La eutanasia vuelve al debate en México con una marcha que exige muerte digna y plantea dilemas legales, médicos, éticos y religiosos.
Una marcha inusual, podría afirmarse incluso que inédita, sorprendió a la gran mayoría de los mexicanos este fin de mes cuando decenas de personas, al grito de «¡mi cuerpo, mi vida!», se dirigieron desde la Avenida Juárez al Palacio Presidencial en el Zócalo capitalino para exigir al gobierno que apruebe la eutanasia.
México, país religioso en el que se mezclan el sincretismo católico hispano con el panteón náhuatl o indígena, y ambos con el protestantismo importado de los vecinos del norte y el yoruba o santería, a pesar de una escasa población afromexicana, se encuentra entre la aplastante mayoría de los que rechazan la eutanasia.
Siendo una nación con una interpretación muy propia y probablemente única de la muerte, la cual no simboliza el fin de la vida, sino el pase del alma a otra dimensión y, por tanto, se festeja, aunque se llore a lágrimas vivas a quien se va de la familia, los mexicanos no se habían expresado públicamente respecto al controvertido y debatido problema del derecho a lo que también se le conoce como fallecimiento digno o asistido.
Lo que muchos no saben es que la eutanasia está oficialmente aprobada solamente por 11 países, es decir, el 5,7 por ciento de los 193 registrados en las Naciones Unidas, lo cual es una evidencia muy palpable del gran rechazo que genera, ya en los gobiernos o en los pueblos, la muerte asistida.
Y en México, un grupo de personas, incluidos familiares de enfermos terminales o incurables, salió a las calles para pedirle al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que se una a ese pequeño núcleo de naciones que consideran a ese tipo de eutanasia un derecho humano, y presente una moción al Congreso para que sea debatida y aprobada.
Los manifestantes entregaron al Congreso y al gobierno capitalino, así como a la Presidencia de la República, resultados de encuestas y de una consulta impulsada por la Secretaría de Salud, para que se legisle en esta materia en los ámbitos federal y local.
Samara Martínez, quien enfrenta insuficiencia renal crónica terminal y lleva años solicitando muerte asistida, es la impulsora de la Ley Trasciende, como la denominan; hizo una aclaración de principio al sostener que con la legislación propuesta no se pretende impulsar la muerte, sino humanizarla.
Ella explicó la propuesta desde su punto de vista personal como paciente, al argumentar que la ley defendida lo que busca es despenalizar y legalizar la ayuda médica para morir a través de la eutanasia, un proceso médico indoloro, que se solicita expresamente a quien tiene una enfermedad crónica y degenerativa en una etapa avanzada, un padecimiento que sea amenazante para la salud.
Por supuesto que el asunto es más complejo y tiene muchas aristas que explican por sí mismas por qué la mayoría aplastante de los países la rechazan. La eutanasia por la que abogan es más compleja y va más allá de la enfermedad crónica o degenerativa.
Pero antes, citemos los motivos por los cuales México no la ha legalizado, y puede servir de ejemplo a los demás países que lo imitan.
En primera instancia, para legalizarla habría que empezar por reformar la Constitución, en particular su artículo 166 bis 21 de la Ley General de Salud, que no solo la prohíbe expresamente, sino que la tipifica como auxilio o inducción al suicidio, lo cual ya convierte tal decisión en un conflicto de conciencia, más allá del que genera la religión, tanto el catolicismo como el cristianismo, pues ambos consideran que Dios es quien otorga la vida y el único que la quita.
Además, en México está vigente lo que se denomina restricción jurídica federal, es decir, una facultad que prohíbe el acto deliberado de terminar con la vida de un paciente, y hay conflictos prácticos de competencia entre las normas locales y federales, más allá de las morales y religiosas.
Aclarado ese asunto legal, estos son los 11 estados que la aprueban: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, España, Nueva Zelanda, Ecuador, Portugal, Uruguay y Australia. Todos tienen legislaciones y argumentos específicos y muy estrictos para otorgar una aceptación de solicitud que, en sentido general, es rechazada en un alto porcentaje.
Hay dos tipos de eutanasia: la del dolor físico (enfermedades terminales o sin cura) y la del dolor espiritual, no físico. Pero esa primera, la de dolor corporal, tiene numerosas aristas, como son la activa, la pasiva, la indirecta e incluso la que titulan suicidio asistido.
La del dolor espiritual es más compleja, pues implica privar de la vida a una persona sana física y mentalmente, sin atisbo de enfermedad ni con posibilidades de que a corto o mediano plazo pueda adquirir un mal que acabe con ella.
En estos casos hay un doble conflicto de conciencia: el de la persona que desea morir, pero que sus valores morales, éticos o religiosos no le permiten suicidarse y acuden a una muerte digna, asistida, alejada de la autoinmolación, y el del jurado integrado por médicos, psicólogos, psiquiatras, abogados y sociólogos, que deben otorgársela.
En ambos casos, la de dolor físico y la de dolor espiritual, en teoría están consideradas un derecho humano, pero eso no resuelve el conflicto de conciencia que se genera, en especial la espiritual o sufrimiento.
Los únicos países que tienen aprobada este tipo de muerte asistida son Holanda y Bélgica, con la salvedad de que hay una tendencia muy fuerte a negarla entre los profesionales que deben decidir privar de la vida a una persona llena de vitalidad física y mental.
Es conocido que en la gran mayoría de los países del mundo la eutanasia activa sigue estando prohibida y tipificada como delito en sus códigos penales. Pero es mucho peor y complicado en la del sufrimiento. Quizás esa sea una explicación de por qué ha aumentado tanto el índice de suicidios en el mundo.
Para muchos especialistas, el asunto ha dejado en alguna medida de ser atinente solo a la ciencia, y deriva hacia lo humano y lo legal, y crea un tremendo conflicto casi tan dramático como la persona que la pide. Al respecto surgen muchas interrogantes, algunas válidas también para la eutanasia por dolor físico.
¿Qué pasa cuando la ciencia puede curar el cuerpo, pero lo que quiere morir es el alma? Si alguien posee una salud perfecta, ¿es el dolor espiritual un motivo suficiente para reclamar el fin de su vida?
¿Tenemos el derecho de convertir la salud perfecta en una cárcel cuando el alma ya no quiere habitar el cuerpo? ¿Eso implica que debemos aceptar adelantarle la muerte a una persona lúcida y sin más problemas que un gran sufrimiento por la desaparición de su familia? ¿Es la eutanasia un derecho humano cuando el dolor no es físico, sino existencial?
¿Y qué pueden pensar y recomendar los psicólogos, psiquiatras, médicos especialistas, abogados que tienen la dramática responsabilidad de determinar al respecto, cuando saben que el suicidio es un acto de desesperación, pero la eutanasia, en este caso, es un acto de coherencia ética y moral?
¿Se sentirán culpables de arrebatar una vida a la vida, agregar una muerte tal vez innecesaria a la muerte? ¿Acaso el médico no estudió para salvar vidas, nunca para acabar con ellas?
¿Es la eutanasia un derecho humano cuando el dolor no es físico, sino existencial?
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