Hoy vivimos un período de transición. Nuestra tarea es el empoderamiento del pueblo y la creación de una nueva sociedad libre de explotación y opresión.
Frente a la gran fuerza de los pueblos, que desarrollan la conciencia social y la búsqueda de alternativas, surge la contrarrevolución para oponerse a la defensa de los intereses nacionales y sociales, teniendo como tarea central impedir el triunfo de lo nuevo.
Históricamente, la contrarrevolución ha jugado ese papel. El fascismo en el siglo XX surgió frente al triunfo de la Revolución Socialista de la URSS y al ascenso revolucionario en Europa; su tarea fue hacer fracasar la toma del poder político de obreros, campesinos e intelectuales.
La base de la contrarrevolución es mantener a la clase trabajadora fuera del poder o, tras 1917, expulsarla. El capitalismo se ha desarrollado con base en la explotación de la clase obrera, de los campesinos y del pueblo. Para mantener el poder político ha implementado la democracia liberal que, al estar supeditada al capital, genera descontento, proliferando movilizaciones, huelgas y luchas populares, entonces la burguesía recurre al fascismo. Si no pueden imponer su dictadura con métodos legales, se desenmascaran mediante la violencia y la fuerza bruta abiertamente dictatorial.
La democracia liberal burguesa no resuelve los problemas de la gente porque está al servicio del capital. Cuando el capitalismo vive sus crisis habituales y la población sufre inflación, desempleo y escasez, la gente se organiza y lucha. En la Italia de los años veinte, los fascistas aprovecharon las contradicciones del gobierno liberal burgués y organizaron grupos de choque (camisas negras y escuadrones de asalto) para atacar a sindicalistas, socialistas, comunistas y militantes sociales, para luego asaltar el poder del Estado. En Alemania, las contradicciones políticas, económicas y constitucionales de la República de Weimar, sumadas al temor a la alta agitación social y las huelgas masivas, llevaron a la burguesía a apoyar a Hitler y a imponer su dictadura sanguinaria. Ya en el poder, los nazifascistas invadieron 30 países con el objetivo principal de destruir la nueva sociedad socialista de la URSS.
Los pueblos se organizaron y el frente antifascista mundial logró la victoria total. El factor determinante fue la URSS, a un costo de más de 20 millones de muertos y una destrucción inconcebible; sin embargo, gracias a su economía socialista, el país se reconstruyó en ocho años. La lucha de los pueblos permitió crear el campo socialista en Europa del Este, mientras China triunfó contra los fascistas japoneses, Vietnam derrotó a franceses y norteamericanos, y la Revolución Cubana venció en 1959. Paralelamente, 50 países de África se liberaron del colonialismo y en México se desarrolló el cardenismo, culminando los logros de la Revolución Mexicana.
Este auge revolucionario definió leyes y convenciones internacionales condenando el genocidio, además de los crímenes contra la humanidad y la paz. Hoy, la contrarrevolución busca borrar estos avances; esto es evidente en la complicidad de múltiples gobiernos con Netanyahu, quien se presenta en la ONU sin ser encarcelado, mientras Washington niega la visa al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, impidiendo la presencia de su delegación.
A pesar del alto el fuego de octubre de 2025, los ataques contra el pueblo palestino continúan sin tregua en 2026 y se registran 1,288 muertos al 24 de agosto. Confinada en un sector reducido de Gaza, la población sufre bloqueos de ayuda y un control militar israelí que abarca el 70 % del territorio; mediante la Línea Amarilla, Israel se ha apoderado de dos terceras partes de la Franja de Gaza. Simultáneamente, en Cisjordania ocurren más de seis ataques diarios de colonos que, con las restricciones de acceso, han desplazado a miles de personas en 2026. Ante esto, los pueblos del mundo se movilizan; es necesario que el Gobierno mexicano y los del resto del mundo rompan relaciones con Israel, lo aíslen internacionalmente y castiguen los crímenes de guerra.
La victoria contra el fascismo impulsó grandes avances: en 1948 se aprobó la Carta de los Derechos Humanos. La ONU declaró el genocidio como delito internacional el 11 de diciembre de 1946 (Resolución 96 (I)) y lo condenó de forma vinculante el 9 de diciembre de 1948 mediante la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Resolución 260 A (III)). Dicho avance formal hoy es letra muerta: la humanidad vive un grave retroceso y el genocidio abierto en Palestina lleva tres años a la vista de todos.
El desarrollo social se da en avances y retrocesos. La base de la contrarrevolución sigue siendo mantener a la clase trabajadora fuera del poder. En los años setenta, el golpe de Pinochet contra Allende inició el neoliberalismo, respaldado luego por Thatcher y Reagan. La Perestroika de Gorbachov condujo a la caída de la Unión Soviética en los años noventa. Este periodo histórico, que en México comenzó con Carlos Salinas de Gortari, se caracteriza por el retroceso de la revolución y la reestructuración del Estado para ponerlo al servicio de las corporaciones, incluso destruyendo sus instituciones.
En el siglo XXI, América Latina desarrolló movimientos para contener el neoliberalismo y el dominio imperialista en Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Honduras y Colombia. Ante sus avances, Washington utilizó golpes de Estado «blandos», fraudes electorales y ciberguerra. En Venezuela recurrió al secuestro del presidente Maduro y de la parlamentaria Cilia, y contra Cuba aplica la asfixia económica que es un genocidio lento.
En la actualidad, la contrarrevolución avanza en el continente: en Ecuador gobierna el empresario Noboa, cuya firma Noboa Trading ha sido señalada por transportar droga; en Argentina, Milei aparece vinculado a esquemas de lavado y figuras del narcotráfico (caso Fred Machado); en Perú gobierna la hija de Fujimori, criminal de lesa humanidad. En Honduras, Juan Orlando Hernández fue liberado pese a su condena por tráfico de cocaína para favorecer el fraude electoral de Nasry Asfura, convirtiendo al país en laboratorio del eje Israel-EE. UU. mediante armas, vigilancia digital y control mediático.
