Por David LOPEZ (Consultor en DDHH y Geopolítica)
Abelardo de la Espriella se presenta ante Colombia como un patriota absoluto. Viste símbolos nacionales, invoca la patria, habla de orden, promete seguridad y se autoproclama defensor de la nación. Sin embargo, detrás de esa puesta en escena aparece una pregunta política inevitable: ¿qué tipo de patriotismo representa un candidato cuya trayectoria, alianzas, apoyos internacionales, relaciones profesionales y propuestas de gobierno parecen conectar mucho más con el viejo bloque oligárquico, paramilitar, corporativo y proestadounidense que con una verdadera soberanía popular colombiana?
La cuestión no es únicamente jurídica. La doble nacionalidad, por sí sola, no impide aspirar a la Presidencia de Colombia. El problema es político, ético y geopolítico. De la Espriella no es simplemente un colombiano con vínculos internacionales. Es un candidato que ha celebrado el respaldo de Donald Trump, que se presenta como aliado natural de Estados Unidos, que reivindica modelos de seguridad extrema y que proyecta una Colombia subordinada al eje Washington-Tel Aviv en nombre de la “lucha contra el crimen”.
El patriotismo que invoca merece, por tanto, ser examinado. Porque no basta con envolverse en la bandera nacional. Un candidato que aspira a dirigir el Estado debe explicar con claridad qué intereses defiende, qué poderes lo rodean, de qué redes proviene y ante quién se siente políticamente obligado.
I. El nacionalismo de exportación: patria en el discurso, Washington en el horizonte
El respaldo público de Donald Trump a Abelardo de la Espriella no es un detalle menor. En plena segunda vuelta presidencial, el mandatario estadounidense utilizó Truth Social para impulsar su figura, calificándolo como un dirigente fuerte, inteligente y decidido. Lo ha presentándo como un garante de comercio, un combatiente del narcotráfico y una ficha clave para el “restablecimiento del orden”. Esa intervención no puede leerse como una simple opinión extranjera. Es una señal política en una región históricamente atravesada por la injerencia estadounidense. Es la implementación de lo que el inquilino de la Casa Blanca ha llamado “Doctrina Donroe”.
Iván Cepeda denunció ese apoyo como injerencista. Y con razón. Colombia no es un protectorado. Ninguna potencia extranjera tiene derecho a intervenir, sugerir, orientar o condicionar el voto de un pueblo soberano.
Lo preocupante es que De la Espriella no rechazó ese respaldo. Al contrario, lo celebró. Allí se revela la contradicción central de su campaña: se presenta como nacionalista, pero acepta sin incomodidad el abrazo político del presidente de la potencia que durante décadas ha condicionado la política antidrogas, militar y de seguridad de Colombia. Tengase en cuenta además que ha manifestado públicamente que “no va a sacrificar su familia por un país (Colombia) de desagradecidos, desleales y cafres” y que uno de los platos nacionales colombianos (el ajiaco) es un potaje para reos por lo cual al pueblo colombiano le falta clase.
Esta contradicción es aún más profunda si se toma en cuenta que De la Espriella adquirió ciudadanía estadounidense en 2023, después de vivir y trabajar durante años en ese país. El punto no es si eso lo inhabilita legalmente. El punto es si un candidato que se presenta como defensor absoluto de la patria puede guardar silencio frente a las preguntas esenciales: ¿renunciaría a esa ciudadanía si llega a la Presidencia? ¿Dónde paga sus impuestos? ¿Dónde está radicada su riqueza? ¿Qué compromisos financieros, políticos o personales conserva fuera de Colombia? Tengamos en cuenta que quien se juramenta como ciudadano norteamericano debe jurar fidelidad y lealtad a los Estados Unidos de Norteamérica por encima de cualquier nacionalidad que pueda tener aparte.
Una democracia madura tiene derecho a hacer esas preguntas. Y un candidato presidencial tiene el deber de responderlas. Hasta ahora las ha evadido.
