Otredades/Columna
• En México, la siguiente política de soberanía digital no podrá limitarse a la mera instalación de conectividad; tendrá que formar programadores, investigadores, ingenieros, especialistas en datos, expertos en ciberseguridad y profesionales capaces de auditar algoritmos.
Por José Sobrevilla
Contra el “Sicariato informativo” y el algoritmo que crean, controlan y dominan los programadores norteamericanos, los países de América Latina —especialmente México por su cercanía y/o colindancia con EUA— no tienen otra opción que regular, acelerar y pugnar por una “soberanía digital” que pueda construirse con el talento de los jóvenes aztecas, para recuperar el control de su espacio digital y adecuar las narrativas antes de las próximas elecciones de 2027. Eso deberá ser tarea vital.
El término ‘soberanía digital’, al expresar una transformación fundamental del poder, no pertenece a un único país ni a un solo autor, pero es innegable que constituye uno de los conceptos emergentes más importantes de la geopolítica contemporánea; sus antecedentes se remontan a la década de los noventa, cuando China discutía sobre la soberanía de la información y la ciber-soberanía. A mediados de la década del dos mil, se dio a conocer en Francia, lo que hoy se conoce como ‘formulación europea’, que se fortaleció cuando, en Alemania —posterior a las revelaciones de Edward Joseph Snowden (Elizabeth City, Carolina del Norte, 21/06/1983)—, la Unión Europea la adoptó como parte de su táctica de “autonomía estratégica”, según documenta Oxford Academic – Oxford University Press.
El tema ha evolucionado desde una preocupación por el control de Internet hacia quién controla las infraestructuras, datos, algoritmos, chips, nubes, modelos de inteligencia artificial y los estándares que sostienen las sociedades contemporáneas; en esta nueva forma de competencia geopolítica, los Estados Unidos intentan conservar su liderazgo tecnológico, mientras que China espera reducir su vulnerabilidad y aumentar su capacidad autónoma, mientras Europa espera convertir la regulación, la inversión y la industria en autonomía estratégica.
En México, mientras su conectividad crece rápidamente (104.9 millones utilizaron Internet en 2025; es decir, el 78.3% de los hogares tienen conexión), la infraestructura, las capacidades tecnológicas y la producción de conocimiento siguen distribuyéndose de manera desigual; no obstante, el Gobierno ha reconocido la necesidad de construir autonomía tecnológica, soberanía de datos y capacidades digitales propias.
Es claro que —como tal— “sicariato informativo” no es una categoría jurídica ni una tipología académica consolidada, pero sí se trata de operaciones coordinadas cuyo objetivo no es informar sino desacreditar, intimidar, destruir reputaciones o imponer una narrativa, mediante redes sociales, publicidad digital, cuentas anónimas, bots, medios afines y, cada vez más, la inteligencia artificial. Casos muy concretos puede encontrarlos en “El Sicariato Informativo, el algoritmo su arma letal”, de Juan Ayón y José Sobrevilla, editado por el Club de Periodistas de México, A.C y la revista Voces del Periodista.
La disyuntiva para México —durante 2026-2030— será si la digitalización nacional produce únicamente más consumidores de tecnología extranjera o permite la construcción de capacidades tecnológicas propias; en el primer caso, sería un gran mercado digital, un territorio atractivo para centros de datos y una plataforma de integración tecnológica norteamericana; o bien se podrá convertir en un actor tecnológico regional capaz de desarrollar software, inteligencia artificial especializada, infraestructura digital pública, servicios en la nube, sistemas de ciberseguridad y capacidades científicas propias, si el gobierno pone su empeño.
La soberanía digital mexicana no dependerá de que el país termine fabricando todos sus chips ni de que desarrolle un modelo de IA comparable a los más avanzados del mundo; más bien dependerá de que ninguna dependencia tecnológica externa sea lo suficientemente crítica como para impedir que México tome sus propias decisiones.
En el siglo XXI, en el que datos, cómputo, algoritmos, infraestructura digital e inteligencia artificial predominan, quien carezca de capacidad para gobernarlos tendrá dificultades crecientes para ejercer plenamente su soberanía económica, política, científica y cultural; por ello, la ‘soberanía digital’ ha dejado de ser una discusión exclusivamente tecnológica para convertirse en uno de los grandes problemas de la geopolítica mundial.
SOBERANÍA DIGITAL O PROTECCIONISMO TECNOLÓGICO
La literatura académica coincide —según Springer— en que aún no existe una definición única. Una revisión de 271 artículos científicos realizada por Fratini, Hine, Novelli, Roberts y otros investigadores identifica cuatro grandes modelos de soberanía digital: el basado en derechos, el orientado al mercado, el enfocado en la centralización y el de carácter estatal. Sin embargo, de acuerdo con estos autores, ninguno ha logrado satisfacer simultáneamente las exigencias de regulación, de innovación tecnológica y de adaptación a los cambios geopolíticos y sociales.
