Nuevo congreso de EEUU ¿impactará en el juicio a Nicolás Maduro? (2 final)

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    Para el mundo entero es muy importante reflexionar sobre el caso de Venezuela y el secuestro de su presidente constitucional, Nicolás Maduro, porque todo lo sucedido por la vía militar sin declaración de guerra y agresión mortal con violación de la soberanía, apunta a crear precedentes de connotación incalculable y perjudicial para todos.

   Venezuela puede ser una patente de corso perfecta para dejar campo libre a la dictadura tumpiana en su actuar de forma violenta en cualquier lugar del mundo, pero en especial en los países petroleros, ricos en tierras raras, y en el hemisferio occidental, que ya considera propiedad particular.

    De aquí al 3 de enero de 2027 cuando asume el nuevo congreso, pueden suceder muchas cosas, aunque hay que tener esperanzas de que la Jueza Federal del Distrito Sur de Nueva York, Analisa Torres, sea consecuente con su ética y moralidad y no se deje arrastrar por el autoritarismo de Donald Trump y sus millonarios.

    Es muy cierto, sobre todo en el caso específico de Estados Unidos, que las mayorías parlamentarias no pueden asumir el papel del Poder Judicial ni de sus órganos de impartición de justicia, pero sí influir en que los tribunales respeten el debido proceso y actúen apegados a la ley, la moral y la ética.

   Sobre todo, que sean justos y observen la relatividad de la jurisprudencia que, muchas veces, no es sinónimo de lo que se juzga, como en este caso con las capturas del panameño Manuel Antonio Noriega y el mexicano Álvarez Machaín, que se pretenden aplicar a Maduro mediante los principios ilegítimos de la doctrina Ker-Frisbie, ya explicada.

    Un congreso controlado por legisladores demócratas o fuerzas críticas a la autocracia desbordada de Donald Trump, puede ejercer una estricta supervisión de las operaciones militares ejecutadas por el Pentágono cumpliendo órdenes del Ejecutivo, y determinar, al menos en su instancia legislativa, la ilegalidad y responsabilidad penal que en realidad tiene el ataque militar a Venezuela.

  Lo perpetraron asumiéndolo como una batalla contra el narcotráfico, precedida por un descomunal despliegue militar en el Caribe y el hundimiento de numerosas lanchas, sin demostrar jamás que se trataba de traficantes de drogas, y sin dejar testigos porque todos sus tripulantes, absolutamente todos, fueron asesinados.

   El propio Trump, sin pudor alguno, confesó públicamente a la prensa en numerosas ocasiones el verdadero objetivo del secuestro y del hundimiento de lanchas: el petróleo y las tierras raras venezolanas, de cuyo robo se vanagloria.

   Solo algunas muestras de ese prontuario en el cual revela el objetivo real del ataque y secuestro: Ceremonia Nacional del Día de los Veteranos, 11 de noviembre de 2026. «Estamos extrayendo de Venezuela miles de millones de dólares en petróleo porque al vencedor pertenecen los despojos».

   A los periodistas en el Air Force One el 27 de octubre de 2026, Base de la Fuerza Aérea:

«Tomaron Venezuela con éxito, y se envió un cargamento de un millón de barriles de petróleo como regalo para Estados Unidos».

    Declaraciones presidenciales tras la firma del acuerdo NABEP, el 30 de agosto de 2026 en la Casa Blanca: «Hemos logrado el pacto como el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial, asegurando que se está recuperando el petróleo y que se reembolsará cada dólar gastado».

    Rueda de prensa en la Casa Blanca 5 de agosto de 2026, Sala de reuniones de la Casa Blanca: «hay una extracción masiva de barriles de petróleo bajo el principio de que al vencedor pertenecen los despojos para reducir los costos energéticos nacionales».

   Es suficiente para despejar dudas sobre el objetivo real del secuestro. No por gusto en el intento de impeachment fallido contra el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en los cargos presentados por el congresista republicano Thomas Massie, figura entre los puntos de la acusación, lo que hemos afirmado.

5.- Ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico: Autorizar ataques con fuerza letal contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, catalogándolos como operativos al margen de las garantías judiciales y del derecho internacional aplicable.

7.- Secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores al ordenar el operativo de incursión y captura, calificándolo de acción militar ejecutada al margen del Congreso y motivada por intereses geopolíticos y energéticos.

   Es decir, de alguna manera la jueza tendrá conocimiento de la razón verdadera del por qué Maduro y Flores están en su tribunal y creará en ella un conflicto de conciencia porque su ética es muy diferente a la del fiscal que actúa impulsado o presionado por intereses bastardos del presidente y de los secretarios de Estado y de Guerra.

    Esta sesión del 17 de diciembre no estremecerá al congreso republicano actual, pero es probable que sí lo haga con el entrante el 3 de enero de 2027 y actúe en favor de los nuevos aires, porque están allí gracias a un pueblo que condena la impunidad y la autocracia trumpiana.

   Los nuevos “padres de la patria” deberían recordar y ser consecuentes de la calidad del voto, no a favor del Partido Demócrata, sino contra Trump y el actual sistema imperante, incluido el de la justicia y el propio legislativo.

    El pueblo estadounidense no permitirá, seguramente, que el caso Maduro se convierta en otro precedente para legalizar la injerencia en todas sus formas, el robo, la expropiación a la fuerza y el derribo de gobiernos extranjeros.

   Tampoco que siga estropeando y debilitando la seguridad jurídica de EEUU al trasladarla al Ejecutivo, ni dejar que un juicio penal se convierta en un lastre diplomático para la nación.