II. La “mano dura” como programa: seguridad sin derechos humanos
La candidatura de De la Espriella se sostiene sobre una promesa: restaurar el orden mediante fuerza, castigo y autoridad. Su discurso ofrece una solución simple a una crisis compleja. Frente a décadas de conflicto armado, desigualdad, narcotráfico, abandono territorial y violencia política, propone una salida punitiva: más militarización, más cárceles, más confrontación, menos negociación.
En sus declaraciones públicas, De la Espriella ha utilizado fórmulas de extrema gravedad política, como aquella según la cual “bandido que no se someta será dado de baja”. Esa frase no es una anécdota de campaña. Es una concepción del Estado: convierte la seguridad pública en una promesa de aniquilación física, como ocurrió en gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque, cuando la ejecución de civiles inocentes (Falsos Positivos) —a menudo de los sectores más vulnerables— por parte del Ejército Nacional se utilizó para convencer a la población de que la guerra era el camino hacia la paz y así sostener los intereses bélicos de Estados Unidos en Colombia.
Ese lenguaje es incompatible con una democracia constitucional. Colombia conoce demasiado bien las consecuencias de esa doctrina: falsos positivos, paramilitarismo, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, estigmatización de líderes sociales y defensores de DDHH al igual que criminalización de la oposición.
La seguridad es una obligación legítima del Estado. Pero sin derechos humanos ni derechos económicos, sociales y culturales, deja de ser seguridad y se convierte en autoritarismo. Una democracia no combate el crimen reproduciendo la lógica de una guerra interna permanente. Lo hace con justicia, inteligencia, presencia estatal, inversión social, reforma rural, educación, empleo y el desmantelamiento real de las estructuras económicas que alimentan la violencia, muchas de las cuales De la Espriella ha representado en su ejercicio profesional. Un Estado de derecho no enfrenta la injusticia exaltando la crueldad ni promoviendo prácticas como el fracking, cuyas consecuencias ambientales resultan especialmente graves para un país con una biodiversidad excepcional.
III. De la Espriella y el pasado oscuro del poder armado en Colombia
El perfil público de De la Espriella no puede separarse de su trayectoria profesional. Diversos medios han recordado que fue abogado de personas involucradas en casos de altísimo impacto nacional: David Murcia Guzmán, fundador de DMG y estafador de más de 350’000 personas; excongresistas condenados por parapolítica; paramilitares condenados por crimenes de lesa humanidad, los Nule (protagonistas del «Carrusel de la Contratación», considerado el mayor escándalo de corrupción en la historia reciente de Bogotá y Colombia) y Jorge Pretelt, exmagistrado condenado por corrupción.
Es cierto que todo abogado tiene derecho a defender clientes impopulares. La defensa técnica es una garantía del Estado de derecho. Pero cuando un candidato presidencial construye su imagen pública sobre la promesa de limpiar el país de corrupción, narcotráfico y crimen organizado, su trayectoria profesional deja de ser un asunto privado. Se convierte en materia de escrutinio democrático.
La Silla Vacía ha documentado la lista de exclientes de De la Espriella y ha señalado que defendió a figuras condenadas o investigadas en escándalos de parapolítica, corrupción, lavado de activos y fraude. El periodista Gonzalo Guillén por su parte denunció un fraude transnacional en 2012 para frenar una extradición en Colombia mediante firmas falsificadas de autoridades de Ecuador. La justicia de ese país condenó a los cómplices locales y al abogado Fabián Terán, pero no emitió sentencia directa contra Abelardo de la Espriella por limitaciones de jurisdicción territorial. En ese sentido, la Corte Suprema de Colombia ordenó investigar a de la Espriella por fraude procesal, pero la fiscalía colombiana no ha actuado contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella debido a una presunta red de corrupción interna, omisión institucional y protección política. Según Guillén, la acción penal sigue vigente debido a que los delitos iniciados en el exterior extienden los tiempos de prescripción.