En Chile, el gobierno de Boric abrió la puerta a Kast, hijo de un nazi y abiertamente pinochetista, respaldado por Washington, sabiendo que las fuerzas armadas chilenas protegen al narcotráfico desde la dictadura. En Colombia, tras las calumnias de Trump que acusó a Gustavo Petro de narcotraficante, ganó fraudulentamente De la Espriella, abogado sionista de criminales. En El Salvador, Nayib Bukele consolida una dictadura carcelaria aliada a la ultraderecha internacional. En Brasil, la moneda está en el aire para la segunda vuelta electoral, el domingo 25 de octubre, entre Lula y F. Bolsonaro. A su vez, Washington pretende golpear a México para imponer un gobierno afín y saquear nuestros recursos, ocultando que la raíz del narcotráfico está en EE. UU.
Mientras tanto, crece la movilización popular en Estados Unidos, Trump amenaza con usar a la Guardia Nacional y al ICE en los colegios electorales durante las elecciones al Congreso de noviembre. Pretende invocar la Ley de Insurrección de 1807 para legalizar la represión y efectuar arrestos militares. Incluso podría suspender las elecciones invocando la «seguridad nacional», calificando de «terroristas de izquierdas» a quienes se resistan para justificar la intervención federal.
Pese a todo, el imperio norteamericano acumula derrotas en Afganistán e Irak; no pudo vencer a Rusia en Ucrania usando toda la fuerza de la OTAN; China le gana la guerra económica; no puede contra Irán y pierde terreno frente a los BRICS. En decadencia estructural e histórica, EU intenta frenar el agotamiento de su hegemonía mediante violencia indiscriminada, sanciones económicas, desestabilización geopolítica y saqueo de recursos. Las políticas bélicas e intervencionistas de Washington dañan la soberanía de los pueblos y a su propia sociedad. El modelo corporativo y belicista margina a las mayorías estadounidenses en favor del complejo militar-industrial. Este modelo político interno atraviesa una crisis profunda: la «democracia liberal» funciona como fachada para defender a las corporaciones que controlan las decisiones del Ejecutivo, que gobierna por decreto, mientras el país vive una guerra civil soterrada con contradicciones internas a punto de estallar.
Trump no es una aberración aislada, sino un síntoma de la degradación política y la lucha abierta entre las diferentes facciones de la clase dominante en EU, las cuales ya no pueden gobernar mediante los métodos constitucionales o diplomáticos tradicionales.
El fascismo no es simplemente un movimiento de extremistas tipo Trump, sino la respuesta directa de la oligarquía financiera y el capital monopolista ante las crisis estructurales e insuperables del capitalismo. Se manifiesta mediante el uso del aparato estatal para desmantelar derechos laborales, reprimir el descontento social y centralizar el poder ejecutivo en beneficio de los trusts corporativos. Vemos claramente cómo la OTAN y la política exterior de las potencias occidentales promueven a elementos neofascistas en el extranjero, por ejemplo, en Ucrania y Europa del Este.
Hoy, la respuesta de esta potencia en decadencia es agredir a sus vecinos de América y apoderarse de sus recursos, como demostró en Venezuela —declarando descaradamente en la ONU que “el vencedor se queda con el botín”— o mediante brutales presiones contra Groenlandia y Canadá, manteniendo vigente la Doctrina Monroe. En México, Estados Unidos intenta afianzar su injerencia utilizando pretextos de seguridad, haciendo maniobras militares en nuestro territorio, también con presiones comerciales (como las revisiones del T-MEC) o narrativas contra el crimen organizado para someter la soberanía nacional y apropiarse de recursos clave.
Esta decadencia es el resultado natural del agotamiento de su modelo capitalista, imperialista y de su sistema político-electoral. La crisis del mundo capitalista desde 2008 ha deteriorado gravemente las condiciones de vida de los pueblos. La deuda pública, la falta de empleo formal, la crisis del agua, el encarecimiento de alimentos, la inflación, el extractivismo minero rapaz y el crimen organizado, son productos del sistema neoliberal y neocolonial. Gobiernos progresistas como los de Argentina o Chile han gobernado sujetándose al marco macroeconómico de este sistema, provocando que el descontento de la población y de la juventud se canalice hacia la ultraderecha.
Históricamente, la gestión de gobiernos liberal-burgueses y socialdemócratas a favor del gran capital fortalece a la reacción. Sus políticas conciliatorias con el imperio y las corporaciones impiden una transformación profunda; esta parálisis conduce directamente al retroceso.
México debe tomar en cuenta estas experiencias, romper con el neoliberalismo salinista, revertir todas sus reformas que son contrarreformas anticonstitucionales, y profundizar la transformación. Una medida urgente es suspender los pagos de la deuda y auditarla, aumentar impuestos a las corporaciones y gravar grandes fortunas. Se deben destinar fondos para empleo, cuidados, salud, educación, vivienda, medio ambiente y todos los derechos fundamentales.
Para garantizar el avance revolucionario, es indispensable tomar con audacia medidas que consoliden la soberanía, la independencia nacional y los derechos de la población mediante el combate frontal contra el imperio y las oligarquías. La clase trabajadora tiene el papel histórico de liderar la transición hacia la eliminación de todas las clases y el establecimiento de una sociedad justa, libre de explotación y en armonía con la naturaleza. La esencia de la contrarrevolución es bloquear esta transición; por ello, el pueblo organizado, dueño de sus propias alternativas y soluciones, debe construir amplias alianzas y mantener su perspectiva histórica para resultar invencible.
