CC BY 2.0 / Jaybee Bondoc / Spanish Apartments
El Gobierno de España presento una serie de medidas para fortalecer el derecho a la vivienda asequible y enfrentar una crisis inmobiliaria que afecta a una importante parte de la población con altos precios en rentas y compra de viviendas.
Como parte de una mejora regulatoria en pisos turísticos y compra de extranjeros, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció el 13 de enero un impuesto punitivo de hasta 100% sobre la propiedad inmobiliaria que se aplicaría a los ciudadanos extracomunitarios no residentes en el bloque de la Unión Europea.
“Se va a limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. En concreto, se incrementará la carga fiscal que tendrán que pagar en caso de compra hasta el 100% del valor del inmueble, en línea con países como Dinamarca o Canadá”, explico el Gobierno español en un comunicado.
“Occidente se enfrenta a un desafío decisivo: no convertirse en una sociedad dividida en dos clases, la de los propietarios ricos y los inquilinos pobres”, expresó Sánchez.
“Estamos frente a un problema grave, de enormes implicaciones sociales y económicas, que exige de una respuesta decidida del conjunto de la sociedad, con las instituciones públicas en primera línea”, enfatizó.
El mandatario también anuncio que el Ejecutivo llevará al Parlamento una reforma fiscal para que los pisos turísticos “tributen como lo que son: un negocio”, impulsando en el marco de la nueva directiva europea sobre el IVA la aplicación de una fiscalidad al alquiler turístico que lo equipare al de otras actividades económicas.
Dentro de las medidas anunciadas, se informó que la Administración General del Estado acaba de transferir más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada Empresa Pública de Vivienda que se utilizarán para construir miles de viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible.
Sobre ese tema, Sánchez recordó España tiene solo un 2,5% de vivienda pública, muy por detrás de Estados miembros como Francia (14%) o Países Bajos (34%), debido a que muchas viviendas protegidas pasaron al mercado libre y dejaron de cumplir su función social.
Sputnik 14.01.2025