Este no es un detalle menor. El candidato que hoy promete “mano dura” contra el crimen ha construido parte de su prestigio profesional representando a personajes ubicados en el corazón de las redes de poder económico, político y judicial más cuestionadas del país. Esa contradicción no se resuelve con espectáculo, sombreros, camisetas de la selección o retórica patriótica. Se resuelve con transparencia.
IV. El problema de la transparencia patrimonial
La narrativa de De la Espriella se apoya en una imagen de independencia que los medios corporativos le ayudan a vender: el empresario, supuestamente exitoso, que no dependería de maquinarias ni intereses ocultos. No obstante, varias investigaciones han puesto en duda la solidez de ese relato.
La Silla Vacía rastreó el universo empresarial del candidato y encontró un entramado de empresas, socios, bienes raíces y resultados financieros que obligan a revisar con cuidado la idea de una fortuna transparente e incontestable. También señaló que en Colombia, varias de sus empresas registraban pérdidas, pese al peso mediático de su marca personal.
La pregunta es sencilla: si De la Espriella aspira a administrar el Estado colombiano, dirigir la política económica, intervenir en la relación entre banca, empresas y ciudadanía y decidir sobre impuestos, seguridad y contratos públicos, debe decirle al país con absoluta claridad qué posee, dónde paga impuestos, qué deudas tiene, qué garantías ha ofrecido y qué intereses podrían rodear su gobierno.
No se trata de atacar la riqueza privada; se trata más bien de exigir transparencia democrática. La opacidad patrimonial de un candidato de ultraderecha que promete gobernar con mano dura no es un asunto menor: constituye un riesgo institucional, especialmente cuando plantea reducir el salario mínimo, cerrar ministerios como el de la Igualdad y aumentar la edad de jubilación para mantener a las personas mayores como fuerza laboral “productiva”, tal como lo sostiene su fórmula vicepresidencial.
V. La violencia simbólica como método político
La campaña de De la Espriella ha normalizado una estética de confrontación extrema. Iván Cepeda denunció violencia política por el uso de vallas en las que De la Espriella aparece presionando con la rodilla el cuello de su rival. Esa imagen, más allá de la intención propagandística, reproduce una lógica de humillación física del adversario.
En un país con la historia de Colombia, donde la violencia política ha costado miles de vidas, ese tipo de símbolos no puede relativizarse. La extrema derecha suele comenzar degradando el lenguaje democrático. Después convierte al adversario en enemigo. Luego transforma al enemigo en amenaza. Finalmente justifica su eliminación simbólica, jurídica o física.
Esa es la pedagogía del fascismo: fabricar miedo, construir enemigos internos, militarizar la política y presentar la violencia como purificación nacional.
De la Espriella no encarna solo una derecha conservadora, sino una derecha del espectáculo, del castigo, del resentimiento y de la pulsión autoritaria. Su campaña no llama a deliberar, sino a obedecer. No plantea una reconciliación nacional, sino una victoria total sobre quienes define como enemigos y presenta como referentes a Javier Milei quien ha empobrecido a Argentina como nunca antes en la historia del país, Nayib Bukele reconocido como uno de los mandatarios que menos respeta los DDHH en Centroamerica, Donald Trump —por quien votó en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos— y Benjamin Netanyahu, señalado por amplios sectores de la comunidad internacional y por instancias judiciales internacionales como criminal de guerra y genocida.
VI. Israel, Estados Unidos y la importación de doctrinas de guerra
De la Espriella ha planteado la recomposición de relaciones con Israel y ha defendido modelos de seguridad que se alinean con la doctrina de Washington y Tel Aviv. Varios medios han señalado que su programa emula a Bukele, Milei y Trump como mencionado anteriormente y lo presenta como una amenaza de retorno a lo peor del pasado colombiano: paramilitarismo, auge del narcotrafico, militarización y ultraderecha.
La admiración por esos modelos no es accidental. Forma parte de una ola continental: derechas que se presentan como outsiders, pero que en realidad articulan intereses empresariales, fundamentalismo de mercado, punitivismo penal, anticomunismo, alianzas con Washington y desprecio por los organismos internacionales de derechos humanos.
