Para quienes gustan de los thrillers, es recomendable que sigan el que protagonizara el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, cuando no lo defenestraron del cargo esta semana por 211 votos contra 204, aunque debe de estar nervioso porque la bola sigue rodando y esas curules republicanas de más, se reducirán en enero a 167 y los que lo quieren expulsar sumarán 255.
Lo más natural es que se vuelva a promocionar otro juicio político contra él y van a variar mucho los resultados. Hegseght será el estreno o la prueba inicial de que la derrota de Donald Trump es más sustantiva que lo admitido por él, aunque pretende restarla con su estrategia de dar una imagen más dura y radical que la mostrada hasta ahora.
Sus cambios internos para reacomodar a su equipo de ultraconservadores más salvajes en cargos claves, como Stephen Miller, pieza fuerte de Elon Musk y terror de los migrantes, a quien puso al frente de su gabinete, son un mensaje claro de que cualquier cosa puede ocurrir en este período final del actual congreso hasta el 3 de enero, cuando se hará efectiva la reducida minoría de su partido en las dos cámaras.
Ya lo está demostrando con sus nuevas amenazas arancelarias a México, más graves intimidaciones a Irán a pesar de haber comentado que fue, en su criterio, la principal causa de su derrota en las elecciones intermedias del 3 de noviembre, y la renovada intimidación a Cuba de una acción militar contra la isla.
El hecho de que haya sido el congresista republicano Thomas Massie quien presentó la propuesta, imputándole a Hegseth ocho cargos gravísimos, podría estimarse una evidencia de que el proceso de juicio político contra el secretario no se detendrá, aunque dependerá de la integridad moral y ética de los nuevos legisladores que no se limite solo a él y llegue hasta Trump.
Ese es el serio contexto de la escalada ultraconservadora del trumpismo, y por ello hay que estar muy alerta.
Por tanto, no se puede exagerar el entusiasmo por la aplastante derrota de Trump en el legislativo, que es también la de Musk y los demás multimillonarios que ostentan el poder real en el gobierno, la nueva máquinaria de hacer montañas de dinero.
Recordemos que en Estados Unidos ya no existe el bipartidismo tradicional, sino que ambas partes se fragmentaron como una sociedad dividida en clases, en la que las megaburguesías de ambos bandos se han agrupado atraídas por intereses comunes de poder y el imán ha sido la riqueza y la ambición.
En el otro extremo quedaron los remanentes desechables de cada partido sin mucho pegamento ideológico, pues hay entre ellos desde socialdemócratas y socialcristianos hasta católicos, protestantes, libres pensadores e incluso algunos que se creen marxistas.
Una izquierda o progresismo muy dividido, identificado casi exclusivamente por el castigo recibido desde un gobierno que es expresión directa de un sistema socioeconómico en crisis y descontrolado.
Estos últimos fueron los ganadores del 3 de noviembre, el martes fúnebre de Trump, y no el partido Demócrata, y es cuestionable su fortaleza para enfrentar un fuerte oleaje de ultraconservadurismo porque va a depender en gran medida de la espontaneidad, como está ocurriendo en Francia, España y otros países europeos.
Desde el punto de vista de la estructura partidista de las elecciones en EEUU y de la institucionalidad de ese país, armado a retazos, cocido a mano a sangre y fuego desde las 13 colonias, no se podría decir que la derrota descomunal de Trump, de sus secretarios y de los multimillonarios, es el ábrete sésamo para equilibrar la correlación de fuerza interna como se necesita para limpiar toda la basura gubernamental y administrativa trumpista.
Tampoco para retorcerle el brazo a Trump y mandarlo a la cárcel con sus secuaces, aunque sea octogenario, porque los instrumentos institucionales que auspician y resguardan a la clase en el poder siguen intactos, y le da margen para gobernar por decreto, como ha dicho al autonombrarse el Sr. Veto, aun cuando en una maniobra táctica rectificó y dijo que cooperará con el nuevo congreso.
Hasta qué extremos de rectificación y enfrentamiento a la Casa Blanca llegarán los nuevos legisladores, es una buena pregunta, pero será necesario escudriñar a cada legislador y senador individualmente a fin de conocer sus tendencias y compromisos con sus donantes para tener una visión más o menos creíble del futuro inmediato del nuevo congreso.
Es que son ellos quienes determinarán cómo será todo a partir de enero de 2027: si parecido a lo que está ocurriendo en Europa con las calles incendiadas, desbordadas por miles de descontentos porque se siguen desconociendo los intereses de las masas, o más colmadas aún de gente festejando y emborrachándose de alegría porque los nuevos “padres de la patria” tuvieron el coraje de sacar del gobierno a sus verdugos.
A la gente que votó por la renovación no le quedó de otra que votar por los demócratas, pues el sistema electoral estadounidense, de hecho, no le deja otra alternativa. Es una “deocracia”, no democracia. Seguramente habrá mucha tensión porque sabe que no está representada en las curules, aunque la mayoría de quienes pongan allí sus traseros en enero de 2027 lo harán gracias a ellos.
¿Por qué debe estar atenta? Bueno, la mayoría trumpiana del viejo congreso acaba de abortar un intento de impeachment al secretario de Guerra, Pete Hegseth, otro narcisista siempre al borde del abismo, que ha despedido a un montón de generales y cometido crímenes de guerra.
