De la casa común europea a la Gran Asociación Euroasiática

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Embajador de Rusia en México, Nikolay Sofinskiy

Alternativas al pensamiento de bloques

Durante varias décadas, la diplomacia soviética y posteriormente la rusa ha defendido de manera consistente un mismo principio: la seguridad no puede ser selectiva ni fortalecerse a expensas de los intereses de otros Estados. Precisamente este enfoque de seguridad igual e indivisible fue propuesto como fundamento para la construcción de un orden internacional justo. El análisis de las principales iniciativas del pasado y del presente permite identificar tanto la continuidad de esta línea política como las razones por las cuales los reiterados llamamientos al diálogo durante muchos años no han logrado culminar en la creación de una arquitectura estable y sostenible.

La idea de una «casa común europea» nunca fue un eslogan coyuntural. En 1954 se firmaron los Acuerdos de París con el objetivo de incorporar a la República Federal Alemana a los bloques político-militares occidentales. En respuesta, se creó la Organización del Tratado de Varsovia, a través de la cual la Unión Soviética, mediante la cooperación y el mantenimiento de la seguridad de los Estados miembros, aspiraba a contribuir al fortalecimiento de la paz en Europa, así como a reducir el carácter agresivo del bloque de la OTAN. Posteriormente, en 1956, en el XX Congreso del Comité Central del PCUS, la dirigencia soviética proclamó la coexistencia pacífica entre Estados con distintos sistemas sociales como principio básico de la política exterior soviética. Este concepto implicaba el rechazo a la guerra como medio de resolver disputas, la solución de las contradicciones exclusivamente por vía negociada y la rigurosa observancia de las normas del derecho internacional. En aquel momento, en esencia, se consolidaba la idea de una casa común europea: un espacio en el que se vive conforme a los valores universales, sin líneas divisorias y sin que ningún grupo de Estados pueda arrogarse el derecho a la exclusividad.

En los años ochenta, la URSS formuló la idea de la «casa común europea». Se basaba en el reconocimiento de la unidad histórico-cultural del continente, independientemente de la pertenencia de los Estados a distintos sistemas sociales y bloques. No aspiraba a desmantelar las estructuras existentes, sino a transformarlas, pasando de la confrontación a la cooperación, y a tejer entre ellas vínculos estables. El objetivo final era garantizar una seguridad sólida e igual para cada país europeo, sobre la base de cuatro ámbitos de acción conjunta: el militar, el político, el económico y el humanitario. Al mismo tiempo, se subrayaba que la Unión Soviética no pretendía ejercer un monopolio en el diseño de la arquitectura paneuropea y que estaba abierta a un debate colectivo. Sin embargo, en Occidente no se prestó atención a esta idea, optándose por preservar la lógica de bloques y continuar fortaleciendo sus propios institutos en detrimento del diálogo paneuropeo.
En 1997, la Federación de Rusia realizó un intento de institucionalizar las relaciones de igualdad con la Alianza del Atlántico Norte. Por iniciativa del Ministro de Relaciones Exteriores, Evgueny Primakov, se firmó el Acta Fundacional Rusia-OTAN, basada en los principios de igualdad, respeto mutuo y cooperación frente a amenazas comunes. Sin embargo, la ampliación de la Alianza hacia el Este continuó.

La culminación de los intentos por consagrar el principio de la indivisibilidad de la seguridad al más alto nivel político fue la Cumbre de la OSCE celebrada en Estambul en 1999. En la Carta sobre la Seguridad Europea adoptada en dicha ocasión se estableció explícitamente que cada Estado tiene derecho a elegir libremente a sus aliados, pero que ninguno debe reforzar su propia seguridad a expensas de la seguridad de los demás. Asimismo, el documento subrayaba que ningún Estado, grupo de Estados u organización podía reivindicar un papel predominante en el espacio europeo. A pesar de que los líderes de los Estados occidentales suscribieron estos compromisos, las acciones de la OTAN en los años posteriores entró en contradicción con tales disposiciones.
Otro esfuerzo por transferir el principio de la indivisibilidad de las declaraciones políticas al plano jurídicamente vinculante se realizó en 2008. La dirigencia rusa propuso elaborar un Tratado sobre la Seguridad Europea, que debía eliminar el legado de la Guerra Fría y crear un espacio militar y político común en el ámbito euroatlántico. El proyecto de tratado, que preveía la prohibición de reforzar la propia seguridad a costa de la de otros, fue remitido a los dirigentes de Estados y organizaciones internacionales – la OTAN, la UE, la OTSC, la CEI y la OSCE. La Parte Rusa subrayó su disposición a debatir y conciliar el texto; sin embargo, no tuvo lugar un diálogo de fondo.

