidad y diluyen el componente de fondo: un ataque sistemático, doctrinario y dirigido contra las mujeres.
En esta ecuación de violencia, las redes sociales y sus algoritmos de recomendación operan como la principal correa de transmisión del rencor. Diseñadas para maximizar el tiempo de retención en pantalla mediante la provocación y la polarización, las plataformas comerciales y los foros herméticos empujan de forma pasiva a adolescentes vulnerables hacia cámaras de eco de resentimiento. Lo que inicia como una búsqueda de identidad o una profunda frustración personal es rápidamente capitalizado por comunidades que validan la misoginia radical como respuesta existencial. Las TIC ya no son herramientas neutras; son la infraestructura crítica que permite a una subcultura globalizada colonizar la psique de jóvenes en entornos locales del país.
A este fenómeno se suma la alarmante irresponsabilidad de los medios de comunicación tradicionales y digitales en la cobertura criminal. Al priorizar el morbo y el clic fácil, las notas periodísticas suelen construir narrativas que victimizan indirectamente al agresor —retratándolo como el «joven solitario», «rechazado» o «incomprendido»— mientras exponen de manera explícita sus manifiestos o proclamas de odio. Esta cobertura sensacionalista otorga a los perpetradores el estatus de notoriedad mediática que tanto anhelaban, convirtiéndolos en «mártires» o “referentes” para otros jóvenes en proceso de radicalización dentro de la red. Los medios, buscando la nota del día, terminan redactando el manual de propaganda de la subcultura incel.
Esta ceguera jurídica tiene consecuencias operativas nefastas. Al no clasificar estas agresiones como delitos de odio motivados por la misoginia organizada, se pierde toda capacidad de trazabilidad. No se abren líneas de investigación tecnológica para rastrear los nodos de contagio digital, no se incautan los servidores o canales de mensajería donde se coordinaron los perpetradores, y tampoco se emiten alertas tempranas a las policías cibernéticas. Para las fiscalías, si el autor del crimen no pertenece a un cartel de la droga tradicional, el caso se cierra con el castigo al ejecutor material, ignorando deliberadamente a los autores intelectuales abstractos: los algoritmos radicalizadores, la irresponsabilidad mediática y los foros de odio.
Es urgente que el Poder Legislativo y las conferencias de Procuración de Justicia rompan esta inercia. La tipificación penal debe evolucionar hacia la criminalización del odio ideológico digital y el terrorismo doméstico de baja intensidad. Insistir en que estos jóvenes son simples «lobos solitarios», con problemas de salud mental, es una salida falsa que exime al Estado de su obligación de diseñar una estrategia de ciberseguridad sociopolítica.
Sin embargo, la ley penal no bastará si la industria periodística y las asociaciones de medios de comunicación siguen lucrando con la apología indirecta del delito. Es momento de exigir a los tomadores de decisiones de la prensa escrita, la radio y la televisión un alto inmediato a las narrativas que alimentan el algoritmo del horror. El problema en el ecosisitema digital es todavía de mayores complejidad y desafíos. La autorregulación ya no es un asunto opcional de relaciones públicas; es un deber civil urgente.
Bajo los principios de la Ciberseguridad Sociopolítica y el periodismo con perspectiva de género, se presentan la propuesta de articulado técnico que permita aportar elementos para diseñar un Código de Ética Mediática ante la Violencia de Género Digital e Incel:
I. Principio de No Glorificación y Supresión de Identidad
• Anonimato del perpetrador: Prohibir de manera estricta la difusión del nombre de pila, apellidos, alias digitales o fotografías del agresor. Utilizar únicamente iniciales o referencias genéricas jurídicas.
• Retirada de manifiestos: Vetar la publicación, reproducción parcial, transcripción o enlace directo a manifiestos, videos de despedida, publicaciones en foros o cartas dejadas por el atacante.
• Eliminación de simbología: Evitar mostrar uniformes, insignias, banderas, memes o códigos visuales propios de la subcultura incel o supremacista que el agresor haya utilizado.
II. Encuadre Narrativo y Responsabilidad Social
• Prohibición de la narrativa del «Lobo Solitario»: Desterrar el uso de adjetivos justificadores como «joven tímido», «alumno incomprendido», o «víctima de acoso». Estas descripciones humanizan al victimario y minimizan la naturaleza ideológica del crimen.
• Enfoque en la víctima: Desplazar el foco informativo de la vida del agresor hacia el impacto humano en las víctimas directas, indirectas y la comunidad escolar.
• Evitar el morbo visual: Suprimir imágenes o videos explícitos de los momentos previos, durante o inmediatamente posteriores al ataque en los planteles escolares.
III. Tratamiento Tecnológico de la Información
• Desmitificación del algoritmo: Explicar claramente a la audiencia que la conducta criminal no fue un «brote psicótico fortuito», sino el resultado de un proceso de radicalización inducido por plataformas digitales.
• No publicidad de foros: Evitar mencionar explícitamente las direcciones URL, nombres de canales específicos de Telegram o servidores de Discord donde operan estas células, para prevenir el «efecto llamada» o la curiosidad de nuevos usuarios.
IV. Utilidad Pública y Corresponsabilidad
• Inclusión de canales de denuncia: Toda nota informativa sobre estos eventos debe cerrar obligatoriamente con cintillos que incluyan números de atención psicológica, líneas de denuncia de la policía cibernética y colectivos de apoyo.
• Monitoreo del espacio de comentarios: Obligar a los medios digitales a moderar o cerrar las cajas de comentarios en redes sociales y portales web donde se publiquen estas notas, evitando que se conviertan en espacios de revictimización o apología del delito.
Las asociaciones editoriales del país deben adoptar, de manera inmediata, un código ético estricto bajo cuatro pilares irrenunciables:
• Supresión de la identidad del agresor: Prohibir la difusión de nombres, alias digitales, retratos y, sobre todo, la publicación de manifiestos o cartas de odio que actúan como propaganda de reclutamiento.
• Destierro de la narrativa justificadora: Erradicar calificativos como: «joven solitario» o «incomprendido», los cuales humanizan falsamente al victimario y diluyen el dolo de una doctrina organizada.
• Bloqueo al «efecto llamada»: Evitar la mención explícita de las plataformas, foros de internet o canales de Telegram específicos donde operan estas células, cerrando el paso a la curiosidad mórbida de nuevos usuarios vulnerables.
• Corresponsabilidad digital: Moderar de manera rigurosa o inhabilitar los espacios de comentarios en notas web para impedir que se conviertan en tribunales de revictimización o foros improvisados de apología criminal.
Mientras los fiscales sigan buscando los motivos de la violencia únicamente en las calles, y los medios sigan otorgando minutos de fama a los verdugos de las aulas, la justicia en México llegará siempre tarde. Estará lista solo para levantar los cuerpos, pero permanecerá incapaz de desmantelar la fábrica digital del odio.
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