    De todas formas, aunque el Poder Judicial defienda su jurisdicción, si hay una firme posición del nuevo congreso en el ilegal caso Maduro, tendrá que admitir que el proceso no es un mero expediente criminal ordinario, sino la materialización de un conflicto geopolítico donde la fuerza y las definiciones políticas de Washington no deberían de seguir imponiéndose por encima de los consensos tradicionales del derecho internacional.

    Aquí queda claro que la dimensión legal es solo la superficie de una estrategia de fuerza geopolítica profundamente arraigada por una descarrilada intención de enriquecimiento y dominio regional que no debe de permitirse, e impedir el resurgimiento de las posiciones extremas y criminales de la doctrina Monroe, un cadáver putrefacto que la historia ya había enterrado.

   Con Venezuela, Trump ha erosionado más visiblemente los principios de Inmunidad Soberana que en Irán, porque allá fracasó, fue derrotado, no pudo robar y se ha limitado a alardear de una fortaleza que no posee. En Venezuela, en cambio, se jacta de haberlo logrado sin tener que enfrentar una resistencia como la persa o la que hacen los cubanos frente al bloqueo genocida.

   El otro precedente que marca el caso Maduro está relacionado con una judicialización de la política exterior inadmisible, mediante el uso de tribunales internos de EEUU para dirimir conflictos creados o inducidos, disfrazados de seguridad nacional. Es decir, en el juicio de Nueva York se está redefiniendo el concepto de soberanía y hay que salirle al paso.

   Eso significa que, a partir de la captura de un jefe de Estado en funciones, Estados Unidos no requerirá de una declaración de guerra formal ni resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, ni autorización de su congreso para hacer cualquier barbaridad. Basta con una acusación emitida por un jurado federal por narcotráfico, para autorizar capturas fuera de su territorio geográfico. Es jurisprudencia imperialista.

   Si el juicio continúa como exige Trump, y lo refuerza añadiendo cargos inventados a Maduro y Flores, se corre el enorme riesgo de que este caso determine si el sistema global convalidará la primacía de la fuerza interna estadounidense sobre las normas elementales de la diplomacia internacional. Eso afectaría al mundo entero, y no solo a América Latina y el Caribe.

   ¿Qué puede hacer el nuevo congreso? Pues iniciar debates, investigaciones y aprobar resoluciones sobre la constitucionalidad y legalidad de la operación militar que capturó a Nicolás Maduro, aunque no tenga autoridad legal ni constitucional para ordenar o pedir directamente la suspensión o el sobreseimiento del juicio penal.

    También adoptar resoluciones para declarar que la incursión en Caracas del 3 de enero de 2026 violó la Constitución al ejecutarse sin autorización previa del Legislativo o movilizar a los comités de Relaciones Exteriores, Fuerzas Armadas y Justicia para activar juicios políticos a funcionarios del Ejecutivo como el ya fracasado a Hegseth por violaciones de la legalidad interna e internacional de la captura.

   Tal vez pudiera someter a examen la doctrina Ker-Frisbie en los tribunales de EE UU, plantear su eliminación o reforma tomando como base que es una ley incompatible con el derecho internacional y consuetudinario.

   Aunque no sea jurado, el congreso puede hacer una evaluación de pruebas de carácter político, no judicial, aprovechando las numerosas etapas procesales que aún restan hasta junio de 2027, fecha fijada para el juicio.

  Quizás el nuevo congreso —si está interesado en verdad de que se haga justicia— podría buscar alguna salida para derribar las trabajas jurídicas y lograr que lo establecido entre la separación e independencia de poderes no aplica en el caso de Maduro porque el juicio fue impuesto por el Ejecutivo violando la ley de poderes, y cometiendo delito de impunidad, aunque se alegue delito de conciencia en el Poder Ejecutivo.

    Aun así, el nuevo congreso puede argumentar formalmente, según la ley, que el Ejecutivo cometió un acto ilegítimo, abusó de su autoridad y violó la soberanía de otra nación e iniciar procesos de impeachment a los encartados.

    Pero, sobre todo, apoyar a la defensa si pide acogerse a las excepciones de la doctrina Ker-Frisbie y apelar a una excepción histórica conocida como el precedente Toscanino la cual establece que, si la captura en el extranjero implicó una conducta gubernamental «extremadamente impactante, brutal u ofensiva al sentido de la justicia», el juez federal sí tiene la potestad de desestimar los cargos y ordenar la liberación o repatriación del reo. Ese es el caso de Maduro.

   En resumen, aunque los tribunales son los que deciden, el legislativo puede ejercer una gran influencia en el giro del proceso y la determinación de los jueces, si sus argumentos sobre la violación institucional por parte del Ejecutivo son convincentes y guardan relación coherente con los argumentos de la defensa y la ausencia de pruebas que justifiquen una condena.

   Quién sabe si el congreso demuestra que es un representante real del pueblo y logra influir en un sobreseimiento del caso y una repatriación a Venezuela libre de cargos de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

   Claro, si fuese verdad que regresasen, encontrarían a una Venezuela muy diferente a la que dejaron hace un año, y con acuerdos petroleros y militares con EEUU que el chavismo, el bolivarianismo y él, jamás hubiera firmado.

   Al menos, el mundo respiraría tranquilo porque se le impediría a Trump tomar el cao Maduro como precedente para crear jurisprudencia y repetir con mayor impunidad todavía, sus ordenanzas de asesinatos de líderes políticos y religiosos, y el hundimiento de pequeñas lanchas que aun nadie verifica que fueran de narcotraficantes, y guerras injustas y abusivas para enriquecerse matando gente.

https://www.almaplus.tv/articulos/53531/nuevo-congreso-de-eeuu-impactar%C3%A1-en-el-juicio-a-nicol%C3%A1s-madu

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