Fijémonos en la naturaleza de los cargos que se le imputaron y, sin embargo, sus defensores ganaron por esta vez la votación. Enumerémoslos:
1. Guerra no autorizada contra Irán: Haber lanzado y mantenido una campaña militar contra Irán sin la debida autorización del Congreso, infringiendo los límites establecidos por la Ley de Poderes de Guerra de 1973.
2. Incumplimiento de resoluciones del Congreso: Ignorar de forma deliberada medidas y mandatos legislativos que exigían poner fin a las hostilidades en el conflicto con Irán.
3. Prolongación ilegal de la guerra: Extender las operaciones bélicas más allá de los plazos legales permitidos sin un aval formal del poder legislativo.
4. Debilitamiento de la protección a civiles: Desmantelar o pasar por alto mecanismos de control diseñados para minimizar las bajas civiles en los teatros de operaciones (lo que la acusación relacionó con incidentes graves con víctimas infantiles, como el ataque a una escuela).
5. Ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico: Autorizar ataques con fuerza letal contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, catalogándolos como operativos al margen de las garantías judiciales y del derecho internacional aplicable.
6. Represalias políticas: Intentar tomar represalias o sancionar al senador demócrata —y veterano de la Marina— Mark Kelly, luego de que este recordara públicamente el derecho y deber de los militares de rechazar órdenes ilegales.
7. Secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores al ordenar el operativo de incursión y captura, calificándolo de acción militar ejecutada al margen del Congreso y motivada por intereses geopolíticos y energéticos.
8. Ataques en Yemen mediante bombardeos no autorizados contra objetivos de los hutíes, que también derivaron en un alto número de víctimas civiles.
Si se detalla cada uno de los 8 cargos, ninguno, en absoluto, es de su exclusiva responsabilidad, pues en la estructura militar amparada por la Constitución, es obvio que un secretario no puede tomar por sí mismo tales decisiones si no están avaladas, confirmadas y autorizadas por el Comandante Jefe
En los ocho cargos está la mano negra y peluda de Trump, que es quien firma el úcase, pues Hegseth, como parte del gabinete presidencial, no tiene autonomía para iniciar por cuenta propia una guerra ni para tomar decisiones estratégicas que comprometan la paz del país.
La presentación en el legislativo de juicio político a Hegseth para destituirlo parece una pantomima. Todo se resume en lo siguiente: como no es un juicio penal ordinario por crímenes de guerra, sino un mecanismo político de destitución regulado por la Constitución, el Congreso no evalúa la tipificación penal clásica como haría un tribunal de justicia, pues se limita al análisis del quebrantamiento de la «confianza pública» y otras minucias legales.
Su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad tipificados en las normativas de Nuremberg, no fue tomada en cuenta, y ni siquiera se debatió sobre crímenes de lesa humanidad, sino estrictamente la disputa entre el Legislativo y el Ejecutivo, no por un crimen, sino si hubo violación de los mecanismos del uso de la fuerza armada.
¿Qué hizo el Congreso dominado por Trump? Se amparó en aspectos dogmáticos de la ley, no en el elemento argumental que debe tomar en cuenta un jurado si el juicio fuese civil y no político.
El Derecho Civil y el Consuetudinario no amparan ni eximen de pena a ningún cargo subordinado que, conscientemente, haya aceptado y cumplido una orden superior que implica asesinar personas, destruir ciudades, cometer genocidio y otros delitos, incluso de conciencia, como estipulan los principios de Nuremberg aplicados a los criminales de guerra nazifascistas.
El Congreso dominado por Trump se alejó conscientemente del criterio sustancial en la ley, que es condena penable por la comisión del crimen perpetrado en cumplimiento de una orden superior por encima del nivel del cargo del secretario, que pudo ser rechazada.
En ese sentido, Trump hundió a Hegseth al jactarse públicamente de haber ordenado personalmente el asesinato del ayatolá Alí Jamenei y 43 altos líderes iraníes, ofrecer 50 millones de recompensas por la muerte o captura del presidente Nicolás Maduro, ambas misiones ejecutadas por Hegseth a través de sus comandantes.
Por supuesto que, en un tribunal penal internacional o de derecho consuetudinario de guerra (bajo la doctrina de los Principios de Núremberg), el argumento de que «solo se cumplían órdenes superiores» queda totalmente invalidado, y la responsabilidad penal recae de manera directa sobre quien la imparte y quien la ejecuta, o avala materialmente el crimen, sin importar que ocupe un cargo subalterno o de jefatura, como el presidente del país.
En este caso, el congreso que domina Trump obvió el delito de conciencia porque también recaería responsabilidad penal sobre el presidente de la nación por sus órdenes mortales y de los congresistas al no impedir, denunciar ni oponerse a los puntos 1, 2 y 3 de los que se acusa a Hegseth.
Los congresos, pero en particular este de Donald Trump, en general no actúan como un tribunal de justicia imparcial, sino como un cuerpo político altamente partidista, y esto lo sigue demostrando el caso ilegal del secuestro y juicio al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro.
La gran pregunta para cerrar: ¿Qué hará el nuevo congreso en el caso de Venezuela, cuando hay tantas pruebas y evidencias de las terribles barbaridades cometidas por el gobierno de Trump para robarse un petróleo ajeno que, como acaba de revelar la agencia británica Reuter, ya estaba vendido por el vicepresidente JD Vance desde antes de la invasión? Ojalá que el caso de Hegseth sea la última milla del autoritarismo en Estados Unidos.
Tomado de Alma Plus https://www.almaplus.tv/articulos/53242/hegseth-y-la-%C3%BAltima-milla-del-autoritarismo-legislativo-de-e
