A consulta popular del pueblo de México
Mouris Salloum George
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fue presentado como una nueva etapa de modernización económica para América del Norte. Bajo el discurso de la competitividad, la integración y el crecimiento, se prometió estabilidad para las inversiones, empleo y desarrollo para México. Sin embargo, detrás del lenguaje técnico y diplomático, persiste una pregunta incómoda: ¿el T-MEC representa realmente soberanía económica o una nueva forma de dependencia estructural?
México ocupa dentro del tratado una posición profundamente desigual. Mientras Estados Unidos conserva el control financiero, tecnológico y militar de la región, nuestro país continúa funcionando principalmente como proveedor de mano de obra barata, ensamblaje industrial y territorio estratégico para las cadenas de suministro norteamericanas. Las maquilas en el norte del país son el reflejo más evidente de ello: producción acelerada, bajos salarios y una dependencia casi absoluta de capital extranjero.
El problema no radica únicamente en comerciar con otras naciones. El comercio internacional puede ser una herramienta de desarrollo. El conflicto surge cuando los acuerdos comerciales limitan la capacidad de decisión de los pueblos y subordinan las políticas nacionales a los intereses de corporaciones transnacionales. Bajo el T-MEC, muchas decisiones económicas dejan de responder a necesidades sociales internas y comienzan a depender de criterios externos ligados al mercado estadounidense.
Sectores estratégicos como la energía, la agricultura y la industria tecnológica enfrentan presiones constantes para adaptarse a las prioridades de Washington. Esto reduce el margen de acción del Estado mexicano y profundiza una relación asimétrica que históricamente ha favorecido a Estados Unidos.
Además, el tratado no fue construido desde una consulta amplia y popular. La mayoría de la población mexicana jamás participó en una discusión real sobre las implicaciones económicas, laborales o ambientales del acuerdo. El T-MEC terminó convirtiéndose en un proyecto negociado desde las élites políticas y empresariales, mientras los sectores trabajadores únicamente reciben las consecuencias.
Hablar del T-MEC como una “cadena imperial” no implica rechazar toda relación internacional, sino cuestionar el modelo de integración que obliga a México a depender del norte para sobrevivir económicamente. La soberanía no puede existir plenamente cuando el desarrollo nacional depende de decisiones tomadas fuera del país.
Durante décadas, América Latina aprendió a reconocer el colonialismo en sus formas más brutas: invasiones, dictaduras apoyadas desde Washington y saqueo directo de recursos naturales. Hoy el mecanismo cambió de rostro. Ya no necesita tanques; necesita tratados comerciales. El T-MEC es uno de ellos.
México no firmó un acuerdo entre iguales. Firmó un pacto de subordinación económica con la mayor potencia del planeta. Bajo el discurso de la “integración regional”, el país quedó aún más atado a los intereses estratégicos de Estados Unidos, funcionando como una periferia industrial diseñada para sostener el consumo y la hegemonía norteamericana.
El imperio ya no invade con soldados, invade con tratados
El imperio moderno no necesita conquistar territorios porque controla mercados, cadenas de producción, deuda, tecnología y energía. Esa es la verdadera lógica del T-MEC: garantizar que México permanezca dentro de la órbita económica estadounidense, incapaz de desarrollar autonomía real.
Mientras Washington protege sus industrias estratégicas y subsidia sectores clave cuando le conviene, México acepta reglas que limitan su capacidad de actuar soberanamente. La dependencia es tan profunda que cualquier desacuerdo político con Estados Unidos amenaza inmediatamente la estabilidad económica nacional. Eso no es cooperación; es vulnerabilidad estructural.
La narrativa oficial insiste en que el tratado genera empleos. Lo que rara vez se menciona es la calidad de esos empleos: jornadas extensas, salarios precarizados y regiones enteras convertidas en plataformas de ensamblaje para corporaciones extranjeras. El modelo económico mexicano se sostiene produciendo barato para el norte mientras millones de trabajadores permanecen lejos de los beneficios reales del comercio internacional.
El T-MEC tampoco puede separarse del contexto geopolítico global. Frente al ascenso económico de China, Estados Unidos busca consolidar su esfera de influencia en América del Norte. México es una pieza estratégica: territorio, mano de obra y frontera. El tratado funciona entonces no sólo como instrumento económico, sino como mecanismo de control geopolítico regional.
1. Si la presidenta firma la continuidad del TMEC viola la Constitución, porqué el tratado en sí, viola la Constitución.
2. Por lo tanto si se firma es nulo de pleno derecho. El artículo 133 establece que todo tratado debe estar de acuerdo a lo Constitución.
3. Lo anterior, no otorga certidumbre ni estabilidad
a) Al pueblo, porqué no se podrán satisfacer sus demandas y derechos,
b) A la inversión extranjera, por qué se tiene conciencia por el pueblo de que el T-MEC no tiene base jurídica sólida en México y por lo tanto es inconstitucional y nulo.
La tragedia es que esta dependencia ha sido normalizada. Se presenta como inevitable. Como si México no pudiera imaginar otro destino fuera de servir como extensión manufacturera de Estados Unidos.
Pero ningún país construye soberanía verdadera cuando su economía depende de obedecer intereses externos. Ningún pueblo es libre cuando sus decisiones políticas están condicionadas por mercados extranjeros.
La pregunta sigue abierta: ¿México está construyendo una economía propia o simplemente reforzando una estructura diseñada para servir a intereses ajenos?
El T-MEC representa la versión contemporánea del colonialismo: elegante, jurídica y financieramente sofisticada. Una cadena imperial firmada con tinta diplomática en lugar de pólvora.