Cuando un candidato propone retirar a Colombia de espacios multilaterales o debilitar el sistema interamericano de derechos humanos, no está defendiendo la soberanía. Está debilitando los mecanismos que protegen a las víctimas frente al abuso estatal, poniendo a Colombia en un contexto gepolítico cada vez más preocupante en la región y el mundo.
Es importante que Colombia no se subordine a Washington ni a Tel Aviv, ni a Bruselas ni a las corporaciones que hoy en crisis propagan su desespero violento por doquier. Debe tener una política exterior independiente, latinoamericanista, multipolar y comprometida con el derecho internacional. La seguridad nacional no puede convertirse en excusa para importar doctrinas de ocupación, vigilancia, represión y guerra permanente.
VII. El candidato de la ultraderecha continental
De la Espriella no es un fenómeno aislado. Hace parte de una familia política latinoamericana que incluye al fascismo corrupto y a las derechas punitivas que crecen alimentadas por el miedo social, la crisis económica y la desconfianza institucional.
Su discurso se parece demasiado al libreto continental de la ultraderecha: reducir el Estado social, exaltar la propiedad privada como dogma absoluto, atacar el feminismo, rechazar derechos sexuales y reproductivos, criminalizar la protesta, prometer cárcel y bala, despreciar la negociación política, glorificar la fuerza y convertir la democracia en una guerra moral.
No es casual que su candidatura reciba simpatías desde el universo republicano estadounidense. Colombia es estratégica para Washington y para su confrontación a largo plazo contra Rusia y China: frontera con Venezuela, salida al Caribe y al Pacífico, plataforma amazónica, socio militar histórico donde posee 9 bases militares y pieza clave de la política antidrogas. Un gobierno de De la Espriella devolvería a Colombia al papel de punta de lanza regional de la política imperial estadounidense hoy gobernada por corporaciones y sectores del fascismo que preocupan. Llevaria al país a redefinirse a mediano – largo plazo a un conflicto geopolítico que hoy enfrenta al neolonialismo nazi contra la multipolaridad y la justicia tanto tiempo reclamada por el Sur Global.
VIII. La contradicción final: patria para el discurso, privilegio para la vida
El problema de De la Espriella no es tener pasaportes extranjeros. El problema es construir una campaña nacionalista mientras su trayectoria expresa privilegio transnacional, opacidad patrimonial, vínculos con élites cuestionadas, cercanía con la derecha estadounidense y una política de seguridad que amenaza con devolver a Colombia a la lógica del enemigo interno.
Un verdadero patriotismo no se mide por el volumen de la voz ni por la cantidad de símbolos patrios en una campaña. Se mide por el compromiso con el pueblo real: los trabajadores, campesinos, estudiantes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres, víctimas del conflicto, jóvenes precarizados y familias expulsadas por la violencia y la desigualdad.
Colombia no necesita un presidente que prometa salvarla con autoritarismo. Necesita un Estado que garantice vida, paz, justicia social, soberanía económica y dignidad.
Antes de entregar el poder a De la Espriella, Colombia tiene derecho a exigir respuestas claras:
¿Renunciaría a su ciudadanía estadounidense si llega a la Presidencia?
¿A qué país le jurara fidelidad : Colombia o los Estados Unidos de Norteamérica?
¿Dónde paga sus impuestos?
¿Qué intereses económicos rodean su candidatura?
¿Qué relación real mantiene con el trumpismo?
¿Qué garantías ofrece de no convertir la seguridad en violencia estatal?
¿Qué explicación política da sobre su trayectoria defendiendo figuras vinculadas a parapolítica, corrupción, lavado de activos, crimenes de guerra y grandes escándalos nacionales?
¿Aceptará un escrutinio público completo de su patrimonio, sus empresas, sus socios y su financiación?
La democracia no exige candidatos perfectos. Exige candidatos transparentes y cuando un aspirante presidencial se envuelve en la bandera para pedir poder absoluto, el pueblo tiene derecho a preguntarle qué bandera obedece primero.