Por ello, la soberanía digital debe entenderse menos como una condición absoluta —“tener una tecnología nacional”— y más como “la capacidad efectiva de un Estado, sociedad u organización para decidir, controlar, proteger y desarrollar los recursos tecnológicos estratégicos de los que depende su funcionamiento”.
A partir de junio de 2026, Francia y Alemania establecieron que la soberanía digital era la capacidad de desarrollar, proporcionar, utilizar, adaptar y controlar tecnologías digitales —incluido el hardware— de manera independiente, autodeterminada y segura, de modo que un Estado, una administración o una organización conserve la capacidad de actuar de manera autónoma y tenga la decisión final sobre sus procesos y actividades.
Sus componentes serían la capacidad de decidir dónde se almacenan sus datos, quién los procesa, quién puede acceder a ellos y bajo qué legislación, así como el control o la capacidad de decisión sobre su infraestructura de redes, centros de datos, telecomunicaciones, satélites y sistemas críticos. En cuanto al hardware, la capacidad de acceso a semiconductores, servidores, dispositivos y otros componentes estratégicos. La posibilidad de desarrollar software, auditar, adaptar y sustituir sistemas digitales; la capacidad de desarrollar su inteligencia artificial, entrenar, desplegar y gobernar modelos y sistemas de IA; y en cuanto a gobernanza, la facultad de establecer las reglas bajo las cuales operan las tecnologías, plataformas y algoritmos.
Por tanto, la ‘soberanía digital’ implica capacidad de decisión, control de activos críticos, resiliencia frente a dependencias externas, capacidad tecnológica propia y capacidad regulatoria para evitar confundir la soberanía digital con el proteccionismo tecnológico.
México: el problema ya no es futuro
México ha comenzado a incorporar explícitamente la soberanía tecnológica, al menos en el discurso, dentro de su política pública; el Programa Sectorial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones 2025-2030 (a cargo de José Antonio Peña Merino) ha establecido como objetivo desarrollar tecnología pública y capacidades propias, priorizando la soberanía de datos y utilizando inteligencia de datos para optimizar la función gubernamental y toma de decisiones, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, no sin reconocer los rezagos que enfrenta México en infraestructura tecnológica, capacidades institucionales y análisis de datos.
Según el INEGI, nuestro país ya cuenta con una base social lo suficientemente amplia como para convertir la digitalización en un componente estructural del Estado y de la economía; sin embargo, la distribución continúa siendo desigual. En las ciudades, 88.9% de las personas utilizaron Internet el año pasado, frente al 75.2% en las zonas rurales; la diferencia es considerable entre las entidades: la Ciudad de México, por ejemplo, registró 90.5% de hogares con acceso a Internet, mientras que Chiapas registró 53.9%; Veracruz llegó al 68.3% y Oaxaca al 64%, lo que nos habla de que el país enfrenta una creciente dependencia tecnológica y una capacidad desigual para participar en ella.
La paradoja de la soberanía digital mexicana es que cuenta con una población numerosa, una posición geográfica estratégica, integración industrial con Estados Unidos, una economía manufacturera importante, una creciente población conectada (universidades y centros de investigación), infraestructura de telecomunicaciones y capacidad para atraer inversión tecnológica; pero todavía depende considerablemente del exterior en semiconductores, hardware avanzado, plataformas, nube, modelos de IA, infraestructura crítica, software especializado y propiedad intelectual.
En los próximos años, la soberanía digital mexicana tendrá que definirse en los centros de datos, que no son simples edificios llenos de servidores, sino infraestructuras que requieren electricidad, agua, conectividad, suelo, permisos y seguridad. Al respecto, Rodrigo Ardissom de Souza, investigador del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) y vinculado al Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, difundió en “Internet Policy Review” que los proyectos de centros de datos en América Latina deben analizarse también como cuestiones de soberanía, porque generan dependencias y presiones en torno al agua, la energía y el territorio.
La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión 2025 establece que el Estado ejercerá la rectoría del sector para proteger la seguridad y la soberanía de la nación y garantizará el acceso a Internet de banda ancha y a las tecnologías de la información y la comunicación; además, el Programa Sectorial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones plantea explícitamente: autonomía tecnológica del Estado; protección, soberanía e inteligencia de datos; ciberseguridad; conectividad; interoperabilidad y desarrollo de software público.
El objetivo del Gobierno mexicano es llegar a 2045 con un ecosistema digital soberano, resiliente, inclusivo y centrado en el interés público, según el Diario Oficial de la Federación, lo que indica que la soberanía digital ya no es solo una categoría académica en México, sino que se está convirtiendo en una política pública.
En junio de 2026, la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma constitucional relacionada con los derechos digitales, la soberanía tecnológica y la educación en inteligencia artificial, que contempla principios como la alfabetización digital, el pensamiento crítico, la transparencia algorítmica y el derecho a conocer los criterios de las decisiones automatizadas que afecten derechos. Aunque se trata de una iniciativa y no de una reforma constitucional vigente, demuestra hacia dónde se dirige el debate.