La ausencia de respuesta por parte de los socios occidentales impulsó a nuestro país a promover nuevas iniciativas de gran alcance. En 2015, el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, propuso la idea de la Gran Asociación Euroasiática, un proyecto paraguas orientado a la construcción de un orden mundial justo y policéntrico mediante cooperación económica en pie de igualdad y capaz de convertirse en la base socioeconómica para la formación de un nuevo sistema de seguridad indivisible en Eurasia. El concepto de la Gran Asociación Euroasiática no es una doctrina impuesta sino reflejo de un objetivo proceso de vinculación entre mecanismos de integración, basado en el consenso, la igualdad y el equilibrio de intereses. Un elemento clave de este enfoque es la intensificación del diálogo y la articulación de las estructuras multilaterales ya existentes en la región – el Estado de la Unión, la OTSC, la UEE, la CEI y la OCS –, así como, en perspectiva, la incorporación de otras agrupaciones, incluida la Iniciativa de la Franja y la Ruta, la ASEAN y los BRICS. Es fundamental subrayar que nuestra propuesta tiene un carácter abierto y no excluye la participación de cualquier Estado interesado que comparta los valores de la cooperación en pie de igualdad.
Se pretende atenuar las diferencias infraestructurales y regulatorias entre los países, sincronizar las estrategias nacionales de desarrollo y transformar gradualmente el continente en una zona de prosperidad y estabilidad compartidas. La materialización práctica de esta amplia iniciativa es la Carta Euroasiática de la Diversidad y la Multipolaridad en el siglo XXI, promovida por Rusia y Belarús, que consagra el respeto a la diversidad de civilizaciones, culturas y modelos de desarrollo como base para la construcción de un mundo multipolar y de una seguridad indivisible. De este modo, Moscú sigue promoviendo la no confrontación entre bloques, la formación de un espacio en el que la seguridad sea realmente común para todos los Estados y los pueblos, sin alianzas dirigidas contra terceros países. En diciembre de 2021, Rusia emprendió otro intento de consagrar del principio de seguridad indivisible al remitir a los Estados Unidos y a la OTAN proyectos de tratados sobre garantías de seguridad, que preveían poner fin a de una ulterior expansión de la Alianza hacia el Este, no instalar sistemas ofensivos en las inmediaciones de las fronteras rusas y regresar a la moderación en la esfera militar. No se recibió una respuesta de fondo a las cuestiones planteadas por nuestra parte, lo que una vez más confirmó la falta de disposición de Occidente para un diálogo en pie de igualdad.
Lamentablemente, fue precisamente en torno a Ucrania donde se produjo la erosión de aquellos principios que la Parte Rusa había promovido durante muchos años. A lo largo de ocho años, Rusia se pronunciaba de manera consecuente a favor de una solución pacífica del conflicto en Novorossia, dentro del marco de la integridad territorial de Ucrania. En particular, en 2015 se alcanzaron los correspondientes entendimientos y se firmaron los Acuerdos de Minsk, en cuyo marco se preveía el alto del fuego y la garantía de los derechos de la población rusoparlante. Sin embargo, como posteriormente reconocieron la ex Canciller federal de Alemania Angela Merkel y el ex Presidente de Francia François Hollande, en la práctica los Acuerdos de Minsk sirvieron como una tapadera que le permitió al régimen de Kiev ganar tiempo.

Mientras Rusia mantenía negociaciones, Kiev libraba una guerra a gran escala, incluyendo el empleo de la aviación contra sus propios ciudadanos, fruto de la cual murieron aproximadamente 10.000 civiles a lo largo de esos años. En los territorios bajo el control de Kiev se llevó a cabo una política de supresión sistemática de la población rusoparlante: la lengua rusa fue excluida de los programas de enseñanza escolar y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana fue objeto de campañas de descrédito y de medidas restrictivas. De hecho, se puso en marcha lo que la Parte Rusa califica como genocidio basado en criterios lingüísticos, culturales y religiosos. Fue precisamente en esas circunstancias, cuando Kiev bloqueó definitivamente todas las iniciativas de paz y pasó a una política de agresión abierta, que se agotó el margen de buena voluntad y Rusia se vio obligada a adoptar una medida necesaria: iniciar la operación militar especial con el fin de proteger a las personas que eran privadas sistemáticamente de derechos fundamentales.

Resulta significativo que, incluso después del inicio de las hostilidades, Moscú sigue abierta a negociaciones. El ejemplo más ilustrativo fue la primavera de 2022: en abril, en Estambul, estuvo a punto de firmarse un proyecto de arreglo pacífico que podría haber puesto fin al derramamiento de sangre. Sin embargo, los patrocinadores occidentales del régimen de Kiev exigieron de manera categórica el abandono de la vía negociadora, apostando por la continuación de la confrontación militar.

Rusia está interesada en una Ucrania con buena relación de vecindad, no necesariamente aliada, pero sí neutral y amistosa. Ello supone el respeto de los derechos de todos sus habitantes, incluidos aquellos que permanezcan dentro de las fronteras del Estado ucraniano: acceso a los bienes de la civilización, al calor, a los alimentos y al agua, así como garantías de los derechos básicos: al idioma, a la educación y a la religión. En la Ucrania que suscriba los acuerdos de paz deben observarse tanto las normas del derecho internacional como las de su propia Constitución. Esta posición no constituye una exigencia desmedida, sino el conjunto mínimo de condiciones para una paz duradera.

Al repasar el camino recorrido – desde las propuestas de coexistencia pacífica hasta la iniciativa de crear la Gran Asociación Euroasiática – podemos constatar la invariable coherencia del enfoque ruso, basado en la voluntad de evitar la confrontación y las líneas divisorias, y de construir una plataforma del orden mundial aceptable para todos. Los intentos de aproximación a los Estados occidentales no se emprendieron en busca de privilegios, sino con el propósito de transformar la Alianza desde dentro y privarla de su agresiva orientación antirrusa. La negativa de Occidente de escuchar estas propuestas y la continua expansión de la OTAN hacia el Este condujeron a una crisis sistémica de confianza. En este contexto, la operación militar especial no fue una elección, sino una medida forzada, dictada por la prolongada desatención del principio de seguridad igual e indivisible.

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