Probable impacto en México durante 2026-2030
Se identifican cinco tendencias: la primera es que la soberanía digital será una prioridad de Estado, y el Programa Sectorial 2025-2030 establece como objetivo que, durante los próximos años, la inversión pública en infraestructura, software, datos, identidad digital, interoperabilidad y ciberseguridad experimentará un notable aumento. La presión para desarrollar tecnología nacional aumentará; la dependencia de las plataformas, la nube, los chips y los modelos extranjeros será cada vez más visible, aunque es poco probable que México pueda producir de forma autónoma todos los componentes. La estrategia más viable será desarrollar capacidades nacionales en sectores con ventaja comparativa: software público, aplicaciones industriales, IA especializada, servicios digitales, ciberseguridad, integración tecnológica y procesamiento de datos.
Sin duda, México será afectado por la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, y esta será probablemente la variable geopolítica más importante, porque México está profundamente integrado a Estados Unidos, pero, simultáneamente, mantiene relaciones comerciales crecientes con China. Si aumentan las restricciones estadounidenses a las tecnologías avanzadas, México tendrá que equilibrar la integración económica con Estados Unidos frente a la diversificación tecnológica y comercial; entonces, la soberanía digital mexicana dependerá de su capacidad para evitar quedar atrapada entre dos ecosistemas tecnológicos incompatibles.
La importancia de los centros de datos aumentará; la expansión de la IA exigirá más capacidad computacional, lo que puede convertir a México en un territorio estratégico para la infraestructura digital norteamericana, pero también puede generar nuevas formas de dependencia si el país sólo aporta territorio, energía, agua y conectividad, mientras que las decisiones, los datos y la propiedad intelectual permanecen fuera del país.
La tendencia será que la brecha digital cambiará de naturaleza. La primera era tener o no tener Internet, pero la siguiente será tener la capacidad de utilizar inteligentemente los sistemas digitales y la IA. No olvidar que tenemos ya 104.9 millones de usuarios de Internet, pero sólo el 38.1% de las personas de seis años y más utilizan computadora o tableta (ENDUTIH 2025); por tanto, la política de soberanía digital no puede limitarse a la conectividad; tendrá que formar programadores, investigadores, ingenieros, especialistas en datos, expertos en ciberseguridad y profesionales capaces de auditar algoritmos.
¿Cómo se vería afectada nuestra vida cotidiana? En que se podrá determinar dónde se almacenan los expedientes médicos; quién procesa la información fiscal; cómo se utilizan nuestros datos biométricos; quién controla la identidad digital; cómo funcionan los sistemas de seguridad; cómo se utilizan los algoritmos en programas sociales; cómo se determina el crédito; la forma en que se seleccionan candidatos laborales; cómo funcionan las plataformas electorales; qué información recibe cada ciudadano; cómo se combate la desinformación, y quién controla las infraestructuras críticas.
Por ello, la soberanía digital no debe interpretarse únicamente como un asunto de Estado; también es una cuestión de derechos de los ciudadanos. Una arquitectura digital soberana deberá garantizar simultáneamente la autonomía tecnológica y los límites al poder estatal y corporativo. De lo contrario, podría producirse una paradoja: sustituir la dependencia de plataformas extranjeras por una dependencia excesiva de sistemas estatales opacos.
Principales fuentes consultadas
• Cong, Wanshu & Thumfart, Johannes (2022), Global Studies Quarterly: investigación histórica sobre los antecedentes chinos de la soberanía digital y los conceptos de “soberanía de la información” y “ciber-soberanía”. (OUP Academic)
• Pohle, Julia (2024), Policy & Internet: análisis crítico de los orígenes y usos políticos del concepto. (DOI)
• Fratini, Samuele et al. (2024), Digital Society/Springer Nature: revisión sistemática de 271 artículos científicos y clasificación de los principales modelos de soberanía digital. (Springer Link)
• Parlamento Europeo (2020), Digital sovereignty for Europe. (Parlamento Europeo)
• Comisión Europea (2026), paquete de soberanía tecnológica europea: semiconductores, nube, IA y código abierto. (Digital Strategy)
• Gobiernos de Francia y Alemania (2026), Franco-German Joint Paper on Digital Sovereignty. (Direction générale des Entreprises)
• Stanford HAI, AI Index 2026: inversión mundial en IA, competencia tecnológica y soberanía de la IA. (Stanford HAI)
• INEGI, ENDUTIH 2025: conectividad, usuarios de Internet y brechas digitales en México. (INEGI)
• Gobierno de México, Programa Sectorial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones 2025-2030: autonomía tecnológica, soberanía de datos e infraestructura digital. (Sidof)
• Diario Oficial de la Federación, Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (2025). (Sidof)
• Ardissom de Souza, Rodrigo (2025), Internet Policy Review: centros de datos, energía, agua y soberanía digital en América Latina. (Policy Review)
